Un juez de Azul participó en la elaboración de un proyecto para prohibir celulares en cárceles bonaerenses
El juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Paulino Pagliere (h), participó en la elaboración de un proyecto de ley que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue presentada en la Legislatura bonaerense por el diputado de La Libertad Avanza Oscar Liberman y contó además con la colaboración de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
El proyecto fue denominado “Ley Rodrigo”, en referencia al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos luego de una extorsión que, según la investigación judicial, se habría organizado desde la cárcel bonaerense de Magdalena.
La propuesta plantea modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y establece que las personas privadas de la libertad no puedan poseer teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos capaces de conectarse a redes de telefonía móvil o transmisión de datos.
De acuerdo con el texto, las comunicaciones telefónicas de los internos deberán realizarse exclusivamente a través de equipos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, se fija un límite diario para esos contactos.
En ese sentido, el proyecto establece que “la comunicación telefónica se realizará exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario. El tiempo de comunicación por interno quedará limitado a un máximo de dos horas diarias, y en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”.
La iniciativa también dispone que cada persona detenida podrá comunicarse únicamente con un listado de hasta cinco contactos previamente registrados, que deberán ser autorizados y supervisados por el Servicio Penitenciario con el objetivo de garantizar la seguridad de los establecimientos y la protección de las víctimas.
Entre los cambios previstos, el proyecto declara la caducidad del “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado durante la pandemia mediante la Resolución Nº 47688/20, que había flexibilizado el uso de dispositivos personales dentro de las unidades penitenciarias.
Además, establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento de los internos. Según el texto, estos mecanismos deberán implementarse de forma progresiva y sin interferir con comunicaciones institucionales o de emergencia.
La propuesta también contempla medidas de control permanentes, como requisas periódicas en celdas y pabellones, controles tecnológicos para detectar dispositivos electrónicos y acciones preventivas destinadas a evitar el ingreso de elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.
En los fundamentos del proyecto, el diputado Liberman sostuvo que la normativa vigente debe adecuarse a las actuales exigencias en materia de seguridad pública.
“El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresó.
Retiro de celulares y control de dispositivos
En las disposiciones transitorias, el proyecto establece un procedimiento para retirar los teléfonos que actualmente poseen los internos en las unidades penitenciarias bonaerenses.
Dentro de los diez días hábiles posteriores a la eventual promulgación de la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los detenidos para que entreguen voluntariamente los dispositivos en un plazo de 24 horas.
La norma prevé que los teléfonos que hayan sido registrados podrán ser retirados por familiares o allegados de los internos luego de seis meses. En cambio, los equipos que no estén declarados deberán ser destruidos en un acto público ante escribano.
Si los dispositivos no son entregados voluntariamente, el proyecto dispone la realización de requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los teléfonos y aplicar las sanciones correspondientes.
La causa que motivó la iniciativa
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó recientemente la prisión preventiva para siete personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y que, según la investigación, habría participado en la extorsión al soldado Rodrigo Gómez.
De acuerdo con la causa judicial, las maniobras se realizaban mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de las unidades penitenciarias.
Un planteo judicial en paralelo
En paralelo al debate legislativo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó un pedido formal ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires para que se deje sin efecto la autorización que permitió el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses durante la pandemia.
En una carta dirigida al tribunal, el jefe comunal sostuvo que la medida había sido adoptada de manera excepcional en el marco del aislamiento dispuesto por el DNU 297/20 y sus prórrogas, y que su vigencia ya finalizó.
“No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, señaló Lanús en el escrito.
El planteo sostiene que, pese al fin de la emergencia sanitaria, los detenidos continúan utilizando dispositivos de telefonía celular de manera indiscriminada y sin controles efectivos, lo que —según se argumenta— facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de las unidades penitenciarias.
