Procesan a los padres de crianza de Ignacio Montoya Carlotto y al médico Julio Sacher

El Autor de la presente fotografía y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina ARGRA, autorizan la publicación de la presente fotografía exclusivamente con los fines de difusión de la "Muestra de Periodismo Gráfico - Edición 2014" (poner en nombre correcto), consignando la mención del nombre del Autor correspondiente. No pudiendo cederse o transferir a terceras personas. Las Obras deberán ser respetadas en su composición. LEO VACA Buenos Aires Agosto de 2014 El nieto recuperado número 114, Ignacio Guido Montoya Carlotto, en su primera aparición pública junto a su abuela Estela Barnes de Carlotto

Lo determinó el juez Martínez De Giorgi


 

Ignacio Montoya Carlotto es el nieto que buscó durante años Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Pero hasta que el estudio de ADN que se hizo en el Banco Nacional de Datos Genéticos reveló que era hijo de los desaparecidos Laura Carlotto y Walmir Oscar Montoya, el joven fue Ignacio Hurban.

 

Laura Carlotto había estado presa durante la dictadura en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”, tuvo a su hijo en cautiverio y el bebé le fue quitado. Nada se supo de él hasta agosto de 2014. Ignacio Hurban había buscado conocer su verdadera identidad y por eso fue a Abuelas de Plaza de Mayo. Luego el análisis de ADN reveló que era el nieto que Estela de Carlotto había procurado encontrar durante 36 años. Ignacio Montoya Carlotto fue el nieto recuperado número 114.

 

Ignacio creció en un paraje rural en las afueras de Olavarría y sus padres de crianza fueron Clemente Hurban y Juana Rodríguez. Ambos fueron procesados el 15 de marzo pasado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi por los delitos de falsedad ideológica de documento público y supresión de identidad de un menor. El procesamiento de Martínez De Giorgi se hizo extensivo también a Julio Sacher, el médico de Olavarría que firmó el certificado de nacimiento del bebé allá por junio de 1978.

 

El caso estuvo en manos de la jueza María Servini, quien en agosto de 2014 le comunicó a Estela de Carlotto que el análisis de ADN había determinado que finalmente su nieto había sido hallado. La jueza avanzó en la investigación, como en el resto de los casos de hijos de desaparecidos que tuvo en su juzgado, y en septiembre de 2014 llamó a indagatoria a Hurban y Rodríguez. Pero en tiempos del kirchnerismo, la indagatoria fue suspendida y la jueza recusada y apartada de la causa. En 2015 el caso pasó al juzgado de Martínez De Giorgi.

Cuando la causa judicial comenzó a moverse, Ignacio Montoya Carlotto había dicho: “Yo quisiera que ellos -sus padres de crianza- no sufran ni pasen por demasiados traumas a pesar de que sé que van a tener que declarar y participar de todo este proceso de esclarecimiento”.

Como el caso comenzó en 1991 con la denuncia de Estela de Carlotto, se tramita por el viejo código de procedimiento penal y por eso Martínez De Giorgi les dictó la prisión preventiva, equivalente a un procesamiento actual. El juez mantuvo en libertad a los procesados.

En su resolución, Martínez De Giorgi señaló que “se encuentra acreditado que Hurban y Rodríguez efectivamente hicieron insertar en el acta y el certificado de nacimiento de Ignacio Montoya Carlotto datos falsos con respecto a la filiación alegada a su respecto. Por su parte, Julio Sacher intervino personalmente en el último documento mencionado en su carácter de médico y de ese modo se expidió el DNI n° 26.557.679 a nombre de Ignacio Hurban, resultando de esta forma alterados su estado civil y su identidad”.

Clemente Hurban y Juana Rodríguez trabajaban en el campo “Los Aguilares” ubicado en Colonia San Miguel de Sierras Bayas, propiedad de Carlos Francisco Aguilar, quien murió en marzo de 2014. El matrimonio que crió a Ignacio Montoya Carlotto, aseguró que fue Aguilar quien les acercó un bebé que, teóricamente, su madre había dado en adopción.

En el procesamiento dictado por Martínez De Giorgi se explica cómo fueron las defensas de Hurban y Rodríguez. La resolución señala lo siguiente:

“Clemente Hurban y Juana Rodríguez, brindaron por escrito una exposición similar entre sí. Dijeron que nunca tuvieron conocimiento de que la inscripción de Ignacio en el Registro Nacional de las Personas haya sido ilegal, porque siempre pensaron que se habían efectuado los trámites para su adopción plena y por otro lado, nunca supieron ni tuvieron motivos para sospechar que el niño que adoptaron había sido arrancado por la fuerza a su madre por agentes del terrorismo de Estado”.

“Siempre pensaron que el niño había sido dado voluntariamente en adopción por sus progenitores. Asimismo, sostuvieron que en el año 1974 se mudaron al campo de Carlos Aguilar en donde vivieron y desarrollaban tareas agrícolas y cría de ganado. Clemente Hurban además indicó que se encargaba de labores inherentes al mantenimiento de la estancia. Destacó el matrimonio que eran los únicos que vivían en el establecimiento rural y como en los primeros años de casados no habían podido concebir un hijo, algo que anhelaban, estuvieron pensando en adoptar”.

 

Comentarios
Cargando...