Por mayoría fue aprobada la rendición de cuentas 2010 en la cuarta sesión del año

Por más de tres horas y media sesionó el Concejo Deliberante. Fue la cuarta reunión ordinaria del año y se debatieron varios temas de importancia. Estuvieron ausentes los concejales del bloque Unión Celeste y Blanco.

Por unanimidad se aprobó que la autovía de acceso a Olavarría –ruta 226 de Pellegrini a ruta 51- así como el enlace entre rutas 3 y 226, lleve el nombre de “Presidente Néstor Carlos Kirchner”. En tanto, por mayoría, con el rechazo de los bloques Peronismo Federal, Alem y PRO, se aprobó la denominación “Plazoleta Doctor Néstor Carlos Kirchner” para el área entre Junín, Guisasola, General Paz y San Martín.

El debate por la rendición de cuentas 2010 fue extenso y resultó en una aprobación por mayoría después de un fallido intento de Gustavo Álvarez (PI) para que se defina por resolución, en vez de por ordenanza, tal como viene sucediendo desde 1983 a la fecha.

Rendición de cuentas

El debate de las finanzas en sí fue abierto por el oficialismo con una enumeración de los principales ítems evidenciando que el 55% de los recursos municipales se generan en Olavarría y que el superávit ascendió a poco más de 9 millones de pesos.

Victoria Wright (FCC) adelantó que su bloque iba a rechazar la rendición que analizó en tres puntos centrales. En cuanto a los ingresos centralizó la crítica en la alta morosidad de la Tasa de Servicios Urbanos –se proyectó una recaudación de 37 millones y se recaudaron 16 millones- y reiteró un tema que su bloque había expuesto el año pasado referido a la responsabilidad municipal en el atraso por los envíos de fondos de las “Obras para todos los argentinos” que impulsa la Nación.

Por el retiro momentáneo de Cominotto y la ausencia de Urlézaga, Carola Patané (PRO) fue presidenta del Concejo.

En cuanto a los egresos cuestionó las diferencias entre las asignaciones y las ejecuciones presupuestarias del intendente, una partida de combustible en Jefatura de Gabinete, asignación para recolección de residuos y falta de claridad en la inversión para tratamiento de residuos patogénicos que llevó a la concejal a suponer “qué hicieron con los residuos patogénicos? Pensamos lo peor”.

Finalmente analizó el gasto de la Secretaría de Desarrollo Social y afirmó que “hay sólo 60 personas que trabajan en la calle para promoción y ayuda social”, y avanzó “se destinaron 9 millones de pesos a promoción social, es el 4% del presupuesto. Eso es la gestión de José Eseverri”.

Las respuestas llegaron desde varios concejales. En principio Álvarez enfatizó la crítica que se había realizado sobre la recaudación de la Tasa de Servicios Urbanos, luego rechazó la posibilidad de que el Municipio tenga que afrontar los fondos demorados de Nación por las “Obras para todos los argentinos” y luego bajó el tono de la crítica a la dificultad para establecer el gasto en tratamiento de residuos patogénicos.

Por su lado, María Irene Blanco, en dos oportunidades se refirió a la asignación de la concesión del servicio de recolección de residuos sin tratamiento del Concejo y a la forma de trabajar en promoción de la Secretaría de Desarrollo Social.

Julio Alem inició su exposición con un reconocimiento a las tareas del intendente y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda por la “administración prolija”, avanzó en cuestionamientos a las críticas de Wright y detalló el gasto municipal en arreglos de calles de tierra con lo que consideró: “Hay que avanzar en la pavimentación de todas las calles de la planta urbana”.

Luego Álvarez volvió a intervenir que inició su exposición afirmando: “Voy a aprobar la rendición de cuentas, pero creo que deberíamos cambiar lo que en 20 años se hizo de la misma manera”. Manifestó –y expuso ejemplos de localidades donde se hace de esa manera- la conveniencia de que la votación de la rendición de cuentas se exprese en una resolución, por representar la opinión del cuerpo deliberativo. Agregó que la rendición de 2009 fue vetada por el Ejecutivo a raíz de las observancias de los legisladores y que, en ese caso, como no se debatió aún el veto, no fue enviada al Tribunal de Cuentas. Resumió que la aprobación por ordenanza permite al intendente revisar la revisión legislativa sobre la rendición de cuentas, tema que en definitiva es lo que hace el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Finalmente, sólo el PJ y FCC apoyaron la propuesta de Álvarez que resultó rechazada por mayoría. En la votación de la rendición del ejercicio 2010 PI y FCC expresaron el voto negativo.

Duro debate por la creación de organismo de control de concesiones
Pasó a archivo con voto mayoritario un proyecto de la Coalición Cívica para crear un Organismo de Control de los Servicios Públicos Concesionados de la Municipalidad. Gonzalo Dolagaray presentó el tema y apuntó “depende del PRO que salga o no” y en referencia a los previos rechazos expresados en comisión cuestionó: “El oficialismo no lo apoya porque es la voz del Departamento Ejecutivo, el Peronismo Federal porque es la voz de Coopelectric y Alem porque es abogado de al menos dos empresas concesionarias de servicios del Municipio”.

Frías retrucó: “Parecería que están preparando el terreno para conseguirle trabajo a algunos amigos” y cuestionó que el proyecto asigna al organismo funciones de otras dependencias que ya están en vigencia. Ignacio Aramburu también salió al cruce y afirmó: “Ha quedado demostrado que cuando el Departamento Ejecutivo quiere ejercer un control lo ha hecho”.

Por su lado, Gustavo Álvarez adelantó su voto favorable y recordó que en agosto de 1998 propuso un proyecto con el mismo objetivo que fue rechazado.

Cuestionamiento a una donación de terreno

En el tratamiento del expediente D-092/11 el concejal Gustavo Álvarez expuso una crítica y rechazó la ordenanza –al igual que Peronismo Federal- que resultó aprobada por mayoría. El proyecto confiere en donación un terreno a una familia, predio que está ocupado desde hace 12 años y donde los beneficiarios construyeron su vivienda mediante el sistema de autoconstrucción.

El edil del PI cuestionó la donación del terreno porque en la encuesta social realizada en octubre de 2010 la familia daba cuenta de ingresos totales (sueldos) por unos 5800 pesos. Para el concejal, el dato implica que la familia está en condiciones de abonar una cuota –a concertar entre el Ejecutivo y los beneficiarios- para “devolver algo de lo que la sociedad le facilitó”.

Durante la sesión se trataron además otros cinco proyectos del mismo carácter que fueron aprobados por unanimidad.