Sergio Torres destacó el valor de la memoria y la justicia en los juicios por delitos de lesa humanidad


Por Luciano D’Annunzio – Agencia DIB

El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense repasó su experiencia como juez federal al frente de la investigación de la Megacausa ESMA, un proceso que reunió más de mil investigaciones vinculadas y permitió condenar delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. También destacó el papel de las víctimas y sostuvo que la educación es fundamental para evitar la repetición de esos hechos.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, brindó una conferencia en la Asesoría General de Gobierno, donde compartió su experiencia al frente de la investigación de la Megacausa ESMA, que tuvo a su cargo entre 2003 y 2019.

La actividad fue organizada en el marco del programa de formación permanente del organismo y contó con la recepción del Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, ante autoridades y agentes de la institución.

Durante su exposición, Torres abordó uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia argentina en materia de crímenes de lesa humanidad. Como juez federal, a cargo del Juzgado Federal N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires, intervino en una serie de juicios desarrollados entre 2007 y 2021, en los que se condenaron distintos delitos cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

El magistrado describió la dimensión de un expediente que llegó a reunir 1.078 cuerpos, 15 investigaciones conexas y más de 1.100 investigaciones vinculadas. “Es una causa de un volumen inusitado y una problemática única”, sostuvo.

Antes de profundizar en los aspectos jurídicos, Torres hizo hincapié en la ubicación del centro clandestino y en la necesidad de dimensionar que los crímenes ocurrieron en pleno tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires.

“Esto no ocurrió en el medio de una montaña, en una cordillera o en un campo perdido. Ocurrió a siete cuadras de la cancha de River, en el medio de la ciudad”, remarcó.

A través de un video, repasó el funcionamiento de los espacios de detención, tortura y exterminio de la ESMA, por donde pasaron entre 4.000 y 5.000 personas. También explicó los mecanismos de apropiación de bienes, el trabajo esclavo al que fueron sometidos algunos detenidos y los vuelos de la muerte.

El valor de los juicios y el papel de las víctimas

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el significado de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y su importancia para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Torres sostuvo que estos juicios exceden la determinación de responsabilidades penales y constituyen una herramienta para conocer la verdad, consolidar la responsabilidad de los funcionarios y transmitir la memoria a las nuevas generaciones.

“La democracia se basa en la ley y ningún grupo, sean funcionarios públicos, militares o civiles, puede estar por encima de ella”, afirmó.

En ese sentido, destacó especialmente la participación de las víctimas durante la investigación y el desarrollo de los procesos judiciales.

“No es posible pensar todo el proceso sin pensar que las víctimas, a través de su participación individual y colectiva, lo empujaron”, expresó.

También resaltó la incorporación de una perspectiva de género y la investigación de los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad. Entre los datos de la causa, mencionó que fueron identificadas 37 mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas en la ESMA y que se logró recuperar la identidad de 18 de sus hijos.

Educación y formación para evitar la repetición

Durante el intercambio con los asistentes, el presidente de la Suprema Corte bonaerense fue consultado sobre la posibilidad de establecer sanciones penales para determinadas expresiones discriminatorias. Frente a esa cuestión, consideró que el derecho penal no debe ser la primera respuesta del Estado.

“El derecho penal es de última ratio, es la intervención mínima del Estado. Hay un montón de caminos antes de llegar al derecho penal”, sostuvo.

En contraposición, señaló la importancia de impulsar herramientas educativas y capacitaciones para abordar esas problemáticas.

Finalmente, remarcó que la construcción de memoria y la defensa de los derechos humanos requieren un compromiso que trascienda el ámbito judicial.

“El desafío es evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir, no solamente con justicia, sino también con educación, formación y capacitación”, concluyó.

Durante la actividad también se presentó el libro sobre la investigación de la Megacausa ESMA, escrito por Torres junto con la abogada Cecilia Brizzio, que reconstruye el proceso judicial desarrollado entre 2003 y mayo de 2019.

De la conferencia participaron el Asesor General de Gobierno Adjunto, Ignacio Grinberg, y la responsable de Unidad de Gestión y Coordinación con Delegaciones, Sofía Peloso. También asistieron agentes de las seis camadas del Programa de Incorporación de Trabajadores, secretarios letrados y relatores delegados del organismo.

Además, estuvo presente la jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea y vicepresidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, Laura Bulesevich.

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