Vilma Ibarra: “Mujeres acuden a abortos en condiciones muy terribles y no queremos mirar para otro lado”
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia argentina, Vilma Ibarra, habló del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito que el Ejecutivo envió al Congreso y cuya elaboración ella coordinó; confía en que esta vez será aprobado.
Vilma Ibarra participó de un encuentro vía teleconferencia con un grupo reducido de corresponsales extranjeros en el extrajero.
La funcionaria dijo que desde el Gobierno son optimistas respecto a poder conseguir los votos necesarios, especialmente en el Senado, que en 2018 rechazó la legalización tras haber sido aprobada por Diputados. “¿Es fácil?”, se preguntó. “Nunca es fácil, pero es posible”.
“Nosotros queremos que se trate en (sesiones) extraordinarias”, continuó. “Las extraordinarias empiezan el 1 de diciembre, van a ser convocadas por el poder Ejecutivo y estos proyectos van a ser puestos en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Ojalá lo podamos convertir en ley, si no es este año a principio del próximo”, dijo.
“Yo fui seis años senadora y cuatro años diputada”, dijo, “y sé que a veces aquello que parecía razonablemente sencillo se complica y muchas veces aquello que parecía muy complicado llega más rápido al recinto y se vota y se resuelve”.
La idea es no retomar los extensos debates de 2018, sino utilizarlos como insumo para un proceso más breve. “El debate tan profundo que se hizo en 2018 va a estar a disposición de todos y todas, de legisladores, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, todas aquellas personas que quieran acceder; se va a poner en un lugar público todo el debate que costó una enorme cantidad de tiempo”.
Ibarra cree que no es necesario volver a repetirlo, porque “el debate fue amplio, fue profundo, y creemos que nada ha cambiado como para reiterar nuevamente el mismo debate”.
“Estamos tratando de persuadir que estamos hablando de un problema de salud pública”
Algo que hay que ver es si cambió la posición de los senadores que votaron en contra, algunos del peronismo, la principal fuerza política dentro de la alianza de Gobierno. Entre ellos, por ejemplo, Adolfo Rodríguez Saá, de la provincia de San Luis; Carlos Menem, de La Rioja; Cristina López Valverde, de San Juan; o José Mayans, de Formosa, quien encabeza el bloque de senadores de la alianza oficialista Frente de Todos.
“Hemos hablado mucho”, respondió Ibarra. “Nosotros llevamos los dos proyectos (el de aborto legal y el de los 1.000 días, para acompañar el embarazo y los primeros años de vida de los niños), porque queremos dejar en claro que para nosotros el proyecto de maternidad es un proyecto valioso, que el Estado acompaña, que el Estado necesita estar acompañando a las personas”.
Además de ese primer argumento, el del proyecto complementario enfocado en la maternidad y la niñez, la secretaria Legal y Técnica insistió en un argumento central de la legalización: “Estamos tratando de persuadir que estamos hablando de un problema de salud pública. Creemos que tenemos mayor permeabilidad en algunos casos para convencer, hay otros sectores que están muy cerrados. Pero yo creo que tenemos posibilidades”.
Por otro lado, se incorporaron modificaciones a este proyecto respecto al de 2018 o al de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (la Campaña) que pueden leerse como concesiones a ciertos sectores resistentes a su aprobación. Por ejemplo, el de la Campaña no penaliza a la mujer que aborta incluso después de las 14 semanas de gestación, límite establecido por el proyecto de legalización, pero el enviado por el Ejecutivo sí mantiene la pena.
“No hay un motivo específico”, dijo al respecto Ibarra, “fueron reclamos que se fueron recibiendo en distintas etapas. Hay países como Uruguay que tienen 12 semanas, países como Suecia que tienen 18, países como España que tienen 14, nosotros hemos elegido 14 semanas. Hemos establecido que después de allí hay una conducta reprochable, que hay que llegar antes de las 14 semanas, pero también la pena prevista es muy menor y si hay situaciones excusables se puede dejar de lado. Esto tiene que ver también con determinadas demandas y escuchas que hay respecto del debate que hubo en 2018, que no nos olvidamos que no alcanzamos los votos suficientes”.
“No tenemos garantía, por supuesto que no, pero cumplimos con nuestro compromiso de enviarlo”
En definitiva, más allá del optimismo que mostró en la charla y de las concesiones que ya se hayan incorporado en el proyecto, reconoció que los números no están asegurados: “Como siempre, los votos van a estar muy ajustados, nunca va a haber una votación con mucha diferencia de votos, pero tenemos confianza. Yo creo que también han pasado cosas. Se han visto las muertes que se han producido de 2018 para acá, esa niña pequeña que no le dejaban hacer su interrupción legal del embarazo y decía ‘por favor sáquenme lo que el viejo me puso adentro’, había sido violada una nena de 11 años, situaciones tremendas que creemos que ninguna mujer tiene que ser obligada a pasar. Creo que hay mayor sensibilidad respecto del tema”.
Ibarra hizo un repaso del impacto del aborto clandestino en Argentina: “Hay muchísimas mujeres para las cuales una maternidad forzada no es una opción y esas mujeres acuden a abortos en condiciones realmente muy terribles y no queremos mirar para otro lado, sabemos que esto sucede hace muchísimos años en la Argentina y se ha llevado la vida y la salud de muchísimas mujeres”. Recordó que cada año, en Argentina, se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos, según estimaciones no oficiales, que llevan a más de 38.000 egresos hospitalarios. Y que desde el regreso a la democracia en el país, en 1983, más de 3.000 mujeres murieron abortos clandestinos.
