Caso Alonso II: Muestran movimientos en la justicia sobre funcionarios mencionados en el juicio

Por ahora, la Fiscalía General de Azul definió las fiscalías que tendrán a su cargo la investigación del caso Alonso II, tal como determinó el fallo del Tribunal en lo Criminal Oral Número 1 de Azul. Por otro lado, se adelantó que habría leves “sanciones” contra un fiscal y un defensor oficial que fueron mencionados en el proceso oral por el asesinato del penalista.

Oficialmente se informó que habrá tres fiscalías encargadas de la ampliación de investigación: las UFI 7 de Susana Alonso en Olavarría, UFI 14 especializada en drogas ilícitas de José Luis Surget de Azul, y la UFI de Delitos Económicos del doctor David Bruna de Mar del Plata.

Por su lado, Bruna también lleva adelante la investigación penal contra el Juez Antonio Saladino acusado por cohecho, entre otros delitos, en su función de titular del Juzgado de Garantías Número 1 de Olavarría.

Este caso dio comienzo tras la muerte del abogado Marcos Alonso. En cuanto a su función pública, el Senado de la Provincia será sede este mes del proceso de pertinencia de prueba, previo a que el presidente de la Corte le ponga fecha y hora a la audiencia oral.

Aunque se quiere mostrar interés en investigar los duros dichos de testigos en el juicio oral que se desarrolló entre agosto y septiembre por el homicidio de Marcos Alonso que, de comprobarse, exponen manejos que al menos rozaban lo delictivo involucrando a abogados y funcionarios judiciales, hay sospechas de que algunos sumarios que por ahora son rumores, y que recaerían sobre el fiscal Martín Pizzolo y el defensor oficial Martín Marcelli serían recursos para mostrar que se investiga ante la falta de elementos probatorios concretos para avanzar en acusaciones concretas.

Pizzolo sería sumariado por no haber estar en la ciudad de Olavarría en enero de 2009, el día en que Walter Gallastegui baleó a Fabricio Armendano en pleno centro de Olavarría. Su fiscalía estaba de turno y, ante su ausencia, la fiscal Susana Alonso tuvo que tomar la causa.

De ser así, suena hasta irrisorio que se le inicie un sumario a un fiscal por parte de su jefatura, por un abandono de su lugar de trabajo, dos años después de los hechos. En el medio, Pizzolo denunció a Serradell por persecución y los choques contra el Fiscal General son sistemáticos.

La Fiscalía General de Azul tardó más en resolver realizar un sumario a un fiscal que lo que tardó el mismo sistema en encontrar a los asesinos de Alonso, y condenarlos por el hecho que fue posterior al episodio que originaría la sanción a Pizzolo.

Es probable también que, en el mismo camino se recurra a un sumario para investigar al defensor oficial Martín Marcelli, ampliamente mencionado en la causa Alonso, no solo por testigos sino también por la amistad que tenía con el abogado fallecido.