Servicio eléctrico: la Comisión Especial del HCD concluyó que la definición sobre la concesión corresponde al Ejecutivo
El dictamen final sostuvo que cualquier decisión sobre la continuidad, renegociación o finalización de la concesión debe ser adoptada en primera instancia por el Departamento Ejecutivo. También advirtió que el actual esquema contractual difícilmente garantice mejoras sustanciales en la calidad del servicio.

La Comisión Especial sobre la Concesión del Servicio de Energía Eléctrica del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría emitió su dictamen final tras concluir el análisis del expediente vinculado con el contrato que mantiene la Municipalidad de Olavarría con Coopelectric para la distribución de energía eléctrica en el distrito.
Entre las principales conclusiones, el cuerpo sostuvo que cualquier definición vinculada a la continuidad, renegociación o finalización de la relación contractual corresponde, en primera instancia, al ámbito de competencia del Departamento Ejecutivo Municipal. En ese sentido, remarcó que las facultades del Concejo Deliberante se limitan a la convalidación y el control institucional de aquellos actos administrativos que requieran intervención legislativa, sin sustituir atribuciones propias del Ejecutivo.
El informe también señala que la información relevada permitió constatar una situación compleja de la entidad concesionaria desde los puntos de vista económico, financiero, administrativo y operativo. A ello se suman los desafíos relacionados con la infraestructura eléctrica, las inversiones necesarias para la modernización de las redes y la sustentabilidad futura del servicio.
En ese marco, la comisión consideró que la continuidad de la prestación bajo las mismas condiciones contractuales y operativas vigentes hasta la actualidad “difícilmente garantice mejoras sustanciales en la calidad de las prestaciones”.
Asimismo, destacó que cualquiera sea la alternativa que finalmente se adopte, el futuro esquema de prestación deberá sustentarse en un marco contractual actualizado, con mecanismos eficaces de control y seguimiento, compromisos concretos de inversión, estándares verificables de calidad del servicio y herramientas destinadas a resguardar los intereses de los usuarios.
El dictamen identifica como alternativas institucionalmente viables la celebración de un nuevo acuerdo o contrato entre Coopelectric y el Departamento Ejecutivo Municipal o, en su defecto, la convocatoria a un proceso de licitación pública que garantice los principios de transparencia, concurrencia, igualdad de oportunidades y defensa del interés público.
La referencia a la judicialización
Uno de los puntos destacados del documento refiere a la decisión de Coopelectric de acudir a la Justicia para cuestionar el Decreto 6297/25 mediante el cual el Ejecutivo dio por finalizada la concesión.
La comisión sostuvo que la promoción de acciones judiciales vinculadas al conflicto resulta contradictoria con el pedido de intervención resolutiva formulado ante el Concejo Deliberante. En ese sentido, consideró que, al encontrarse actualmente la controversia sometida al análisis del Poder Judicial, corresponde respetar la esfera de actuación de ese poder del Estado y aguardar su pronunciamiento.
La cooperativa inició una pretensión anulatoria ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul para que se declare la nulidad del decreto municipal y se reconozca la vigencia del contrato de concesión, planteando además que la autoridad competente para resolver sobre el futuro del vínculo es el Concejo Deliberante.
El trabajo de la comisión
La Comisión Especial fue creada mediante el Decreto Nº 148/25 con el objetivo de recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio de energía eléctrica en el partido de Olavarría, además de elaborar un informe sobre la situación actual del vínculo contractual.
Para la elaboración del dictamen, sus integrantes analizaron la documentación incorporada al expediente, mantuvieron reuniones con distintos actores vinculados a la temática y recibieron informes técnicos, jurídicos, económicos y administrativos relacionados con la prestación del servicio.
El cuerpo estuvo integrado por Federico Aguilera como presidente y Lucía Palacios como secretaria, junto a los concejales Belén Abraham, Gastón Sarachu, Marcelo Petehs, Hilario Galli, Francisco González y Nicolás Zampini, respetando la representación proporcional de los distintos bloques políticos con presencia en el Concejo Deliberante.
