De Lázzari apuntó a funcionarios por “obstaculizar” investigación de torturas
El presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, acusó a funcionarios provinciales y de la Procuración de “obstaculización y amedrentamiento” contra un defensor que intervino en el caso de una mujer trans que denunció malos tratos en una cárcel del Servicio Penitenciario (SPB).
En otra dura resolución contra funcionarios bonaerenses, De Lázzari apuntó contra el secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés (virtual número 2 del organismo) y el titular del SPB, Xavier Areces, a quienes acusó de intentar “obstaculizar las funciones” del Defensor de Casación Penal, Mario Coriolano.
Según el escrito del titular de la Corte, Coriolano intervino en el caso de una mujer trans portadora de VIH, detenida en un penal bonaerense, que denunció haber quedado paralítica y conectada de por vida a una sonda urinaria a raíz de una deficiente atención sanitaria.
Tras la intervención del Defensor (que también es integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura), la víctima obtuvo la morigeración de la prisión.
Ante esta situación, según el escrito, Areses formuló una denuncia en la Secretaría de Política Criminal de la Procuración de la Corte, en la que acusó a Coriolano de haber visitado a la detenida sin autorización y haber llevado a una periodista, a quien identificó como parte de su equipo.
La presentación fue impulsada por Pont Vergés, quien la remitió a la secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento y a la Fiscalía General de La Plata, que inició una investigación penal.
Frente a esto, De Lázzari emitió una resolución en la que instó a las autoridades intervinientes que “se abstengan de llevar a cabo acciones que pudieran implicar un obstáculo (o amedrentamiento de) la labor de toda persona” que actúa en la causa.
Además, le pidió al Procurador Julio Conte Grand los detalles de las denuncias iniciadas contra el SPB por el caso de la mujer trans, y le ordenó que se proteja la identidad e integridad de los posibles testigos. También solicitó copias de la causa penal iniciada contra Coriolano.
