Caso Rinaldi: Tras encontrarlo en un restaurante, la Justicia ordenó una Junta Médica para el excomisario


Luego de que organismos de Derechos Humanos de Olavarría hicieran pública una imagen de Héctor Raúl Rinaldi comiendo en un restaurante de Olavarría la situación judicial del excomisario podría complicarse. Rinaldi, imputado en la causa Monte Peloni II, fue excluido del juicio por supuestos problemas de salud.

 

La aparición de la foto y la confirmación – conocida en las últimas horas – que incluso había renovado su licencia de conducir pusieron en alerta a los organismos quienes realizaron una presentación en la Justicia para que Rinaldi sea reincorporado al Juicio y sea juzgado.

 

Este miércoles se conoció una resolución de la Cámara de Casación Federal.

 

“Requierase al cuerpo médico Forense el otorgamiento de turno para la realización de un completo examen bajo la modalidad de Junta Médica Psiquiátrica y Neurológica en los términos del Art. 77 del cppn respecto del encausado Héctor Rubén Rinaldi”, dice la resolución.

 

De esta manera por decisión del Juez de Cámara Luis Imaz, Rinaldi deberá presentarse para acreditar los presuntos problemas de salud aducidos tiempo atrás que le permitieron no estar sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se están desarrollando en Mar del Plata.

 

El dirigente de los Derechos Humanos, Carmelo Vinci aseguró tras conocerse la resolución: “no nos mueve el odio ni la venganza, solo la sed de justicia que nos reclaman las víctimas. No es lo mismo que alguien sea juzgado y se le pueda comprobar su culpabilidad o que siga impune. Esa es la búsqueda de los organismos de DDHH ayer, hoy y en el futuro, Gobierne quien gobierne”, dijo.

 

 

Héctor Rinaldi, de 78 años, fue titular de la subcomisaría de Sierras Bayas y titular de la Comisaría Primera entre 1975 y 1981. Es acusado, entre otros cargos, como coautor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y prolongarse por más de un mes”; “en concurso real con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política”, así como también de “coacción por el empleo de amenazas”.

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