Con los cambios que proyectan este año en la justicia, se espera el cierre del jury a Saladino

Las medidas que se impulsan desde la Legislatura provincial, el cambio en la Presidencia de la Suprema Corte y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados puede sellar la suerte del juez de Garantías Antonio Saladino este año.

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Las medidas que se impulsan desde la Legislatura provincial, el cambio en la Presidencia de la Suprema Corte y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados puede sellar la suerte del juez de Garantías Antonio Saladino este año. Si bien a mediados de 2011 se esperaba que el caso avanzara rápidamente antes del recambio legislativo, finalmente el proceso se vio demorado y las resoluciones quedaron postergadas para 2012.

Trascendió que desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se trabaja en dos proyectos que contarían con la cantidad de votos necesarios para convertirlos en ley. El primero de ellos es la creación de la Policía Judicial y, el segundo, el desdoblamiento de la Procuración General de la Suprema Corte.

Ambos tienen la aprobación del vice-gobernador Gabriel Mariotto, quien impulsaría con la creación de la Policía Judicial, un cuerpo especializado en investigaciones complejas, que limitará a la policía bonaerense; y el desdoblamiento de la Procuración General de la Suprema Corte, para dividir la acción de los fiscales y el trabajo de los defensores oficiales.

Consideran que estas reformas serían claves para que, junto al cambio de la Presidencia de la Suprema Corte en el mes abril y la conformación del nuevo Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados integrado por los nuevos legisladores que asumieron en diciembre, se aceleren los tiempos para determinar la responsabilidad o no del Juez de Garantías Antonio Saladino a quien se lo acusa de cohecho en una causa iniciada en enero de 2010.

Desde la Legislatura provincial, fundamentalmente desde el Senado, se busca intentar acelerar los trámites en el proceso de enjuiciamiento de los magistrados. Hoy, sobre 200 expedientes, 110 fueron archivados y ningún juez fue removido.

Desde 2008, cuando se puso en marcha el nuevo mecanismo de jury, ingresaron en la Secretaría de Enjuiciamiento unos 200 expedientes. Gabriel Mariotto ya dio instrucciones para reforzar la actividad.

Según datos oficiales que reveló el diario La Nación, 90 causas están en trámite, el resto fueron archivadas y, hasta ahora, ningún juez fue removido. El cuerpo recibe denuncias, pero avanza en la pesquisa si lo determina el tribunal designado para tal caso. Ese jurado rotativo está integrado por once miembros: el presidente de la Suprema Corte, cinco abogados y cinco legisladores también letrados, todos elegidos por sorteo.

Al final del proceso, el tribunal resuelve la situación del magistrado. Hoy, hay ocho magistrados suspendidos a la espera del veredicto. Uno de ellos es Antonio Saladino, juez de garantías de Olavarría, sospechado de dejar en libertad a presos a cambio de sobornos. Su destino quedó atado al crimen del abogado Marcos Alonso, ocurrido en enero de 2010. Según la acusación, el letrado habría acordado una suma de dinero con Saladino para mejorar la situación procesal de un cliente.

En paralelo, se renueva el Consejo de la Magistratura, cuya atribución principal es participar en la selección de jueces. El viernes 17 de febrero vencieron los mandatos de los cuatro representantes del Poder Ejecutivo y restan completar otras cuatro plazas correspondientes a legisladores.

Pero además con la llegada del nuevo presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, cargo que se renueva cada año, y que en el 2012 tendrá al frente a Eduardo Néstor de Lázzari, se espera mayor ejecutividad en la causa que se le lleva a Saladino.

El pasado 11 de febrero se cumplieron dos años desde que la Corte dispuso la suspensión de Saladino. En ese momento, fue por 90 días.

De acuerdo al expediente elevado por la Comisión Bicameral el juez que sigue en licencia es acusado por la presunta comisión de los delitos de injurias y cohecho, y por las figuras de “arbitrariedad manifiesta” e “incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo”.

La consecuencia de la demora en la conclusión del proceso, más allá de la definición acerca de la culpabilidad o inocencia del magistrado, repercute en la prestación del servicio de justicia: los dos Juzgados de Garantías locales están a cargo de un único funcionario. En este sentido, el propio intendente Eseverri remitió en julio pasado una nota al presidente del Jurado de Enjuiciamiento y Presidente de la Suprema Corte Bonaerense, Eduardo Julio Pettigiani, para que se fije la fecha inicial del juicio. La comunidad de Olavarría aún espera una resolución.