Violencia de Género: La Provincia deberá resarcir a una mujer tras el asesinato de sus hijos

Emblemático fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La mujer había denunciado varias veces hechos de violencia. El Estado nunca la escuchó. El caso lleva dieciocho años.


En el año 2000, Adriana García denunció varias veces ante las autoridades marplatenses las actitudes violentas de su exmarido.

Pidió ayuda y no la escucharon. O no la quisieron escuchar.

El 16 de octubre de ese año, como parte del régimen de visitas, Rodolfo Ariel Bualó se llevó a los hijos de ambos, Sebastián Francisco y Valentina Camila, de 4 y 2 años, con la excusa de compartir tiempo con la abuela paterna e ir a jugar a un pelotero.

Pero el plan de su ex era otro. Sórdido, trágico e irremediable.

Él debía estar acompañado por un familiar cuando se encontraba con los nenes, pero ese día logró llevárselos a su casa y, aprovechando un descuido y por la espalda, los degolló. Al día siguiente Bualó confesó el doble filicidio.

Todos los que conocían el infierno que vivía esta madre puntaltense y sus hijos sabían que el peligro estaba latente, menos quienes debían cuidarla y tomar los recaudos necesarios para que nada de esto sucediera.

En los últimos días, la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a una demanda civil que la mujer promovió contra el Estado provincial, acusándolo de esa negligencia mortal.

Adriana, quien a los 18 años dejó Punta Alta para estudiar en La Plata, realizó el profesorado con orientación a sordos e hipoacúsicos, es terapista ocupacional y tiene un doctorado en neurociencias.

Dice que todo lo ocurrido exacerbó su aplicación al trabajo y al estudio, quizás como una vía de escape al dolor y al sufrimiento.

Recuerda que tras recibirse se mudó a Mar del Plata, donde conoció a Bualó, con quien se casó a fines de la década del ‘80.

Luego de más de 10 años de convivencia, algunas actitudes de su pareja comenzaron a encender las primeras alarmas y poco después la llevaron a separarse.

“Él se encargaba de mandarme flores al colegio donde trabajaba todos los viernes, entonces mis compañeros me decían que era divino, pero había una doble cara”.

El 26 de mayo de 2000 -recuerda la fecha exacta- Bualó dejó el hogar que compartían en la zona de Constitución y desde ese momento las cosas se complicaron más.

“Ese día fui a hacer una presentación en la comisaría para que quede registrado, porque ya sabía que no iba a ser fácil la separación”.

El tiempo, lamentablemente, le dio la razón.

Ingresos violentos en el domicilio, golpes y hasta un intento de tirarla de un auto en movimiento fueron situaciones que Adriana expuso ante las autoridades.

Muchas de esas presentaciones no quedaron como denuncias sino a modo de exposiciones civiles, lo cual provocó que no llegaran a la fiscalía y que el caso perdiera fuerza.

“Era la primera vez que hacía algo así, entonces no sabía cómo era ni qué pasaba. No me explicaban la diferencia. Yo solo iba a pedir que me ayudaran”.

“Llamé varias veces a la policía y había un oficial con el que, de tanto venir, hicimos cierta amistad, y me explicaba que no podía entrar en las casas sin orden, aunque él igual lo hacía para sacarlo (a Bualó). Me decía que se arriesgaba porque no se iba a dormir tranquilo si dejaba eso así”.

En junio de aquel año Adriana denunció un incidente, aunque recién en agosto, luego de una segunda presentación, intervino el Ministerio Público.

“Iba todos los días a ver cómo estaba la causa, con la intención que no se duerma en un cajón, pero no hicieron nada”.

También promovió actuaciones en los Tribunales de Menores por ataques contra sus hijos, pero tampoco prosperaron.

“Me obligaban a que se los dejara llevar. Yo avisaba que era peligroso, que no tomaba la medicación y que hasta su psiquiatra me avisaba que me cuide. Me decían que no había nada que prohibiera que se los dejara ver y que si hacía eso me iban a multar”.

Adriana sabía que la situación era grave, aunque nunca imaginó semejante desenlace.

“Suponía que para vengarse de mi se podía llevar a los chicos fuera del país. Nunca pensé que pudiera matarlos. Nadie se imagina que una persona puede matar a sus hijos. A una cabeza lógica no se le puede ocurrir, por más peleado que estés con alguien. Es algo digno de un loco… y a mi me tocó lidiar con un loco”.

Pero la justicia, la misma que no actuó mientras estaba a tiempo, le asestó otro golpe tras el doble crimen.

“Al mes me notificaron que el día después de que matara a mis hijos la causa fue archivada porque no había pruebas de que él era violento. Creo que esa gente hoy duerme tranquila. En mi cabeza, que es sana, uno no podría hacerlo, pero estas personas no hicieron las cosas como correspondía y encima después se ocuparon de protegerse. No puedo pensar que esa cabeza se arrepienta de lo que pasó. Esa cabeza en lo único que piensa es ‘que a mi no me toque’”.

La necesidad de iniciar una nueva vida

La mirada inquisidora de algunos sectores de la sociedad, como sucede en muchos casos, está puesta más en los afectados que en el causante de esa afectación.

Adriana casi que no podía salir a ningún lado.

“Sentía que me miraban y se fijaban si me reía o no, o todo lo que hacía. Por el fallecimiento de mis hijos me dieron 5 días en el trabajo y tuve que volver, porque sabía que me estaban vigilando y pretendían decir que estaba loca”.

Toda esa situación determinó que resolviera dejar esa ciudad y se mudara a Buenos Aires, donde, como ella afirma, comenzó “una nueva vida”.

“Armé las valijas, me vine a un lugar donde no me conocían y arranque a trabajar en mi otra profesión, que es la de terapista ocupacional”.

Con el tiempo Adriana conoció a Christian, de nacionalidad estadounidense, y volvió a creer en el amor. Y a confiar.

Se casó y tomó otra decisión trascendental: adoptó a Franco.

“No me costó volver a tener pareja. Cuando digo que adopté creen que lo hice porque no puedo tener hijos, entonces me cuesta contar lo que pasó”.

La mujer no quiso tener mas hijos biológicos.

“Con Sebastián y Valentina tuve que hacer tratamiento y perdí muchos embarazos. No estaba ni para perder un alfiler, porque no me iba a poder recuperar. Para mi tiene el mismo valor un hijo biológico que uno adoptivo, entonces ni lo pensé”.

Detenido y con otro nombre

Adriana cuenta que Bualó se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 34 de Melchor Romero y que le costó saber en qué lugar había sido alojado tras la sentencia condenatoria a prisión perpetua.

“Tenía que establecer dónde estaba para poder notificarlo y concretar el divorcio. Llegué a hacerme pasar por abogada para acceder a los registros y saber. Revisé uno por uno y lo encontré por el documento. Advertí que estaba con otra identidad y exploté, me olvidé lo que había dicho para entrar y no pude ocultar la indignación que me causó”.

Es que su exmarido había sido anotado con su segundo nombre y el apellido de su madre. El motivo era protegerlo del resto de la población carcelaria. Al condenado le dieron la protección que no tuvieron a tiempo las víctimas.

“En un momento recibía cartas de él y mi padres, llamados. Entonces mi hermana (se desempeña en la fiscalía de Bahía Blanca) fue a verlo y constató que estaba preso. Estamos atentos siempre y hay gente que me cuenta”.

“Acá se libera a las personas fácilmente y no quiero sorprenderme con la noticia de que lo largaron. De la misma manera que fui perseverante y estaba convencida de que la justicia había actuado mal, y lo seguí 18 años, a este lo voy a seguir toda la vida”, continúa.

Mayor conciencia en la sociedad

Poco antes de hablar con La Nueva., Adriana participó en Buenos Aires de la movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos, tras el homicidio de Lucía Pérez, registrado en Mar del Plata.

Destaca que, a diferencia de lo que sucedía cuando se produjo la muerte de sus hijos, en la actualidad hay más conciencia sobre la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

“En esa época no había nada. Si un tipo estaba rompiendo la casa, la policía no podía entrar. En el juicio el fiscal me tildó de cómplice moral de lo que pasó porque le dejaba llevar a los chicos, pero al mismo tiempo me multaban si impedía el contacto. La figura de femicidio o filicidio no existían. No había perimetral, me hostigaba a mi y a mi familia y no hacían nada”.

“En su momento yo veía las cosas claramente, no porque era una adelantada de la época sino porque las sufría. Cuando lo padecés no entendés cómo la otra gente no puede darse cuenta de que necesitás ayuda y la estás pidiendo”.

De todas maneras, remarca que no se siente víctima: “las víctimas fueron mis hijos”.

“Para mi hubiera sido mucho más fácil suicidarme después de todo esto. Cuando el fiscal me culpa de eso de la complicidad moral le pregunté a mis viejos si me perdonarían si me quitaba la vida, y mi mamá me dijo: ‘por supuesto que te perdonaría, lo que no te perdonaría es que no estés presente para defender a tus hijos. Sos la única voz que tienen ellos’. Por eso yo no soy víctima, fueron ellos y no me pondría en ese lugar”.

Después de tanta lucha, Adriana siente que el fallo de la Corte provincial la reivindica.

“No hay una decisión similar y mi mayor satisfacción es esa. Lo importante es que a partir de esto nadie más va a tener que caminar mi camino. El tema de género está más visibilizado hoy”.

Aunque es difícil que luego de todo lo ocurrido confíe en el sistema judicial, asegura que “hoy creo que en los que dictaron este fallo”.

“No los conozco, pero me imagino que es gente con una forma de pensar distinta a la que intervino en ese momento en mi caso. Tuvieron mucha claridad y mentalidad abierta”.

La resolución es mucho más que un futuro resarcimiento económico. Es la confirmación que esa sentencia penal no tendría que haber existido si se hubieran puesto en marcha los mecanismos previstos para la prevención de la violencia de género.

Más importante aún es que tampoco habría dos víctimas inocentes, a las que la irracionalidad de un hombre les truncó una vida que recién comenzaba.

 

Fuente: La Nueva

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