25 años después: El Estado provincial deberá indemnizar a las víctimas de la “Masacre de Ramallo”

La Corte Suprema de Justicia condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a los familiares de las víctimas de la denominada “Masacre de Villa Ramallo”. Se trata del episodio de robo y toma de rehenes en el Banco Nación en Villa Ramallo, que culminó con un enfrentamiento de disparos entre efectivos de la policía y delincuentes. 

El caso, conocido popularmente como la Masacre de Villa Ramallo, ocurrido el 17 de septiembre de 1999 en la esa localidad bonaerense tuvo una enorme notoriedad desde allí y ocupó la agenda judicial de principios de los 2000. Diversas complicidades políticas internas entre las fuerzas policiales y fuertes cuestionamientos al juez interviniente en el caso, Villafuerte Ruzo, generaron la renuncia del entonces Ministro de Seguridad bonaerense, Osvaldo Lorenzo, y la disolución del Grupo Especial de Operaciones de la Jefatura Departamental.

El Máximo Tribunal intervino en dos casos en cuestión. Por un lado, los familiares de Carlos Antonio Chaves interpusieron una demanda tendiente a obtener una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la muerte de quien se desempeñaba como gerente de la entidad y las lesiones sufridas por su viuda, Flora Beatriz Lacava, quién también fue parte de la causa. Por otro lado, la esposa e hijastros de Carlos Alberto Santillán también iniciaron acciones contra la Provincia de Buenos Aires con la finalidad de obtener una reparación.

En ambos casos, los cortesanos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz y la conjueza Rocio Alcalá coincidieron en atribur la responsabilidad civil a la Provincia de Buenos Aires y, por otro lado, excluir de esa responsabilidad al Estado Nacional, en razón de no poseer imputación penal la Policia Federal y los legitimantes no demostrar el nexo causal entre su accionar y los perjuicios ocurridos.

Sin embargo, el tándem Lorenzetti-Rosenkrantz disintió sobre la estimación de los montos a compensar, motivo que dio lugar a que la mayoría se integrara con la presidenta de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá.

Con respecto a la responsabilidad del estado bonaerense, la Corte consideró que la reacción policial en la intervención del hecho fue desmedida, injustificada, desmesurada y con abuso de poder:  “(…) el número de disparos que efectuaron los funcionarios policiales provinciales con armas de grueso calibre sobre el rodado y sus ocupantes, revelan por parte de ellos una conducta incompatible con la de quienes deben tener a su cuidado la preservación racional de la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes”.