Fueron sumariados: Dos de cada diez jefes de la Bonaerense no presentaron sus declaraciones juradas

Unos 15 mil policías, de oficiales inspectores a comisarios, están obligados a presentar sus datos patrimoniales. Hay más de cien denuncias en la Justicia por enriquecimiento ilícito.


El nuevo esquema de presentación de declaraciones juradas por parte de la jerarquía de la Policía Bonaerense volverá a ser un problema para la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal. Es que, luego de que este año se ampliaran a poco más de 15 mil agentes (de oficial inspector a comisario general) los miembros de la fuerza obligados a revelar su patrimonio, según los primeros datos oficiales el 18,2%, dos de cada diez, no presentó su DD.JJ. y se le inició un sumario en la Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense.

La obligatoriedad nació en 2016 y, en un comienzo, solo afectaba a comisarios y subcomisarios, pero para 2017 se amplió. Los datos de la Escribanía General de la Provincia arrojaron que 2.735 efectivos que debían presentar su DD.JJ. no lo hicieron. Por ello, en el Ministerio de Seguridad bonaerense, que encabeza Cristian Ritondo, hicieron cursar sumarios intimándolos a que expliquen qué bienes tienen y se les podrían aplicar penas de suspensión progresiva (a partir de los diez días) hasta la cesantía definitiva.

Consigna el Diario Perfil que cada informe cae en uno de los pisos que tiene Asuntos Internos, donde funciona el área patrimonial que se dedica exclusivamente a estudiar las DD.JJ. y, en todo caso, detectar irregularidades. De hecho, desde diciembre de 2015 se iniciaron 740 sumarios por enriquecimiento ilícito de efectivos que, en total, implican investigar a unas 2 mil personas si se suman posibles testaferros. De ellos, ya hay más de cien denunciados en sede judicial.

“En el caso de las presentaciones de 2017, creemos que muchos van a ir presentando a medida que avanzan los sumarios”, confían en el Ministerio de Seguridad. Los informes que están en Asuntos Internos corresponden al 31 de diciembre del año pasado.

En el análisis de 2016, cuando estaban obligados desde subcomisarios, de los 6.341 que debían entregar sus informes no lo hicieron 274 agentes, que fueron sumariados.

En este marco, a pesar de que la Provincia recortó un 25% los cargos administrativos en toda la gestión, la gobernadora le dio el aval a Ritondo para ampliar el área patrimonial de Asuntos Internos. Pasará a ser una Dirección General de Auditoría y sumará contadores y abogados para el análisis de las DD.JJ. Para el año próximo habrá más trabajo: Vidal tiene en mente volver a ampliar el universo de efectivos de la Bonaerense que estén alcanzados por la obligatoriedad de revelar su patrimonio y pasarían a ser entre 35 mil y 40 mil.

En Seguridad armaron un semáforo en el que se analizan los ingresos promedio por el cargo de un agente, el porcentaje de ahorro que podría tener, los años que lleva en el cargo y el monto acumulado de ahorro aproximado. A partir de allí, las DD.JJ. se dividen en tres: aquellas que con el patrimonio declarado (el oficial más el cónyuge) puede justificar de manera ostensiblemente con un 10% de margen (con el color verde); los que van entre el 10% y el 30% más de patrimonio con créditos (en amarillo) y aquellos con más del 30% más de patrimonio con créditos (que están en rojo), que se revisan en detalle.

Asuntos Internos está a cargo, desde la llegada de Cambiemos, del abogado Guillermo Berra, un hombre de máxima confianza de Vidal, a quien conoció como vecino de Morón cuando la gobernadora tenía menos de 30 años. Desde esos años, Berra acompañó a Vidal al Ministerio de Desarrollo Social porteño y luego a la Legislatura, donde entabló contacto con Ritondo como auditor interno y el diputado como autoridad administrativa del Parlamento porteño. Desde diciembre de 2015 todo cambió: Vidal le pidió que se hiciera cargo de una de las áreas más delicadas de la administración bonaerense, con el objetivo de intentar sanear a una fuerza de seguridad salpicada por la corrupción.

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