La Unicen aplicará en 2020 la Ley Micaela y capacitará a todos sus agentes en género

La casa de estudios tendrá su propia capacitación en la materia, a cargo del Programa de Abordaje Integral comandado por la doctora Gisela Giamberardino. La primera etapa se desarrollará durante el primer cuatrimestre del año, con quienes ocupan puestos de gestión y decisión.

Fuente: El Eco

En cumplimiento de la Ley Micaela a la que adhirió oportunamente la Universidad Nacional del Centro comenzará este año a capacitar con perspectiva de género a sus agentes, tal como establece de manera obligatoria el marco normativo vigente.

La implementación de las capacitaciones estará a cargo del Programa de Abordaje Integral contra la Violencia y Discriminación por Razones de Género e Identidad Sexual de la casa de estudios, dirigido por la doctora Gisela Giamberardino.

La propuesta elaborada contempla en primera instancia la formación de quienes ocupan los cargos ejecutivos y de gestión: Rectorado, decanatos y secretarías. En el segundo cuatrimestre se prevé la capacitación de los claustros docente, no docente y estudiantil.

Desandar caminos 

La docente e investigadora refirió que “si la idea es desandar el camino de las violencias y los estereotipos, toda la comunidad universitaria debe estar sensibilizada. Lo que estamos pensando es que tiene que haber estrategias distintas según los perfiles de los destinatarios, y hay mayor responsabilidad en evitar la ceguera de género en quienes toman decisiones”.

Para garantizar la presencia de los agentes implicados se tomarán las sesiones del Consejo Superior, a la que asisten las autoridades de todas las sedes de la Unicen. Se utilizarán cuatro horas mensuales para completar 10 horas de capacitación presencial y se realizarán 10 horas más en formato virtual.

La académica destacó la importancia de que exista la etapa presencial para poner en discusión los prejuicios naturalizados, que no son vistos como tales y que se enriquece de manera colectiva, en la escucha y la conversación.

Por otra parte, la propuesta del aula virtual está pensada para poner a disposición el andamiaje jurídico normativo a nivel nacional, y las responsabilidades que competen al Estado nacional en la erradicación y prevención de la violencia.

“Queremos trabajar categorías de análisis que tienen que ver con el gran paraguas que son los paradigmas feministas. La perspectiva de género como una herramienta  desarrollada por la teoría feminista para leer regímenes sexogenéricos en instituciones. En las universidades hay un gran desafío con transversalizar la perspectiva de género en las currículas”, explicó.

Trabajo territorial 

Si bien algunas universidades ya empezaron con las capacitaciones a partir de charlas o debates puntuales, en el caso de la Unicen optaron por esta modalidad, distribuida en tres partes: una presentación para contextualizar la ley, una segunda parte teórica y un recorrido por las respuestas que se han venido dando desde las universidades para afrontar el tema en el propio territorio académico.

Atendiendo al carácter regional de la universidad, se prioriza la territorial y una tradición de compromiso con los lugares en los que se encuentra cada sede (Azul, Olavarría, Tandil y la subsede Quequén), y también la articulación con los grupos de investigación y proyectos de extensión que trabajan con entidades y asociaciones de la sociedad para recuperar esas experiencias como saberes.

El programa y sus alcances 

Sin presupuesto propio aún, el programa recibe fondos del Vicerrectorado y la Secretaría Académica para su funcionamiento integral.

Específicamente, el Programa de Abordaje prevé optimizar las intervenciones institucionales frente a situaciones de violencia de género que afectan las libertades fundamentales de quienes estudian o trabajan en la Unicen y se estructura en tres ejes.

Por un lado, las estrategias de promoción, prevención y sensibilización -donde se enmarcaría la aplicación de la Ley Micaela-. Por otra parte, las tareas de docencia, investigación y extensión. Y finalmente,  la intervención vehiculizada a través del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia.

Además de implementar la normativa y llevar adelante diferentes acciones, se ocupa de atender las denuncias en el marco del Protocolo ante Situaciones de Violencia, diseñar intervenciones y acompañar a las denunciantes. Intervienen también las trabajadoras sociales del área de Bienestar y el Departamento de Legales. “El Protocolo no es punitivo, lo que buscamos es acompañar a la víctima”, detalló Giamberardino.

Entre 2018 y 2019 se recepcionaron casi 50 denuncias que involucran a alumnos, docentes y no docentes, y se aplicaron las estrategias pensadas para cada caso dentro de lo establecido por regulación.

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