Álvarez denunció al Municipio por la suba del agua y expuso “una trampa” en el Legislativo

El referente del PI afirmó además que halló graves irregularidades en documentación pública: la versión taquigráfica de esa sesión legislativa no da cuenta del detalle del resultado de la votación. En este caso, apuntó a la presidenta y a la secretaria del Concejo.

“La causa que se inició es la AZ630 de 2012. Me presento como usuario del servicio de agua corriente y cloacas contra el municipio de Olavarría”, explicó Álvarez quien detalló que la presentación solicita “que el juez declare la nulidad absoluta de la ordenanza 3502 de 2011, que fue la que aumentó la tarifa del agua, porque su sanción no respeta la ley”, resumió. El ex concejal ya había expuesto la situación públicamente cuando se conoció el resultado de la sesión legislativa de diciembre y expuso en ese momento que las votaciones para modificar tarifas de servicios deben contra con la mayoría absoluta para resultar aprobadas, lo que -por la composición numérica del legislativo local- resulta en una cantidad de once votos, mientras que en este caso, los votos a favor sumaron diez.

Álvarez agregó que recibió “muchas consultas de gente asustada por los montos que les han venido (en las facturas) y a todos les tengo que decir que lo que les va a venir en los bimestres próximos, son peores”.

La presentación judicial solicita que el juez anule la ordenanza 3502 para todos los usuarios del Partido de Olavarría. “Pedimos que tenga efecto sobre los cobros ya efectuados. Si se anula, la concesionaria va a tener que devolver los importes irregularmente cobrados, y el Municipio también va a tener que devolver. Porque se aumentó la tarifa del agua que recauda la concesionaria, y se aumentó un fondo –también se manera irregular- que percibe el municipio”, remarcó.

El ex concejal dio a conocer “una trampa”

Álvarez relató que solicitó la versión taquigráfica de la sesión del 22 de diciembre en el Concejo Deliberante, “es el documento que registra todo lo que pasa y se dice en cada sesión y en cada tema. Es un documento público. Ahí me entero de algunas cosas que agravan la situación del Municipio. Hubo otras irregularidades que no conocía además de la votación. Algunas son formales, entonces las pasé por alto en la demanda”, expresó.

Se trata de una situación que el mismo Gustavo Álvarez definió como “una trampa”. Cada versión taquigráfica da cuenta del resultado de una votación en forma detallada, de manera tal que queda registrado qué bloques y concejales votaron a favor y en contra. Las votaciones deben hacerse en forma general (del total de la ordenanza) y particular (de cada artículo), y el documento registra todos los resultados.

“Hay otra irregularidad que es muchísimo más grave. En la versión taquigráfica en el tratamiento de esta ordenanza que aumento la tarifa del agua a 37 mil usuarios, y un aumento que a fin de año va a terminar siendo en 101%, no figura el resultado de la votación”, afirmó. Cabe aclarar que por unanimidad todos los ediles expresaron conformidad con la dicha versión taquigráfica, aprobada en la sesión siguiente del legislativo.

Álvarez avanzó, “si uno revisa esa misma versión taquigráfica, en los otros temas tratados figura la discriminación clara de quién votó a favor y en contra. Extrañadamente en ese caso no figura y esto es responsabilidad pura y exclusiva de la secretaria del Concejo, Maricel Cides, y de la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Szelagowski. Así está establecido en el reglamento interno”, apuntó.

El ex concejal subrayó: “Se podría interpretar que en realidad hay una clara intención de las autoridades del Concejo de ocultar que no llegaron a los votos necesarios. Es muy sospechoso que en todos los otros temas la versión taquigráfica está completa y, en este, lo único que dice es ´aprobado por mayoría`. No se sabe cómo es esa mayoría”.

Asimismo, el dirigente del PI manifestó que esa irregularidad en la versión taquigráfica, impidió su presentación judicial mediante un “juicio sumario por ilegitimidad” en el mismo fuero, se trata de un juicio abreviado con plazos más cortos. “Lo que pasa que para tener derecho a esa opción necesito prueba documental. La versión taquigráfica es un documento público que, de haber estado confeccionada como corresponde, hubiese podido iniciar ese. Al no tenerlo así me exige ir por el juicio ordinario, que es mucho más largo en el tiempo”, respondió.

Para el ex concejal la situación es clara: “Esta trampa que hicieron no cambia lo que sucedió esa noche. En el pedido de juicio incluimos pedidos de interrogatorios al intendente, a la presidenta del Concejo y a los que votaron en contra”, detalló.

“Quiero hacer especial hincapié en que, la verdad, me resulta grave e inconcebible que el propio Estado Municipal, no solamente viole la Ley Orgánica de la Municipalidades y la Constitución Provincial, sino que intente hacerle trampa a los ciudadanos olavarrienses. Esta cuestión de no reconocer en el papel, el resultado de la votación, es hacerle trampa, es infantil. Pero es algo que no se puede permitir, que el Estado que es el encargado de hacer cumplir las normas, nos mienta a los olavarrienses”, cerró.