«Con este Gobierno nacional de cachivaches que tenemos, podemos esperar cualquier cosa”

“Nosotros arreglamos suspensiones cobrando un alto porcentaje del salario neto de bolsillo”, dice Gustavo Bustamante, secretario general del sindicato ceramista de la seccional Olavarría, y resume el escenario que atraviesan los trabajadores de Canteras Cerro Negro. Uno de esos de los cuales parece demasiado difícil salir. 

A casi dos meses de haber alcanzado una solución parcial al conflicto que estalló tras despidos masivos y la paralización de líneas de producción, la tensión volvió a instalarse en la planta ubicada en el partido bonaerense de Olavarría. La fábrica, una de las más importantes del país en la producción de pisos cerámicos, enfrenta una nueva etapa de crisis que dejó en suspenso a gran parte de su personal.

La Secretaría de Trabajo de la Nación rechazó el proceso preventivo de crisis (PPC) solicitado por la empresa y la firma, propiedad del grupo Sociedad Comercial del Plata, acordó con el Sindicato de Obreros Ceramistas de Olavarria la suspensión de entre 160 y 180 trabajadores durante 60 días, quienes recibirán el 80 por ciento de su salario en mano, según explicaron desde el gremio a Buenos Aires/12. 

La medida alcanza tanto a empleados jornalizados como mensuales, y comenzó a regir en la primera semana de julio. Según precisó Bustamante, las suspensiones afectan directamente a la totalidad de los trabajadores sindicalizados de las líneas de producción de pisos, mientras que los fuera de convenio también se encuentran afectados.

La paralización se da en las líneas 6 y 7, ambas dedicadas a la fabricación de porcelanato. La única planta que sigue operando es la de ladrillos, donde trabajan entre 52 y 54 operarios, aunque también se anticipa una posible suspensión de este sector entre agosto y septiembre. En paralelo, un equipo mínimo de entre 25 y 30 empleados continúa operando en el área de despacho, manteniendo el envío de productos ya fabricados. “Lo importante es que la empresa siga vendiendo y facturando ¿no?”, expresó con ironía Bustamante.

La herramienta legal que motivó este nuevo esquema fue el PPC, que permite a las empresas en crisis avanzar con despidos abonando el 50 por ciento de la indemnización. La presentación también fue rechazada tanto por el sindicato como por la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), por considerar que no estaban dadas las condiciones para justificar un recorte de personal en esos términos. “Lo rechazamos porque el objetivo era despedir por el artículo 247, con una indemnización reducida por disminución de trabajo”, aclaró Bustamante.

La empresa argumentó que atraviesa una situación crítica producto de la caída en los despachos y la apertura de importaciones, especialmente de productos provenientes de China y Brasil, que afectaron seriamente al mercado interno de cerámicos, especialmente al porcelanato. Esta situación se suma al freno de la obra pública nacional y el desplome en el consumo, factores que desde principios de año vienen provocando sobreproducción y acumulación de stock en la planta.

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense confirmaron que la empresa y FOCRA alcanzaron un acuerdo para implementar las suspensiones y señalaron que ya se establecieron las condiciones para aplicar una medida similar en el área de producción de ladrillos, aunque su implementación aún no tiene fecha confirmada. Por el lado del gremio sostuvieron que estas condiciones fueron aceptadas priorizando el cobro de la mayor parte del salario por parte de los trabajadores, dentro de un contexto poco alentador.

El panorama para los trabajadores es de incertidumbre. A partir del 1 de septiembre, cuando venza el plazo de las suspensiones, no hay garantías de continuidad laboral para todos. “No lo sabemos, es el día a día. La verdad que con este Gobierno nacional de cachivaches que tenemos, podemos esperar cualquier cosa”, advirtió Bustamante, apuntando directamente contra las políticas económicas de la administración de Javier Milei.

La reactivación de la actividad dependerá, según el sindicato, de una mejora en las condiciones del mercado. “Ahora queda esperar que el mercado se mueva y que la empresa cambie de postura al necesitar la mano obra”, sintetizó el dirigente, quien insistió en el impacto de las políticas nacionales específicamente sobre el conjunto de la industria ceramista del país.

La chispa que encendió el conflicto

La reactivación del conflicto en Cerro Negro se da luego de una primera crisis que, entre marzo y mayo, dejó un saldo de 59 despidos definitivos. En ese momento, la empresa había enviado 96 telegramas de despido de manera unilateral, sin instancias previas de negociación ni activación del PPC. La reacción del gremio fue inmediata: huelga, corte de la Ruta Nacional 226 y una tensa negociación que se extendió por 45 días.

Como resultado, se lograron 37 reincorporaciones y la firma de retiros voluntarios, pero la línea de producción que había sido interrumpida no volvió a funcionar. Desde entonces, la planta opera a menor capacidad, con una estructura más reducida que la que tenía antes del estallido del conflicto.

La situación no es un caso aislado en Olavarría, ciudad con una economía históricamente ligada a la industria ceramista y minera. En los últimos meses, otras empresas del sector también se vieron afectadas por el mismo contexto. La fábrica de bolsas cementeras FABI cerró sus puertas tras 65 años de actividad, dejando a 150 trabajadores en la calle. Loma Negra, otro actor de peso en el rubro, también realizó despidos masivos.

A pesar de ser parte de un holding empresarial que registró ganancias por más de 66 mil millones de pesos en 2024 y que firmó un acuerdo con YPF por 1.100 millones de dólares para la comercialización de combustibles, Cerro Negro justifica los ajustes en su planta por la “fuerte caída de ventas” y la “crisis económica general”.

Las declaraciones recientes del ministro de Economía bonaerense, Pablo López, dan contexto al escenario que atraviesa la planta. Según detalló, en mayo la actividad en la construcción cayó un 2,2 por ciento respecto del mes anterior, y los insumos como mosaicos y yeso registraron bajas del 24 por ciento y 13 por ciento respectivamente. López vinculó esta caída al recorte de la inversión pública nacional, que generó la pérdida de 73.530 puestos de trabajo en el sector de la construcción respecto a abril de 2024. La desocupación, además, alcanzó el 9,3 por ciento en la provincia en el primer trimestre de 2025.

En este marco, las suspensiones en Cerro Negro no solo reflejan el deterioro de una industria clave en la región, sino que evidencian el impacto directo de las políticas de ajuste y apertura comercial impulsadas por el gobierno nacional, según aseveraron desde el gremio.