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El presupuesto 2022 y otro “round” por los controles de precios


Escribe: Sergio Di Pino

Ezequiel Galli fue uno de los primeros intendentes bonaerenses en presentar el Presupuesto para el 2022. El retraso del gobierno de Axel Kicillof en el envío de la proyección de recursos y gastos a la Legislatura, llevó a la mayoría de los alcaldes a solicitar prórrogas en los Concejos Deliberantes, debido a la imposibilidad de calcular- con certeza-, los fondos que ingresarán en materia de coparticipación.

La presentación del presupuesto. Antes Galli le adelantó a En Línea Noticias los primeros detalles.

Apoyado en la importante masa de recursos adicionales por los ingresos del denominado Impuesto a la Piedra –superaría los 1500 millones de pesos-,  el Gobierno local se animó a hacer proyecciones y cumplió con los plazos establecidos en la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En 2022, el Presupuesto asciende a $8.364.633.000, una cifra que representa una variación interanual del 68% respecto al ejercicio previsto para el 2021. Un suma más que importante, en términos comparativos con otras localidades, pero que contempla “una pauta de inflación anual del 33%”, según explicaron desde el Municipio.

En cuanto a la distribución de fondos, las secretarías de Desarrollo Humano y Calidad de vida, de Mantenimiento y Obras Públicas y de Salud se llevan el 78% del prepuesto, con una mayoritaria proporción destinada a pago de sueldos, de servicios y otros gastos corrientes, una cuestión que se ha vuelto una dificultad estructural.

El área de salud que conduce el gallista Germán Caputo es una de las que más presupuesto manejará

La inversión en obras, está calculada en 800 millones de pesos. ¿Es poco? ¿Es mucho? Todo queda sujeto a interpretaciones y lecturas políticas.

Celeste Arouxet, desde hace tiempo, es una de las concejales que viene insistiendo la baja inversión municipal.

En principio, en el Presupuesto 2022 se menciona un listado que incluye trabajos de finalización del sector de internación en el Hospital y el comienzo de una nueva etapa en el área de internaciones (esta última por unos $55 millones), la finalización de las 40 viviendas del plan TU.VI iniciadas en 2021 y el “comienzo de nuevas viviendas” (estarían ubicadas en una de las localidades del Partido), obras de cordón cuneta, cloacas y en edificios educativos. También, como adelantó En Línea Noticias, figura un proyecto para construir una playa de camiones en la localidad de Sierras Bayas.

En Línea Noticias accedió en exclusiva al proyecto para el Centro de Transporte de Sierras Bayas. Se anuncia una inversión de más de 175 millones

Desde la oposición, algunos dirigentes aguardan a tener acceso completo al expediente para sacar mejores conclusiones.  Otros, ya se animan a marcar una continuidad en la “incapacidad de una inversión genuina” por parte del Municipio y auguran que la obra pública “mayoritaria”, seguirá dependiendo de los recursos nacionales y provinciales.

Dentro de los 800 millones presupuestados, están incluidos los ingresos por el Fondo Educativo – recursos que el gobierno nacional distribuye a las provincias y estas reparten a los municipios para obras en infraestructura escolar- y el de Infraestructura Rural –trabajos en caminos rurales solventados con la Tasa de Servicios Rurales-,  según admitieron fuentes municipales. Más allá de eso, aclararon que “el Fondo Educativo se convierte en propio porque es ley” dijeron.

¿De quién son los fondos?: “el Fondo Educativo se convierte en propio porque es ley” //// Foto Luis Molina

La proyección presupuestaria, no incluye el proyecto de venta de un tramo de 3 mil metros de una calle a la empresa Cementos Avellaneda. Según las primeras informaciones, la compañía apuesta a “la continuidad de la explotación minera” y  buscaría quedarse con ese sector para proyectar su expansión en los próximos años. De concretarse la operatoria, el Municipio podría sumar (como fondo afectado por la ordenanza), una suma de alrededor de 1,5 millones de dólares, de acuerdo a la tasación realizada desde la UNICEN.  A cambio, la cementera deberá asumir el compromiso de realizar una nueva traza que “asegure la libre circulación”.

El proyecto, deberá atravesar un  derrotero por cinco comisiones del Concejo Deliberante. Además, requerirá de una autorización provincial en cuanto a la posibilidad de la explotación y, como suele suceder en estos casos, nadie asegura que no esté exento de polémicas respecto a reclamos por el cuidado ambiental y el desarrollo del turismo.

El Frente de Todos insistió con los controles de precios

El Frente de Todos y los controles de precios.

El Frente de Todos metió presión con los controles de precios.  Al proyecto de resolución presentado en el Concejo Deliberante para que el gobierno de Ezequiel Galli se acople al monitoreo de los más de 1400 productos incluidos en el congelamiento, se sumó una reciente convocatoria general del presidente Alberto Fernández. Por decreto, el mandatario nacional instó a los intendentes a fiscalizar las disposiciones establecidas por la secretaría de Comercio y los dotó de un amplio espectro de herramientas para realizar esa tarea.

En el Concejo, el resultado estaba puesto de antemano. El oficialismo se alineó a los dichos del Intendente y rechazó el pedido para que el Municipio ejerza los controles de precios. Incluso contó con el respaldo de Martín Lastape (UCR) y de Celeste Arouxet (candidata local de José Luis Espert). Le sobró margen.

Pero el objetivo del Frente de Todos era otro: visibilizar la negativa municipal y exponer algunas de sus contradicciones de cara a la opinión pública. “Nuevamente una medida que beneficia a los olavarrienses, no contó con el apoyo del bloque Juntos” fue la conclusión que intentó instalar en la comunidad, apenas finalizó la sesión.

El debate en el recinto, estuvo lleno de cruces. En la exposición inicial, el concejal del FdT, Ubaldo García, se encargó de cuestionar las expresiones del intendente Ezequiel Galli, quien había calificado a los controles como  una “receta vetusta e impracticable”. “Nos preocupa mucho.  Dijo que había unilateralidad en la resolución de la secretaría de Comercio y habló de un potencial desabastecimiento” recordó, a propósito del posicionamiento del Jefe Comunal.

Enseguida, mencionó el trabajo conjunto entre autoridades nacionales y empresarios del rubro de los alimentos y acusó al Intendente de conducir la ciudad sin apelar a la construcción de consensos: “Habla de unilateralidad y gobierna a Olavarría unilateralmente. ¿Los vetos no son una forma unilateral de gobernar? Permanentemente observamos el poco diálogo que tiene con el Concejo Deliberante” lanzó.

Mencionó que el problema de la inflación “lleva años y perjudica a las familias” pero defendió los controles de precios como parte de un conjunto de medidas para atacar a un fenómeno “multicausal”.

Desde el PRO, contraatacó la concejala Cecilia Krivochen. Recordó su experiencia como “voluntaria” cuando el Municipio “estuvo obligado por la Provincia a realizar los controles” y señaló que “no sirvieron para nada”.  Mencionó que había faltantes de productos y advirtió que  los mayoristas subieron los precios de antemano: “Comenzamos con un listado de más de 200 productos y terminamos pidiéndole al comerciante una declaración jurada” sintetizó.

El radical Lanceta en el 2020 controlando precios. “No sirvieron para nada”, dijo Cecilia Krivochen en la sesión del jueves 

Además se quejó por la falta de sanciones a los infractores: “Cayó en saco roto, no hubo ni una sola sanción ni a mayoristas ni a minoristas” dijo.

En el final de su intervención, resumió la postura oficialista: “El intendente no lo va a hacer porque tenemos la experiencia del 2020. Es una medida distractora y electoralista” señaló.

Desde “Ahora Olavarría”, Celeste Arouxet también manifestó fuertes críticas a los controles de precios y recordó que “ni el 10% formaban parte de la canasta básica que le afectaba el bolsillo a la gente”.

Celeste Arouxet en consonancia con el Gallismo rechazó el control de precios.

“Es una pérdida de tiempo. Le recomendaría al Presidente que en vez de mandar a los intendentes a hacer controles de precios que apague la maquinita de emitir” ironizó.

Sobre el cierre del debate, el concejal del bloque de los Trabajadores, Juan Sánchez, dejó las frases más picantes. “Me parece muy miserable boicotear al sistema desde antes que nazca” sostuvo, aunque aclaró que se refería a las expresiones del Jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a quien identificó como el “vocero de los grupos concentrados de alimentos”.

Sin embargo, minutos más tarde, arremetió contra el intendente Ezequiel Galli: “Ayer ( por el miércoles), vimos un cambio de postura del señor Larreta y tal vez no le dimos tiempo al tuitero local a adherirse a ese cambio de postura y tal vez de esa manera saldría aprobada la norma” chicaneó.

En otras ciudades bonaerenses donde gobierna Juntos, la estrategia del Frente de Todos consistió en llevar el debate a los Concejos Deliberantes. Sucedió en Bahía Banca y Campana, entre otras localidades.

De manera global, el decreto de Alberto Fernández, operó en igual sentido. Basado en la Ley de Abastecimiento, puso al alcance una serie de herramientas en favor de los gobernadores y alcaldes e intentó dejar en “offside” a quienes no presten colaboración. Fue una respuesta instrumental y a la vez política.

Entre las facultades otorgadas, se habilita a los intendentes a verificar infracciones, labrar actas, admitir pruebas. Además, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública; allanar locales o solicitar a los jueces órdenes de allanamiento cuando los procedimientos  deban practicarse en días y horas inhábiles o en los domicilios particulares de los presuntos responsables.

También podrán secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles; intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito y clausurar preventivamente los locales de infractores.  Las sanciones, en cambio, seguirán siendo facultad excluyente de la secretaría de Comercio.

¿Sirven para algo los controles? Aunque se podrían rastrear varios antecedentes a lo largo de la historia y discutir sobre sus resultados disímiles, el debate actual está planteado desde lo coyuntural.

A pocos días de las elecciones, cualquier interpretación que se haga sin ese factor contextual carecería de sentido. Lamentablemente, las peleas y discusiones  se refieren a eso: dar señales a un electorado agrietado para ratificar sus percepciones previas y tratar de incidir en la opinión de algún grupo de indecisos.

En ese marco, Juntos considera que tiene un margen de maniobra suficiente para sostener la negativa de los controles y machacar con la idea de que el gobierno “salió a regalar platita”, tal como graficó Ezequiel Galli en una entrevista.

Sin embargo, hay que poder romper la dicotomía y mirar más allá de la especulación o el rédito electoral. Cualquier medida que permita aliviar – aún en forma temporal-  la escalada de los precios, no debería ser objeto de la “mezquindad” política. Una eventual colaboración de los intendentes en el monitoreo, como ocurrió apenas un año atrás, no tiene por qué anular las diferencias de fondo sobre cómo enfrentar a la problemática inflacionaria.

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