Cambios en la Ley de Salud Mental: «Los jueces y los abogados no son quienes tienen que decidir en evaluación de pacientes psíquicos»


Ph: Ilustración / Fachada de los Juzgados de Familia de Olavarría.

El gobierno nacional, por decisión del presidente de la Nación, impulsa cambios sustanciales en la Ley Nacional de Salud Mental. Tanto las modificaciones, como la actual Ley, han generado apoyos y rechazos dado que significan cambios sustanciales en el tratamiento de pacientes psiquiatricos.

En el transcurso del debate de la denominada «Ley Ómnibus» en el Congreso de la Nación se escucharon distintas posturas y una más que sobresaliente fue la de la asistente social Claudia Pugliese, quien tiene amplio recorrido en distintos efectores de salud mental particularmente de CABA y además es parte Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones que fue creado por la Ley Nacional de Salud Mental.

Sobre los cambios en la Ley de Salud Mental, Pugliese dijo: «nuestro rechazo es absoluto, porque está reforma no solo ha sido concebida a espaldas del Congreso y del pueblo sin ningún tipo de participación de usuarios, familias y trabajadores. Esta reforma implica un retroceso en todos los sentidos posibles, volviendo a modelos que claramente han fracasado. No solamente en términos de lo nacional, sino en el ámbito internacional. Es volver a la centralización de modelos hegemónicos, a la ausencia de abordajes y evaluaciones interdisciplinarias, a la privación de la libertad, a la despersonalización de usuarios y usuarias, a la manicomialización, al encierro indiscriminado, a la destrucción de los lazos sociales, a la desprotección, a la estigmatización, el aislamiento y la cronificación».

Además de esto, y sobre el proyecto, Pugliese expresó: «los mecanismos que están propuestos en este proyecto son básicamente incorporar nuevamente la intervención judicial y tutelar para las personas con padecimientos psíquicos».

En este sentido, la especialista expresó: «los jueces y los abogados no son quienes tienen que decidir en evaluación de pacientes psíquicos, para esto romper con la interdisciplina es una condición necesaria para que esto pueda darse. Por otro lado es propiciar el encierro como modalidad primordial en el abordaje de sufrimientos subjetivos, habilitar la creación de nuevos manicomios e interrumpir los procesos de transformación de los existentes, eliminar la participación de la población en todas sus posibilidades de representatividad, así como en organismos de derechos humanos y en el órgano de revisión».

En la exposición ante el Congreso, Pugliese expresó además que los cambios promovidos pretenden, «destituir la centralidad de las personas usuarias en la toma de decisiones, esto implica restricción de derechos y autonomía, generar confusión y enunciar posibilidades técnicas para la internación involuntaria cuando está Ley permite absolutamente su aplicabilidad».

«La Ley de Salud Mental promulgada en el año 2010 y reglamentada en 2013, fue debatida, pensada y reforzada y confirmada en el Código Civil del 2015, cuenta con el apoyo de distintas organizaciones nacionales, regionales y mundiales, y cumple con los lineamientos de la OMS y la OPS», expresó la asistente social que presentó los motivos para rechazar cualquier modificación a esta norma.

«Se habla mucho respecto a la permanente falta de implementación y coincidimos en que el problema no es la Ley, el problema es la falta de implementación», cerró Pugliese.

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