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La investigación paralela a la causa por el homicidio del abogado Marcos Alonso, la que tiene en la mira a la justicia local, ya se maneja en las altas esferas de la Provincia. Lo confirmó este lunes el mismo secretario permanente de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, Ulises Giménez, al revelar que la Fiscalía General ya elevó instrucciones penales (IPP) donde habría declaraciones que comprometen al juez de Garantías, Antonio Saladino.

El funcionario judicial explicó que el procurador general “formula una denuncia ante la Suprema Corte y a la Secretaría Permanente del Jurado de Injuiciamiento” que él dirige “con autonomía” y la competencia que “antes tenía el secretario general de la Corte” aclaró Giménez, que también tuvo en sus manos la denuncia contra el polémico juez de Garantías Nicolás Schiavo.

En este caso aseguró “se han puesto en funcionamiento todos los resortes institucionales para la comprobación de un mal desempeño del magistrado. Y ratificó: “Es una investigación que inician los instructores de la secretaría, en forma paralela”.

No trascendieron las imputaciones que se le hacen a Saladino, ya que “preferiría por ahora no explayarme” -dijo-, aunque una puede ser “cohecho” o similar. “Soy un funcionario pasible de recusación, entonces si yo me refiriera un poco más de lo debido al caso podría ser recusado” argumentó.

La investigación al juez Saladino podría implicar, en su momento, una suspensión del magistrado para que la justicia ordinaria siga investigando y pueda tomar las declaraciones que considere pertinentes.

Giménez señaló que “(Saladino) hoy puede seguir cumpliendo su función, en la medida en que el Jurado de Enjuiciamiento encuentre elementos para que sea suspendido y se le pueda tomar declaración. Pero actualmente tiene inmunidad”.