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El Ministerio, que conduce Andrés Ibarra, emitió el Decreto 690, publicado este martes en el Boletín Oficial, y decidió aumentar $800.000 a $6.500.000 el piso a partir del cual los funcionarios públicos están obligados a realizar una licitación pública, $1.300.000 para contrataciones directas, $6.000.000 para licitaciones privadas o concursos privados y más de $6.000.000 para licitaciones públicas o concursos públicos.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumentó que la decisión de subir los topes fue tomada para que “los distintos organismos estatales puedan cumplir con mayor celeridad y eficacia sus objetivos en aras del bienestar general”.