Preso de la Unidad 7 con COVID: “Hace tres días que estoy tirado acá”
Fuente: Diario El Tiempo / Azul
“Hace tres días que estoy tirado acá, discriminado. Y aparecen recién, para hacerse los que me dan atención médica y que desinfectan. Vinieron a hacer esto porque saben que ahora vienen de Derechos Humanos y familiares de los internos a ver las condiciones en las que estamos”.
Este domingo, desde la Unidad 7, el recluso que contrajo COVID-19 denunció el estado en que se encuentra, después de que el viernes pasado se conociera oficialmente que él, dos agentes que trabajan en el penal y un enfermero -que también desempeña tareas en la Unidad 52, la cárcel de mujeres- están infectados con el virus.
Además de hacer pública su situación por medio del abogado que como Defensor Particular lo está patrocinando en los sumarios penales que lo tienen privado de la libertad, el interno denunció su actual estado a través de un video.
En ese registro que él filmara, se observa el lugar de la Unidad 7 donde se encuentra aislado. Y a través del video, habló públicamente de la falta de atención adecuada que ha venido recibiendo hasta el momento. No sólo teniendo en cuenta su actual patología, sino también otros problemas de salud que desde antes ya presentaba.
En este contexto actual de pandemia, meses atrás su abogado había formulado ante la Justicia un pedido “de radicación” para que al interno lo trasladaran a su domicilio.
A esa solicitud la hizo teniendo en cuenta la acordada dada a conocer desde la Suprema Corte de Justicia. Y porque consideraba que esas patologías que el preso presenta ya lo incluían en ese entonces dentro del segmento de la población carcelaria definida como “de riesgo” por la pandemia de coronavirus.
Pero aquel pedido en favor del recluso no prosperó ante una jueza penal que intervino en el recurso presentado por su abogado. Y tras esa denegatoria de primera instancia, la decisión fue recurrida ante la Cámara Penal de Azul, a través de una apelación presentada a fines de junio pasado que todavía no ha sido resuelta.
Ahora, el interno protagonista de toda esta situación relatada tiene COVID-19. Es el primer caso que se registra entre la numerosa población carcelaria de todas las unidades penales que están ubicadas en jurisdicción del Departamento Judicial Azul.
El jueves que pasó al recluso -quien, según su abogado dijo en diálogo con Diario El Tiempo , aceptó que su identidad se revele- fue trasladado al Hospital Pintos para que le fuera realizado un hisopado. Al día siguiente, el resultado de ese análisis reveló que tenía coronavirus.
Aquel día, en un contacto mantenido con este diario, primero fue el actual director de la Unidad 7, el prefecto Mayor Raúl Romero, quien confirmó que el interno tenía COVID-19.
Después, esa información fue ratificada desde el Servicio Penitenciario Bonaerense en La Plata, oportunidad en la que también se indicó que, además del preso azuleño, tenían coronavirus dos agentes que desempeñan tareas en el penal de varones local y un enfermero, que también trabaja en la Unidad 52, la cárcel de mujeres con asiento Azul.
Con coronavirus
De 38 años de edad, el preso que tiene coronavirus se llama Rubén Oscar “Conejo” Quintana.
Según lo informado el viernes por fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, permanecía aislado en un sector de la Unidad 7, lugar desde donde este domingo filmó ese video que luego se viralizara.
“Era habitante del Pabellón 3 y ahora quedó separado del resto de la población“, se había indicado desde el SPB ante una consulta realizada hace dos días por también por el Diario El Tiempo.
En aquel contacto, también se informó que los demás internos que estaban en el mismo pabellón que Quintana -un total de veinticuatro personas- habían sido aislados de manera preventiva.
Quintana está privado de la libertad desde el 14 de noviembre de 2017.
Aquel día lo arrestaron acusado de haber cometido un violento intento de robo que tuvo como escenario una escribanía de esta ciudad.
En ese lugar, un hombre había sido atacado a culatazos por el autor del hecho, que portaba un revólver.
La víctima sufrió lesiones de gravedad por las que tuvo que permanecer internada.
Instantes después de ocurrido el episodio delictivo, ese mismo día Quintana fue aprehendido.
En ese entonces, policías lo hallaron en un comercio de Villa Piazza Sur. Y en su poder se incautó un revólver calibre 32, el arma que -según se sostiene desde la Acusación- utilizó para llevar a cabo el ilícito en la Gestoría “Vélez Sársfield”, ubicada en Bolívar entre Arenales y Necochea.
A escala penal, ese hecho está definido como “portación ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y robo doblemente agravado por ser cometido con arma de fuego de uso civil sin contar con la debida autorización legal y por haber causado lesiones graves en grado de tentativa, en concurso real”.
En marzo pasado iba a convertirse en materia de un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Azul.
Pero decretada la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus unos días antes, el debate quedó postergado para el próximo mes de noviembre.
Además de ese hecho, a modo de causa acumulada Quintana tiene que ser juzgado por otro caso a escala penal caratulado como “robo doblemente agravado por haberse cometido en despoblado y en banda”.
Hasta el momento, el azuleño que tiene coronavirus y está preso en la Unidad 7 permanece privado de la libertad en carácter de encausado. Y mientras todo esto sucede ahora contrajo, en ese contexto de encierro, la enfermedad, luego de que no prosperaran en su favor dos pedidos que su abogado Germán Vena había presentado meses atrás para que le concedieran algún beneficio que le permitiera transitar fuera del ámbito carcelario su prisión preventiva.
Uno de los pedidos formulados por el Defensor Particular de Quintana había sido presentado ante el TOC 2 el pasado 15 de mayo.
Según argumentaba Vena, su cliente tenía dos patologías que se adecuaban al otorgamiento de un beneficio en el contexto de la actual pandemia de coronavirus: “tuberculosis” -enfermedad por la que fuera tratado desde 2006 hasta 2012- y “asma”, patología “declarada hace escasos días, en oportunidad de haber estado encerrado en buzones”, refería el abogado en aquel recurso ingresado el pasado 15 de mayo al Tribunal Oral en lo Criminal 2 con asiento en el Palacio de Justicia local.
“La primera de las enfermedades le ha dejado secuelas gravísimas y crónicas, sobre todo en el aparato respiratorio”, afirmaba el abogado. “La segunda de ellas le genera dificultades respiratorias diariamente” por las que Quintana tenía que “asistirse con broncodilatadores en aerosol permanentemente”, afirmaba también con relación al estado de salud del azuleño que días atrás contrajo coronavirus en el penal donde está preso.
Desde el punto de vista de Vena, ambas patologías habilitaban -teniendo en cuenta las resoluciones dadas a conocer desde la Suprema Corte por la actual pandemia- a que a su defendido le fuera otorgado el beneficio pretendido.
“Solamente está imputado y no condenado, agravándose su estado de detención producto de la pandemia que nos afecta. Sobre todo, porque la fecha de debate fue postergada hasta el mes de noviembre”, indicaba el abogado.
En ese contexto, sostenía que el plazo que Quintana cumplirá con prisión preventiva al momento de la realización del juicio “amerita el otorgamiento de la presente solicitud”, a lo cual se sumaba “la prórroga del debate como consecuencia directa de la pandemia”.
Concretamente, Vena pedía en ese entonces para su defendido la “radicación” en “su domicilio particular”.
La idea -afirmaba- era “evitar daños gravísimos en su salud producto de la pandemia mundial que nos afecta”.
Para cuando formuló ese pedido, desde el TOC 2 tiempo antes ya había sido rechazado otro de similares características de morigeración de prisión. Y del mismo modo que sucediera en aquella primera ocasión, tampoco prosperó esa otra solicitud que el abogado hiciera en mayo pasado.
En ambos casos fue Inés Olmedo -una de las juezas que integran el Tribunal con asiento en el segundo piso del Palacio de Justicia local- quien rechazó las solicitudes.
En su momento, tampoco las había avalado Karina Gennuso, fiscal que desde la UFI 6 tuvo a su cargo instruir la causa principal que lo tiene al recluso a la espera todavía del juicio al que deberá ser sometido en esa nueva fecha, fijada para noviembre próximo.
“De manera preliminar debo remarcar que coincido con la Sra. Agente Fiscal. En primer lugar, en cuanto a que del informe médico se menciona que el interno Quintana tiene antecedente de TBC del año 2006, el cual completó su tratamiento en la Unidad 2 y 7. Y con respecto a la patología de asma, del mismo informe surge que al momento de la evaluación se constata una buena mecánica respiratoria y saturación 99 (es decir, óptima), no señalándose la presencia de alguna afección en curso por la que corresponda reputar a Rubén Oscar Quintana incluido entre los pacientes de riesgo ni dictaminándose en tal sentido en base a los datos consignados. Por último, la Defensa no ha acreditado a través de pruebas que justifiquen que su defendido deba obtener el beneficio solicitado”, había respondido a esa segunda solicitud la jueza platense.
Además, para pronunciarse a favor de la denegatoria la magistrada valoró la elevada sanción que, a modo de condena, podría caberle al encausado de resultar condenado en ese juicio a realizarse dentro de tres meses. Delitos que prevén sanciones “que van hasta los quince años de prisión”.
Con relación al tiempo que Quintana lleva con prisión preventiva -desde aquel ya referido 14 de noviembre de 2017 en que fuera arrestado tras el intento de robo en la escribanía- la Jueza concluyó: “La medida de coerción a la cual el nombrado se encuentra sometido no ha perdido proporcionalidad con los fines del proceso”. Y agregó: “Por ende, hace presumir fundadamente que el imputado, en caso de otorgársele una morigeración de la prisión preventiva, intentará eludir la acción de la justicia, no pudiendo esa circunstancia evitarse razonablemente por la aplicación de una medida menos gravosa que la prisión preventiva que actualmente viene cumpliendo”.
“Todavía la Cámara no resolvió”
La denegatoria del otorgamiento del beneficio para Quintana derivó en que, tras la decisión de la Jueza del TOC 2, Germán Vena resolviera apelar lo dispuesto ante la Cámara Penal.
El recurso ingresó el pasado 26 de junio al máximo Tribunal de Alzada departamental. Y aún está pendiente de respuesta por parte de los camaristas Damián Cini y Carlos Pagliere (h). Pero ahora, con el agregado de que el recluso tiene coronavirus.
“Cuando la Jueza del Tribunal 2 me responde -le dijo el abogado a EL TIEMPO- me habla de la existencia de peligros procesales en el caso de mi representado, como si fuera una morigeración común la que yo había pedido. Pero quiero que se entienda bien. Lo que yo planteé fue un trámite específico, fuera de una morigeración de prisión común. Pedía la excarcelación extraordinaria de mi cliente por el COVID-19 hasta tanto pasara la pandemia. Pero me desvirtuaron la presentación. Y eso hizo que recurriera ante la Cámara Penal explicando todo esto. También, en ese recurso menciono que mi cliente sigue siendo todavía un encausado y no un condenado”.
“Acá el problema es que confundieron mi pedido con uno de morigeración de prisión común, cuando en realidad lo que estaba planteando preventivamente era la aplicación de los decretos señalados por la Suprema Corte por recomendación de la Organización Mundial de la Salud ante la actual pandemia”, sostuvo también Vena este domingo en otro tramo de la charla mantenida con EL TIEMPO.
Después, fue crítico con los actores del Poder Judicial, al afirmar que en medio de la actual pandemia “están muy preocupados” por lo que sucede en sus lugares de trabajo; “pero no lo están por la gente que ellos mismos encarcelan”.
“Cuando una persona está presa la responsabilidad es del Estado. Y en un caso extremo, como está planteado éste de mi cliente, tendrían que haber resuelto en 48 horas o en una semana, a lo sumo. Pero no lo hicieron”.
Con relación a esto, insistió y apuntó contra quienes desde el Poder Judicial deben dar una respuesta a la situación de su defendido: “No se preocupan de la gente a la que encarcelan en un sistema totalmente obsoleto y agresivo, donde están sin medicación, sin comida… Si hay que encarcelarlos que lo hagan. Pero que lo hagan bien, en un lugar donde esas personas tengan opciones. Aclaro que yo no soy un acérrimo defensor de las personas que cometen delitos. Pero si cometieron alguno, lo adecuado es que lo paguen en un lugar que corresponda y con procesos bien hechos. No en cualquier lado como sucede ahora, donde los tienen tirados como si fueran animales, porque literalmente lo que pasa es así”.
“Yo había planteado una cosa y me resolvieron otra”, insistió sobre el pedido que hiciera para Quintana, su defendido. “Y desde el 24 de junio, la Cámara Penal todavía no resolvió esa apelación. Estamos hablando de una persona que está presa y que, encima, ahora tiene coronavirus”.
“Hace dos meses avisé que esto iba a pasar. Y la Justicia lo desoyó, cuando la responsabilidad que tenía era no poner en peligro al interno. Esperemos que no le pase nada peor, ya que está sin oxígeno ni medicación ni nada”.
Desde su punto de vista, en el caso de Quintana “prefirieron tenerlo preso y que por ahí se muera estando en la cárcel a excarcelarlo y que por ahí cometa otro delito ¿Y su integridad física? Decían que estaba mejor adentro que afuera porque en la cárcel no había circulación del virus ¿Y ahora cómo me explican esto que está pasando en la Unidad 7? Es más, si mi cliente hubiese ido a su casa con la madre capaz que no se enfermaba de coronavirus”.
Finalmente, el abogado indicó: “Yo sigo solicitando lo mismo: que lo saquen de la cárcel de manera extraordinaria por el COVID-19. Y después, cuando pase todo esto, que vuelva a la cárcel. Con esto que afirmo no estoy pidiendo la revisión de su prisión preventiva”.
