Conflicto de los anestesistas de Azul: Contundente opinión del Juez Carlos Pagliere


Por Carlos Pagliere (h) / Publicado en Diario El Tiempo

A propósito del conflicto del Hospital de Niños de Azul que tiene en vilo a toda la comunidad y por protagonistas a los anestesiólogos de dicho nosocomio, he creído pertinente hacer algunas reflexiones que estimo que serán útiles y saludables para la solución del conflicto.

Ante todo, nadie discute el derecho de los profesionales de la salud a exigir mejoras salariales, que seguramente son inferiores a las merecidas. Y por ende, nadie les niega el derecho constitucional -en cabeza de todos los trabajadores- a realizar paros o renegociar contratos laborales.

Sin embargo, es sabido que los derechos no son absolutos. Su ejercicio debe ajustarse a la necesidad y a la razonabilidad del caso, y siempre teniendo en miras la coexistencia con los derechos de la población en general. Máxime cuando se trata del trabajo médico, en el cual generalmente se encuentra en juego la vida e integridad física de las personas.

Las autoridades del Hospital de Niños han denunciado que los anestesiólogos trabajan mediante la modalidad de contratos temporales, y que al momento de la conclusión de los mismos supeditan la renovación de sus servicios al cumplimiento de sus exigencias salariales. Tal mecánica no tendría inconvenientes, a no ser porque mientras no renuevan el contrato los anestesiólogos están abandonando sus prestaciones.

Y acá es donde conviene hacer un llamado a la prudencia y reflexión. Porque las cuestiones contractuales tienen consecuencias no siempre iguales en el ámbito laboral y en el ámbito penal. Es un error creer que la renegociación del vínculo laboral exime a los anestesiólogos de responsabilidades penales.

Paso a explayarme. Más allá de la modalidad de contratación utilizada, lo cierto es que los anestesiólogos -en la práctica- forman parte del personal estable o permanente del hospital. Sus contratos no son meramente temporales, sino con vocación de continuidad. Y al cierre de cada periodo contractual los anestesiólogos no renuncian al trabajo, sino que realizan negociaciones remunerativas que dan cuenta de su afán de permanencia en la institución.

Pues bien, soy de la opinión de que esta pretensión de los anestesiólogos de continuar -por propia voluntad y conducta- vinculados al hospital les genera obligaciones institucionales, más allá del conflicto contractual. En la medida en que los anestesiólogos aspiran a continuar trabajando en el Hospital de Niños, el abandono de sus funciones -desde el vencimiento del viejo contrato y hasta la suscripción del nuevo-, si trae aparejado consecuencias para la vida o la integridad física de los pacientes, puede generarles responsabilidades penales con relación a múltiples figuras punitivas, como son el homicidio y las lesiones, tanto dolosas como culposas, y el abandono de persona.

Distinto es el caso para los anestesiólogos que, disconformes con las condiciones contractuales o labores, deciden renunciar de modo incondicionado a la institución. Pero en la medida en que haya esa vocación de continuidad, la obligación institucional permanece y entiendo que no se produce una solución de continuidad en la responsabilidad médica que exima en el plano penal.

Reitero que esto no significa que los trabajadores de la salud no puedan realizar paros o exigir mejoras contractuales y salariales. Pero estas medidas deben tomarse de modo tal de no abandonar el servicio al punto de poner en peligro a algún paciente del hospital. Con más razón en el caso de los anestesiólogos, que no pueden ser reemplazados y su labor resulta esencial para poder realizar intervenciones en las cuales se pone en juego la vida de las personas.

Estas líneas, como adelanté, sólo tienen la finalidad de hacer un llamado a la prudencia y reflexión. No vaya a ser que por luchar por lo que, seguramente, es un justo derecho a recibir una remuneración digna los anestesiólogos se desentiendan de sus obligaciones y la situación derive en una tragedia. Porque entonces estos profesionales de la salud podrían quedar expuestos a indeseables consecuencias penales.

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