Por el coronavirus, suspenden audiencia para definir el futuro de los rugbiers
La medida se toma en pos de “evitar la transmisión del coronavirus”.
La audiencia oral que iba a realizarse el jueves próximo para tratar las apelaciones a las prisiones preventivas de los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell fue suspendida ante las recomendaciones del gobierno para prevenir el contagio del coronavirus, informaron fuentes judiciales.
Mediante una notificación enviada a las partes, los integrantes de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores informaron que la medida se toma en pos de “evitar la transmisión del virus”, ya que la audiencia iba a realizarse en un espacio cerrado con numerosos asistentes.
Con el fin de poder darle resolución a la apelación de la defensa de los ocho rugbiers presos y a otros planteos efectuados por el abogado Hugo Tomei respecto de los diez imputados -dos de los cuales están libres pero aún vinculados a la causa-, los camaristas solicitaron que las partes envíen sus argumentos por escrito, tras lo cual ellos darán a conocer su decisión.
“Es de público conocimiento que a raíz del COVID 19, tanto a nivel nacional como provincial, se han tomado diversas medidas en pos de evitar la transmisión del virus”, dice la notificación enviada por la Cámara tanto a la defensa, como al particular damnificado, a la fiscalía y el canal de cable autorizado a transmitir la audiencia en directo.
Y agrega: “Entre ellas, cabe mencionar evitar la presencia de personas varias en el mismo espacio físico”.
Además, los camaristas recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la provincia resolvió “dispensar por cuestiones de salud -tanto a magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial- que se encuentren en algunos de los supuestos” que puedan conllevar un riesgo de contagio.
En la notificación, los magistrados destacaron que en este caso la audiencia contaría con la presencia de numerosas personas, ya que, además de ellos, concurrirían los diez rugbiers imputados, su defensor, los representantes del particular damnificado, de la Fiscalía General, integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense y personal de la Cámara.
