Salud Mental: A diez años de la sanción de la Ley, cerca de 2000 personas están en neuropsiquiátricos

El Hospital Municipal de Hinojo interna a pacientes con padecimientos mentales.

A poco de cumplirse 10 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, que prevé entre sus metas principales el cierre de los neuropsiquiátricos en 2020, aún hay más de 2.000 personas internadas en manicomios del sector público, según un reciente informe de la Comisión provincial por la Memoria (CPM), que advierte además sobre “trato indigno, falta de personal y sobremedicación”.

En rigor, según datos de 2018, los últimos disponibles, se alojan un total de 2.064 personas con problemas de salud mental en hospitales a cargo del Ministerio de Salud bonaerense, en su enorme mayoría distribuidas en los neuropsiquiátricos Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero (470); Hospital Cabred de Open Door (705); Hospital Esteves de Temperley (636) y Hospital Taraborelli de Necochea (33). Las restantes, en los hospitales Rocha de Uribelarrea (83); San Lucas (26); Ingenieros (50), y Ramos Mejía (61) de La Plata.

No obstante, se estima que el sector público aloja solo a un 15% de la totalidad de las personas internadas por razones de salud mental en la provincia, por lo que el número de pacientes en neuropsiquiátricos podría ser hasta siete veces mayor, aunque desde la CPM reconocen que es muy difícil acceder a datos precisos ante la “resistencia” de esas instituciones.

La ley 26.627 de Salud Mental fue sancionada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero en medio de obstáculos, polémicas y oposiciones, está lejos de cumplir su principal meta: la “desmanicomialización” a través de la sustitución y el cierre de los manicomios con plazo máximo en 2020.

Es que según advierte la CPM no hay dispositivos adaptados para estas personas con base en la comunidad y faltan servicios de atención de la salud mental en hospitales generales, lo que redunda en la derivación a la institución monovalente. “Estamos muy lejos de cumplir con el espíritu de la ley. Su sanción fue un avance significativo, pero las políticas que siguieron fueron de un retroceso total”, dijo a DIB la directora del programa de Salud Mental de la CPM, Natalia Roccheti. 

En ese marco, desde la CPM advierten sobre malos tratos, condiciones “indignas” de internación, falta de personal y de trabajadores especializados en salud mental y reingresos a esas instituciones ante “la falta de dispositivos fuera del hospital que permitan sostener el tratamiento”.

“Más allá de que uno brega para que estos lugares no existan, en el mientras tanto deberían estar en buenas condiciones, pero no lo están”, indicó Rochetti. “Además de la situación edilicia, existe una ausencia total de la privacidad porque los lugares están pabellonados, la comida es muchas veces de mala calidad y no hay dispositivos terapéuticos, por lo que las personas permanecen todo el día sin hacer nada”, agregó.

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