Los imputados por el secuestro, torturas y crimen de Moreno, a prisión durante el juicio

Jornada histórica para la justicia: este jueves el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata comenzó a juzgar a civiles y militares acusados de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio del abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad.

El proceso se desarrolla en la sede del rectorado de la Unicén en Tandil, localidad donde Moreno estuvo secuestrado, fue torturado y muerto.

A la sala llena se concretó la primera audiencia. Los asistentes en el público, en su mayoría militantes de organizaciones políticas, sindicales y derechos humanos, organizaron paralelamente diversas actividades y embanderaron el edificio del rectorado.

La segunda audiencia se concretará este viernes en la misma sede.

Todos los imputados detenidos

En el marco del juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata decidió en la primera audiencia revocar la prisión domiciliaria de los civiles y militares imputados.

Los acusados son Julio Alberto Tomassi; Roque Italo Pappalardo; José Luis Ojeda; Emilio Felipe Méndez; y Julio Manuel Méndez, sobre privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado, cuya instrucción se llevó a cabo en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Azul.

A todos se les imputa estos tres delitos en relación a Carlos Alberto Moreno, oriundo de la localidad de Olavarría y que se desempeñaba como abogado laboralista.

Los militares Tommasi, Pappalardo y Ojeda, quienes son imputados como coautores, ya se encontraban privados de su libertad, los dos primeros en arresto domiciliario y el tercero en una unidad penal.

El tribunal, integrado por los jueces Néstor Rubén Parra, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, se traslada a la ciudad de Tandil todas las semanas –jueves y viernes- para llevar adelante el juicio, para que el hecho sea ventilado en la zona de la cual es originaria la víctima.

Los funcionarios judiciales argumentaron la medida -celebrada por familiares y allegados de Moreno como así también por las organizaciones de derechos humanos y políticas movilizadas en Tandil- en la necesidad de garantizar el normal desarrollo de los testimonios previstos durante el juicio, que serán al menos 70 que se prestarán en el transcurso de unas seis semanas, según se estimó.

Actividades paralelas

Con una charla abierta que se realizó este jueves por la mañana, en el Centro Cultural Universitario de Tandil, comenzaron las actividades relacionadas al juicio.

La participación civil, de los hermanos Méndez, y la condición de letrado laboralista de Moreno fueron mencionadas durante la actividad de apertura como ejes centrales para entender tanto la colaboración ciudadana durante la última dictadura, como también el avasallamiento de los derechos de los trabajadores que se cometió bajo ese régimen.

María Nazabal, titular del Programa de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Extensión de la Universidad, presentó al panel conformado por el rector de la institución, Roberto Tassara, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alen, y Marcelo Duhalde, director de Prensa de la Secretaría de Derechos Humanos.

El rector de la Unicen, en primer término, destacó el acompañamiento al gobierno nacional “en varias de sus políticas de Estado, como la de inclusión a los jóvenes, pero sobre todo en estas que buscan memoria, verdad, y justicia”. En ese marco, resaltó que la “creación de este nuevo programa desde la Secretaría de Extensión nos permite ahora acompañar con firmeza el trabajo de la multisectorial que organizaciones conformaron por el juicio”.

Tassara, también, indicó que ese paso institucional se dio siguiendo una línea “marcada fuertemente por la Cátedra Abierta de Derechos Humanos que se implementa desde hace años y la enseñanza en nuestros colegios secundarios, varias veces premiados por trabajos en esa materia”.

Duhalde, a su turno, mencionó que “este juicio que se inicia hoy en Tandil es una síntesis de lo que fue la última dictadura y ubica a dos civiles entre los juzgados, lo que representa la composición de los dueños del terror”.

El funcionario, señaló que esa complicidad civil es la que permite además “entender definitivamente los objetivos económicos y el modelo que se persiguieron tras el golpe”, concepto luego ratificado por el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos.

Fue precisamente Alen, quién más profundizó sobre el escenario de complicidades civiles y militares, asociados a “sectores concentrados de la economía siempre representados en entidades como la Sociedad Rural, por ejemplo”.

“Queremos prisión efectiva para los juzgados” advirtió Alen, entre aplausos, tras reiterar que desde el proceso de juzgamiento abierto por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003, y ratificado por Cristina Fernández, “nunca pensamos ni vamos a hablar de reconciliación con quienes cometieron estos crímenes aberrantes para la humanidad. Queremos prisión efectiva para los cinco imputados, porque no podemos permitirnos como sociedad que ningún genocida más camine libre por la calle”.

Tras reiterar que “no existe revancha sino un ejercicio del Estado de derecho a través del funcionamiento efectivo de la justicia”, Duhalde cerró la charla con algunas cifras sobre el avance de los juzgamientos: hasta el 2008 se habían producido apenas 40 condenas, que hasta el año pasado aumentaron a 312, en el marco de 840 procesados.

Luego de la disertación, en el Aula Magna del Rectorado de la Unicen, se constituyó el tribunal en el marco de una movilización popular que contó con la participación de agrupaciones sociales y políticas de Tandil, Olavarría, y otras localidades de la región.

Fuente: Comisión de Comunicación – Multisectorial
Fotos: Abchoy