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Discapacidad e inclusión real: una asignatura pendiente

Ciclo de charlas gratuitas del CAA / El Dr. Juan Antonio Seda brindó una charla denominada “Derecho de la personas con discapacidad:
Legislación, Jurisprudencia y debates actuales”, donde se abordó la realidad jurídica de más de 5 millones de personas en nuestro país, de acuerdo con los datos arrojados por el censo 2010.


La propuesta se enmarcó en el ciclo de capacitaciones que ofrece, de manera gratuita, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, a todos sus matriculados y matriculadas. “Los derechos de las personas con discapacidad, el mundo jurídico que gira en torno a ellos y los abordajes que alienta la especificidad de esos derechos siguen siendo, en nuestro país, materia de escaso debate y poca visibilización.

Desde el CAA, entendemos que el planteo es urgente, además de vital. Para ello contamos con un Instituto de Discapacidad que trabaja de manera permanente en la difusión y tratamiento de herramientas que son de suma utilidad para las familias que atraviesan una situación compleja de
vulneración de esos derechos o tienen problemas con los organismos públicos y privados encargados de velar y hacer cumplir esos derechos”, sostuvo Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados
Departamental.


En relación a los puntos recurrentes del debate en torno a los derechos de las personas con discapacidad, Seda subrayó que la discusión no tiene un carácter tan jurídico sino que más bien se centra en la asignación de recursos: “en el ojo de esta tormenta siempre están las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. No son pocos los casos de prestaciones pendientes que se resuelven a través de los amparos. En suma, la sustancia de ese debate suele ser el estudio de los costos y prestaciones que deben
cubrir esas entidades y, generalmente, cuando lo hacen no es por pedido de los afiliados sino porque se resuelve a través de un amparo, es decir, por orden judicial”.


La salud, la educación y la sostenibilidad En lo que refiere al cumplimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la salud
y la educación ocupan un lugar privilegiado: “el actual sistema deposita en las obras sociales y empresas de medicina prepaga, la obligación de cumplir con prestaciones que son inherentes a la salud pero también alcanzan el área de la educación, como los gastos de traslados y apoyos para personas con discapacidad en el ámbito educativo son cubiertas, lo cual conlleva un debate sobre la sostenibilidad del sistema. Muchas de las personas que motorizan los reclamos y planteos por la vía judicial, ya intentaron
la resolución del conflicto por la vía administrativa de aquellas empresas de medicina prepaga u obras sociales de las que son beneficiarios.


La demanda por la vía judicial viene a sanear un derecho vulnerado. Podemos hablar de inclusión? No necesariamente, la vía judicial repara un problema de distribución y de administración de recursos sanitarios, entre otros, pero no constituye per se una herramienta de inclusión real.


Un debate más profundo también debería incluir el análisis de la escasez de esos recursos de la falibilidad de las coberturas y cuáles son las condiciones actuales de un sistema de distribución que pretende esgrimir la solidaridad como principio”, subrayó Seda.

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