Ayelén Mazzina: “La respuesta a la violencia política tiene que ser un consenso democrático irrevocable”


En este marco, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, invitó a realizar foros de debate a lo largo y ancho del país. Asimismo, instó a trabajar de forma conjunta en pos de frenar la violencia política.

Por otra parte, durante el encuentro, se presentó la campaña “Más paridad, más democracia”, impulsada por el MMGyD y ONU Mujeres. De la misma participaron la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del MMGyD, Paulina Calderón; y la especialista en Gobernanza, Paz y Seguridad de ONU Mujeres, Delfina García Hamilton.

También, y como parte del análisis de la situación en América Latina, se presentaron los resultados del informe “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública”, elaborado por la Alianza Regional para la Libertad de Expresión y ONU Mujeres.

La investigación evidenció cómo la violencia en línea hacia mujeres y LGBTI+ tiene efectos limitantes en su libertad de expresión, principalmente a partir de la autocensura y el disciplinamiento. Así, las personas entrevistadas en el estudio refirieron que la amenaza y la agresión son naturalizadas como “las reglas del juego” en el mundo del periodismo y la política.

Del evento participó también la actriz Thelma Fardín, quien se refirió a la violencia de género digital e instó a las mujeres y LGBTI+ a continuar en la búsqueda de justicia en los casos de violencia por motivos de género y a avanzar en la conquista de derechos en nuestro país y la región.

En ese sentido, puntualizó sobre el juicio contra Juan Darthés y manifestó: “Lo peligroso es que el fallo adoctrine a las mujeres y otras identidades. Las invito a que no tengan miedo de hablar, de llenar los juzgados. Tenemos que volver a tener la fuerza de las calles, a dialogar entre todas. Cuando tenemos todo por perder, lo que no saben es que lo que ya no tenemos es miedo”.

Por último, se llevó adelante un espacio de intercambio en el que tomaron la palabra diputadas, concejalas, funcionarias y referentes de sindicatos y de organizaciones sociales y políticas, entre ellas: la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; la vocera presidencial, Gabriela Cerutti; la diputada nacional, presidenta de la Comisión Mujeres y Diversidad, Mónica Macha; la directora general de la Mujer de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Barone; la presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, Elena Corregido; la secretaria de Estado de la Mujer de Tucumán, María del Carmen “Cuyi” Carrillo; la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires (CENBA), Lena Hartmann; la referenta del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Deolinda Carrizo; la secretaria de Ambiente de la localidad de Quilmes, Eva Mieri; la integrante Grupo asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres e investigadora de CONICET, Any Occoro; la fundadora de Las Julietas, Fabiana Tuñez; la coordinadora del Programa País de ONU Mujeres en Argentina, Verónica Baracat; la secretaria de Género de la CTA Autónoma, Silvia León; y la referenta de La Poderosa, Claudia “La Negra” Albornoz.

Violencia política en América Latina

América Latina ha experimentado importantes avances en la consolidación de regímenes democráticos en las últimas cuatro décadas, dando pasos sustantivos en materia de fortalecimiento institucional y participación ciudadana. La región se encuentra a la vanguardia de la representación de mujeres en toda su diversidad, que se refleja en sustanciales avances normativos: 19 países cuentan con medidas de acción positiva como cuotas o leyes de paridad. Pese a estos avances, no logran eludir las históricas desigualdades ni cerrar la brecha entre la igualdad de género. Transitando la segunda década del siglo XXI, el promedio de participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones en el ámbito público de la región se sitúa en torno al 30 % -excepto en el caso de los municipios, cuya cifra que no llega al 16 %-.

Al analizar los obstáculos estructurales que limitan la participación de mujeres y LGBTI+ en la vida pública, la violencia política basada en género se destaca en forma notable. La persistencia de la violencia política basada en género repercute tanto en los derechos individuales de las mujeres y LGBTI+ como en el conjunto social, al socavar las posibilidades de participación plural y equitativa de todas las personas.

Asimismo, condiciona el espacio público, privando a la ciudadanía de la posibilidad de acceder a voces diversas en sus opciones de representación. Tal violencia, que se expresa en acciones como amenazas, hostigamiento, intimidación, agresión física o sexual, difamación entre otras, ha encontrado en los últimos años un “canal privilegiado” de manifestación en los entornos virtuales. De tal suerte, resulta imperioso alcanzar y profundizar consensos que garanticen condiciones para la plena participación de todas las personas en el espacio público, en particular en contextos electorales, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento, consolidación y avances de las democracias. Sin la plena participación de mujeres y LGBTI+ en la vida pública, tal fortalecimiento no será posible.

Por el MMGyD también estuvieron presentes la titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras, Érica Laporte; la secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Lucía Cirmi Obón; la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Julieta González Salinas; la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Sofía Véliz; el director nacional de Políticas de Cuidado, Leandro Bleger; la directora de Articulación Territorial para la Asistencia y Atención a las Víctimas, Sibila Botti; la directora de Programas Integrales de Prevención, Melina Merelo; la directora nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, Marcela Cortiellas; la directora nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros, Graciela Santos; y la directora nacional de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género, María del Valle Aguilar.

Además, estuvieron presentes la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cecilia Gómez Miranda; la directora de Programas de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Daniela Uribarri; la co-directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Celeste Fernández; la periodista y co-autora del informe presentado, Ingrid Beck; la directora de la Licenciatura en Economía de la UMET, Mercedes D’Alessandro; y la integrante de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancellería, Mabel Bianco; entre otras autoridades y referentas.

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