Adrián Grassi: El de Azul es “un departamento judicial prolijo”

Una entrevista de Fabián Sotes

Recorrer toda la provincia de Buenos Aires, en su carácter de Subsecretario del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que está a cargo de Gustavo Ferrari, figura como una actividad habitual en la agenda de Adrián Grassi.

En ese contexto, su presencia en Azul -a esta altura- puede parecer no tan novedosa, teniendo en cuenta las muchas veces que el ex Fiscal de primera instancia porteño ya ha estado, en el marco de lo que es su función desde la cartera de Justicia bonaerense, mantener diferentes encuentros con quienes forman parte del ámbito judicial en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Su paso más reciente por esta ciudad lo ubica a Grassi, el pasado viernes, participando de la ceremonia a través de la cual quedó inaugurada la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul.

Ese mismo día, posteriormente, el Subsecretario de Justicia de la Provincia mantuvo una entrevista con EL TIEMPO. Un mano a mano donde dejó diferentes impresiones relacionadas con el funcionamiento de la justicia en territorio bonaerense. Reflexiones todas que estuvieron enmarcadas en lo que está siendo esa gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal de la que él forma parte.

“Vengo recorriendo toda la provincia desde que asumí en mi función, visitando todos los departamentos judiciales y con distintas actividades. Muchas veces, la mayoría, y sobre todo desde que se inició el proceso de reforma judicial de María Eugenia Vidal, para ir explicándoles a los abogados y magistrados de los distintos departamentos en qué consiste esta reforma. También, para romper con los fantasmas que existen en el ámbito del Derecho en general, que es muy conservador, para que entiendan que esta es una reforma muy sana. Institucionalmente, loable y muy respetuosa de la independencia del Poder Judicial. Son cambios tendientes a mejorar el servicio de justicia en sus distintas aristas y a proteger la independencia judicial”, dijo a modo de prólogo de lo que fue la entrevista con este diario.

Grassi destacó que “hubo reformas al Consejo de la Magistratura y al sistema de enjuiciamiento de magistrados que estuvieron decididamente orientadas a mejorar la forma de designarlos y garantizarles que los procesos de enjuiciamiento en su contra sean más rápidos. Más efectivos cuando hay que destituirlos; pero mucho más ‘garantistas’ cuando no ameritan una destitución”.

Ese plan integral de reforma judicial en la que está inmerso el Gobierno bonaerense tiene en este momento, según Grassi sostuvo, el ojo puesto en lo que son las aprobaciones en la legislatura provincial de los diferentes proyectos destinados a modificar los códigos Procesal Penal, Procesal Civil y Comercial y el Contravencional.

Mientras que la iniciativa de reforma del CPP tiene que ser tratada en Diputados; en la cámara alta se aguarda que suceda lo mismo con los demás códigos.

“La aspiración, obviamente, es que estas reformas a los códigos se aprueben. Pero este es un año muy especial, con lo cual no sorprendería que no se los trate a estos proyectos”, sostuvo Grassi teniendo en cuenta que 2019 es un año electoral.

Una reforma, tres proyectos

-¿Si Vidal no es reelegida, eso puede influir directamente en estos proyectos de reformas a los tres códigos?

-Esperemos que no. Estos son tres proyectos muy buenos que han sido enviados a la legislatura por el Ejecutivo y que también han sido consensuados con distintos sectores, según cuál fuera ese Código. Son proyectos necesarios. Sería una enorme picardía que la reforma judicial se abandone porque el gobierno cambie de color.

-¿De qué manera se encaró esa iniciativa de la reforma judicial?

-Con la convicción de que los resultados no se iban a ver en forma inmediata porque es muy difícil que eso suceda. De hecho, las cosas que ya están ocurriendo, como por ejemplo los cambios en el Consejo de la Magistratura que se están aplicando, han sido luego de un proceso que se extendió por más de un año entre la sanción de la ley, la aprobación del nuevo reglamento, las pruebas pilotos de nuevos exámenes… Lo mismo sucede con la reforma del procedimiento laboral, que ya es una ley vigente pero que su puesta en funcionamiento, prevista de manera explícita para que sea de forma gradual, arranca el año que viene y termina en 2025. La convicción es que hay que modificar; pero que hay que hacerlo de una manera racional para que el cambio sea lo mejor y lo más efectivo posible.

-¿Y con relación a lo penal?

-La reforma del Código Procesal Penal, quizás en su característica más trascendente, tiene un enfoque directo hacia la víctima. Para darle todos los derechos que merece y que hasta ahora, no sólo en los códigos sino también en la práctica, no le han sido reconocidos.

-¿Un ejemplo concreto al respecto?

-Que los jueces no puedan liberar a un imputado sin antes no haber escuchado a la víctima. Es innegable el derecho de la víctima a opinar cuando se va a decidir una libertad. O cuando se va a firmar un juicio abreviado, por ejemplo, que muchas veces la víctima se termina enterando de lo que pasó después y por los diarios. Normalmente, a la víctima le duele mucho no enterarse antes de que eso salga publicado. Por eso, lo que prevé este Código es preguntarle antes a la víctima y, por supuesto, si está en disconformidad, darle el derecho a poder recurrir ese fallo.

-En este contexto en que estamos hablando sobre la víctima, en los juicios con jurados ese derecho de poder recurrir ante una segunda instancia un fallo que no la conforma sigue estando vedado ¿Hay pensada en esta reforma alguna iniciativa para solucionar esta situación que a diario se observa en ese tipo de procesos?

-Este proyecto de Código tiene una propuesta que ojalá sea aprobada y es muy revolucionaria: le da a la víctima, que por cuestiones procesales tiene que presentarse como Particular Damnificado, la posibilidad de recurrir el fallo absolutorio de un juicio por jurados.

-¿Desde el Ministerio de Justicia ya veían a esta cuestión como un defecto cuando los juicios con jurados comenzaron a realizarse en la provincia de Buenos Aires?

-Sí. Además este nuevo Código, lo aclaro porque no es un dato menor, no pretende quitarle ninguna garantía a un imputado. Pero sí pretende otorgarle garantías de absoluta justicia a la víctima. Yo estoy a favor de los juicios con jurados. Por varias razones, es algo muy sano. Pero tienen algunas cuestiones operativas que este Código también pretende solucionar. Si el imputado siempre tuvo esas garantías constitucionales, lo que nos preguntamos es por qué esas mismas garantías no se las vas a dar a la víctima. Con esto que sostengo no se le está sacando nada al imputado; pero sí se le están dando a la víctima herramientas para que también pueda acudir al Tribunal de Casación después de una sentencia de primera instancia que no la conforma.

-¿Qué otras iniciativas contempla ese proyecto de reforma del CPP de la provincia?

-Otra de las cosas que proponemos es simplificar sustancialmente el sistema recursivo. La posibilidad de que actualmente se tengan, con el Código que está vigente, siete instancias judiciales para objetar un fallo no es “garantismo”. Eso es falso “garantismo”, porque lo que se está haciendo es muy insano y así se promueve la impunidad a través del sistema recursivo. Por eso, hay que racionalizar y simplificar el sistema recursivo.

-¿Qué ha hecho la gestión de la que forma parte con relación a la famosa autarquía del Poder Judicial que todavía sigue pendiente?

-Es cierto que sobre ese tema ha habido ideas, planteos y proyectos de ley desde la Suprema Corte. Pero no es verdad que esta administración no haya atendido el tema. Todo lo contrario. Una de las leyes de la reforma judicial pasa por la creación de la Comisión de Mapa Judicial. Y la impulsa el Ejecutivo. Y uno de los objetivos expresos de esa comisión es avanzar en un escenario de autarquía judicial. Lo ponemos como uno de los objetivos prioritarios. Pasa que para eso suceda también es importante tener un diagnóstico certero del estado de situación del Poder Judicial de la Provincia.

-Meses atrás, también acá en Azul, hizo mención a una imagen bastante negativa que la sociedad tenía sobre la justicia, impresión que había surgido de lo que fue una encuesta ¿Se mantiene ese mismo diagnóstico?

-Sí, ahora se mantiene. Esa imagen de la justicia, lamentablemente, para la sociedad sigue siendo muy mala.

-¿Qué se ha realizado desde el gobierno bonaerense para tratar de revertir esto?

-Un objetivo de estos proyectos de reformas a los códigos, por ejemplo, es acelerar los tiempos de la justicia. Al mismo tiempo, después de que en el ámbito penal esto ya existe, se busca también fijar definitivamente la oralidad en el ámbito civil como un principio rector de los procesos.

-¿Sucederá finalmente eso en el ámbito civil?

-Si se aprueba el Código, sí. Esto es tremendamente sano. Pocas cosas ayudan más a mejorar la imagen de la justicia que la gente vea la cara del juez. Eso le permite también al juez, además de que la persona lo entienda, poder explicarle, por ejemplo, por qué está ganando o perdiendo un litigio. Los procesos judiciales se tienen que acelerar. Y todos estos códigos tienen herramientas directas para que eso suceda.

“La convicción es que hay que modificar; pero que hay que hacerlo de una manera racional para que el cambio sea lo mejor y lo más efectivo posible”, dijo Grassi con relación a la reforma judicial que impulsa el Gobierno bonaerense.

Azul, un departamento judicial “prolijo” 

Para el Subsecretario de Justicia bonaerense, “si bien todavía no la hemos tratado específicamente en la Comisión del Mapa Judicial”, la imagen del Departamento Judicial Azul asoma como la de un lugar “prolijo” y que no presenta “situaciones tan urgentes” a solucionar, tal “como puede ocurrir en otros lados”.

“A Azul se lo nota un departamento prolijo. Extenso, pero que no tiene, sacando quizás algún ejemplo en particular -e hizo alusión a la posible creación de otro Juzgado Correccional en Tandil-, situaciones extraordinarias en cuanto a la carga de trabajo”, expresó Adrián Grassi en la entrevista con EL TIEMPO.

“En general, no es un departamento judicial que tenga especiales problemas en cuanto a la litigiosidad. Seguramente, alguna pequeña corrección habrá que hacer cuando tratemos su situación en la Comisión del Mapa Judicial. Tiene carencias, como toda la justicia de la provincia, pero no es un departamento que presente situaciones tan urgentes como pueden ocurrir en otros lados”, indicó finalmente el Subsecretario de Justicia.