Boletín Oficial: La doble indemnización no alcanza a los empleados estatales

Un DNU firmado por el Presidente apunta a los “altos directivos con responsabilidades jerárquicas” del macrismo que aún permanecen en algunas dependencias.


Fuente: Clarín

El Gobierno nacional aclaró este lunes que el beneficio de la doble indemnización en caso de despido sin causa no alcanza a los trabajadores del sector público. Lo hizo a través del decreto de necesidad y urgencia 156/2020 publicado en el Boletín Oficial.

Según se expresa entre los considerandos, la medida se tomó a partir de “la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma”.

Particularmente, se refiere a varios funcionarios designados por el macrismo que aún permanecen en sus cargos y generaron polémica con el Ejecutivo.

La doble indemnización fue restablecida el 13 de diciembre pasado, tres días después de la asunción de Alberto Fernández, quien declaró la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días con un DNU.

Esa resolución fue casi una réplica de la denominada ley “antidespidos” que el Congreso sancionó en 2016, impulsada por el líder camionero Hugo Moyano y por el peronismo, que prohibía las cesantías injustificadas durante seis meses y restablecía la doble indemnización, pero terminó siendo vetada por el ex presidente Mauricio Macri.

La doble indemnización tiene antecedentes de larga data en el país. Cuando en enero de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde y luego de la crisis de 2001, se sancionó la Ley de Emergencia Económica, unas de las medidas que se incluyeron fue la doble indemnización. La norma tenía como objetivo frenar los despidos masivos en un momento crítico para el país, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

El texto establecía que los empresarios debían pagar una indemnización doble a los empleados despedidos sin causa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo y en los convenios vigentes de cada actividad. Finalmente, esa medida fue derogada en 2007, en el final del mandato de Néstor Kirchner.

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