Condenaron a dos penitenciarios olavarrienses por agredir a presos

El abogado que los defendía está preso

A tres de los efectivos del SPB sometidos a este proceso, un juez Correccional de Azul les impuso respectivas penas de tres años de prisión en suspenso y de seis años de “inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que impliquen la vigilancia o custodia de personas privadas de la libertad”. Fueron hallados coautores del delito de “vejaciones agravadas por el uso de violencia”.

 

También fue condenada una agente penitenciaria, pero como “partícipe necesaria” del ilícito ya mencionado. Las penas para esa imputada fueron de dos años de prisión de ejecución condicional y de cuatro años de inhabilitación para trabajar en “la vigilancia o custodia” de personas que están presas. El abogado que patrocinó a los encausados en el juicio está detenido. Días atrás fue procesado en una causa penal donde es considerado el líder de una “asociación ilícita” que habría cometido varias estafas con la compra y venta de vehículos automotores.

La Unidad 7. En la cárcel de varones que está en Azul el colectivo que trasladaba a los presos se había detenido. Ahí se generó el primer incidente que finalizó con las agresiones a varios de esos internos que estaban siendo trasladados.

Cuatro agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron condenados por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia, después de que en un juicio, mismo proceso donde otro penitenciario fue absuelto, quedara probado que agredieron a varios presos a los que trasladaban en un micro de una cárcel a otra.

Fuentes judiciales informaron que por el caso se había tramitado un juicio oral en el Juzgado Correccional número 1 con sede en el Palacio de Justicia local.

Uno de los efectivos del SPB condenados en esta primera instancia fue identificado como Marcos Mauricio Coronel, un trabajador social nacido en Laprida que tiene 48 años de edad y figura con actual domicilio en Azul.

También hubo sanciones para dos olavarrienses: Hugo Osvaldo Sánchez, de 39 años, y Cristian Leonardo Eliseo, que tiene 41 años de edad.

Aníbal Álvarez, juez que intervino en este debate, los declaró a los tres coautores penalmente responsable del ilícito ya referido.

Las penas dictadas para cada uno de ellos fueron de tres años de prisión –“cuyo cumplimiento, dada la ausencia de antecedentes penales de los causantes, estimo conveniente dejar en suspenso”, escribió el magistrado en el fallo- y de seis años de “inhabilitación especial para ejercer cargos públicos que impliquen la vigilancia o custodia de personas privadas de la libertad”.

En el mismo juicio oral, una empleada del Servicio Penitenciario llamada Laura Elizabeth Olivera también fue condenada.

En su caso, como “partícipe necesaria” del delito ya referido, “al no haberse acreditado que su conducta fuera la que determinó a los restantes imputados a vejar a los damnificados”, se indicó en lo dispuesto.

Esa situación se tradujo en que le fuera dictada una pena de dos años de prisión en suspenso –“en virtud de carecer de antecedentes penales”– y que también quedara inhabilitada, pero por un plazo de cuatro años, para ejercer empleos públicos que, al igual que para los demás encausados, “impliquen la vigilancia o custodia de personas privadas de la libertad”.

“Debe tenérsela como partícipe secundaria por alentarlos y estimularlos (a los demás condenados) a que prosiguieran con su obrar ilícito y no así como instigadora”, escribió el juez Álvarez en lo dispuesto con relación al rol que desempeñó la empleada del SPB en esa situación ocurrida años atrás y que fuera materia de este debate.

Según se mencionó en el fallo, la mujer es oriunda de Azul, actualmente vive en Olavarría y tiene 36 años de edad.

Golpeados

El hecho materia de este juicio había ocurrido el 11 de abril del año 2012. Según quedó demostrado, cuando era alrededor de la hora 22 de ese día los encausados cometieron el delito por el que resultaron condenados en este proceso.

“Al menos cuatro personas del sexo masculino, todos ellos agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense, encomendados en la tarea de trasladar a un grupo de internos desde el Complejo Sierra Chica hacia la Unidad Penitenciaria N° 29 de Melchor Romero, a bordo de un móvil oficial, al hacer parada en la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul, lugar en el que debían recoger a una interna de la Unidad N° 52, aplicaron vejaciones contra los internos que integraban la comisión”, señaló el juez Aníbal Álvarez.

Como víctimas figuraron varios de los quince presos que, en aquella ocasión, eran trasladados en una unidad móvil perteneciente al SPB.

Una primera secuencia de lo sucedido fue ubicada en la sede de la Unidad 7, la cárcel de varones que está en Azul, penal donde el colectivo hizo escala. Después, ya en viaje, una situación similar se reiteró en la ruta.

“Lo que desencadenó la agresión física que sufrieran los internos, todos los cuales se encontraban esposados e inmovilizados al asiento del móvil, fue el pedido que formulara el interno Martín Quinteros Ludueña al personal de la comisión para ir al baño, al detenerse el micro en la Unidad 7 de Azul”, escribió el juez en el fallo.

Dicho permiso le fue “arbitrariamente negado”. Y, continuó señalando en el fallo el titular del Juzgado Correccional 1 de Azul, “ante el insistente reclamo por parte del mencionado, personal de la comisión ingresó al camión y comenzó a agredir al reclamante, mediante golpes de puño, con la culata de la escopeta y con una cachiporra”.

“Ello motivó el reclamo del resto de los internos, quienes pedían a los gritos que cesaran en su actitud, ante las lesiones evidentes que presentaba su compañero”.

En ese contexto, los efectivos del SPB “arremetieron contra el resto de los internos, golpeándolos con la misma modalidad”.

Las versiones de los presos golpeados se convirtieron en uno de los elementos para dar por demostradas tanto la existencia del hecho como las autorías de los efectivos del SPB en el incidente.

En medio de esa situación, la empleada del SPB que también fue condenada en este debate “instigaba activamente y a viva voz a sus compañeros masculinos para que continúen e intensifiquen las agresiones proferidas a los presos que guardaban”, agregó el juez Álvarez sobre lo sucedido.

El dato

Para todos los efectivos del SPB que fueron condenados el juez Álvarez valoró como atenuantes “la falta de antecedentes penales”. Como agravantes, en tanto, el magistrado azuleño tuvo en cuenta “la pluralidad de víctimas y la circunstancia de que éstas, al ser golpeadas, se encontraban esposadas, lo que las colocó en un estado de indefensión”.

EL ABOGADO ESTÁ PRESO

Los cuatro agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense condenados en esta primera instancia estuvieron siendo patrocinados en el juicio que se hiciera en los Tribunales de Azul por el abogado Mauro Luciano Monteleone.

De 42 años de edad, el penalista olavarriense está detenido desde semanas atrás, luego de que había sido procesado por varias estafas y por -supuestamente- liderar una organización delictiva que cometía ese tipo de defraudaciones con la compra y venta de vehículos automotores.

Dichas unidades, al parecer, eran pagadas con cheques sin fondos y cartulares que eran robados, según se ha podido demostrar con relación a uno de esos hechos en la investigación penal que por el caso lleva adelante la fiscal Laura Margaretic desde la UFI 2 de Azul.

Días después a que finalizara este juicio donde se desempeñó como Defensor Particular de los encausados, Monteleone fue detenido en Olavarría, en el marco de uno de los allanamientos realizados en esa pesquisa donde, en total, hasta el momento los acusados son cuatro hombres.

En principio, el abogado olavarriense y los demás imputados habían estado detenidos en la Seccional Primera de Azul. Pero según voceros policiales informaron ayer a EL TIEMPO, ahora todos ellos -entre los cuales hay dos azuleños- permanecen en la Estación de Policía Comunal que está en Tapalqué.

TESTIMONIOS

Sofía Ballesteros, abogada del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, fue quien denunció lo sucedido, la situación que días atrás se tradujo en las condenas para estos cuatro efectivos del SPB: Marcos Mauricio Coronel, Hugo Osvaldo Sánchez, Cristian Leonardo Eliseo y Laura Elizabeth Olivera.

Uno de los reclusos agredidos en aquella ocasión, el que recibió más golpes, “hizo saber que denunciaría la agresión ilegítima”, se indicó en la resolución.

Ese interno resultó con “hematomas múltiples en región occipital, en parte posterior de región cervical, en región parietal derecha, en región fronto-nasal con edema regional, en región de la linea axilar anterior sobre hemotórax izquierdo, en región de espina ilíaca-superior izquierda, en hombro izquierdo y en región pectoral derecho”, escribió el juez en el fallo.

En tanto, a otro preso los agentes penitenciarios “le causaron un hematoma en la región superior del cráneo con edema regional”.

Una tercera víctima sufrió “un hematoma en la región superior del cráneo con edema regional” y el cuarto de los reclusos atacados resultó con “una lesión eritematosa en la región esplénica abdominal, un hematoma en el tercio inferior de brazo derecho, parte interna, un edema en el tobillo derecho con dolor a la movilidad”.

Todas esas lesiones fueron consideradas de carácter leves.

Según uno de los presos declaró en el debate, las agresiones ocurrieron en el interior del colectivo en el que estaban siendo trasladados.

El micro se detuvo en la banquina y ahí comenzaron a atacarlos “con palos y con las culatas de las escopetas”, en momentos que todos ellos viajaban esposados.

Otro de los presos agredidos contó en el juicio que cuando un compañero suyo pidió ir al baño los efectivos del SPB le respondieron “que se mee encima”.

“Entraron y nos empezaron a golpear en la cara y en el cuerpo”, recordó sobre lo sucedido esa noche, después de que -durante el traslado a esas unidades penales a las que eran remitidos- el micro había hecho escala en la Unidad 7 de Azul.

Los testimonios ubicaron a los agentes penitenciarios varones como los agresores, mientras que la mujer que también fue condenada “gritaba diciendo que les siguieran pegando porque eran unos negros”.

Esas agresiones ocurrieron cuando todos ellos estaban esposados en el interior del colectivo y los efectivos del SPB utilizaron las itacas que portaban para golpearlos “en la cara, en la cabeza y en el cuerpo”, declaró una de las víctimas sobre aquel incidente.

ABSUELTO

En el mismo debate, otro efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense que también figuraba como imputado en esta causa penal fue absuelto.

El juez Aníbal Álvarez tomó esa decisión al dar lugar al desistimiento de acusarlo que hiciera el representante del Ministerio Público Fiscal.

“Corresponde absolver libremente de culpa y cargo a Mario Ramón Fernández”, señaló el titular del Juzgado Correccional 1 de Azul con relación a ese otro encausado: un empleado del Servicio Penitenciario oriundo de Pigüé, actualmente domiciliado en la localidad olavarriense de Sierra Chica y que tiene 51 años de edad.

Un dato final relacionado con este caso indica que tiempo antes ya había sido condenado otro efectivo del SPB por este hecho.

En el fallo relacionado con este juicio fue identificado como Daniel Smith, un sargento Ayudante del SPB. (El Tiempo de Azul)

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