Tras la denuncia de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina habló el abogado de la victima
El abogado Sergio Roldán, representante de la médica psiquiatra Jacqueline González, brindó detalles sobre la grave denuncia penal que involucra al centro terapéutico La Trinidad, ubicado en Dorrego 2870. Según explicó el letrado, la situación se originó cuando la profesional detectó que se utilizaba su nombre y matrícula para validar actos médicos sin su consentimiento, incluyendo el otorgamiento de altas a pacientes con patologías delicadas. En declaraciones a Desayuno con Noticias Roldán calificó la situación como «bastante delicada y complicada» debido a la naturaleza de los delitos investigados.
Respecto al inicio de las sospechas, el abogado señaló que la secretaria de la médica fue la primera en notar irregularidades, ya que «veía al paciente un día o en una oportunidad y después ese paciente dentro de la misma clínica era desviado a otra profesional». La situación escaló cuando una médica laboralista de Azul consultó por un certificado de alta otorgado a un chofer de camiones al que González le había realizado previamente un informe negativo. Al respecto, Roldán relató que su defendida se alarmó al confirmar que no había firmado dicho documento: «Jacqueline dice: ‘yo no le di nada, se lo di una vez, le hice un informe negativo obviamente porque era lo que en ese momento le pasaba y no lo volví a ver, pero no he dado ningún alta'».
La investigación judicial, que incluyó allanamientos en la sede del centro y en la localidad de Loma Negra, busca determinar la responsabilidad del director de la institución. El abogado detalló que se descubrió la existencia de sellos apócrifos y el uso de firmas digitales para extender recetas y certificados. En uno de los testimonios más impactantes, Roldán mencionó el reclamo de un paciente que aseguraba haber pagado por su atención: «El señor le dice: ‘yo le pagué a usted noventa y cinco mil pesos’. ‘A mí no me pagó señor porque yo no lo estoy atendiendo’, le respondió ella». Según el abogado, la causa caratulada inicialmente por falsificación y adulteración de documentos es «una causa grave, muy reciente y muy delicada» porque se habrían habilitado de forma irregular a personas que debían portar armas o conducir vehículos profesionales.
