El Gobierno oficializó los límites a las prisiones preventivas

La resolución de la Comisión Bicameral que delimitó el dictado y los alcances de la prisión preventiva fue publicada este martes en el Boletín Oficial, por lo que desde el viernes entrará formalmente en vigencia y preanuncia una catarata de planteos judiciales para revisar la situación de quienes hoy están detenidos sin condena.

A través de la Resolución 2/2019, se llama a implementar los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal a partir del “tercer día hábil posterior a la fecha de publicación” del texto, es decir, desde el viernes. Se implementarán en todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, así como en las causas iniciadas en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

El artículo 221 indica qué se debe considerar a la hora de definir el “peligro de fuga”. Entre otras razones, se considerarán el arraigo y las facilidades para abandonar el país; la naturaleza del hecho y la constatación de detenciones previas; el comportamiento del imputado, “en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio”.

En tanto, el artículo 222 -crucial para los casos en cuestión- trata el “peligro de entorpecimiento” en la averiguación de la verdad. El artículo señala que se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado: “Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución; hostigará o amenazará a la víctima o a testigos; influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren”.

Además, el artículo 210 enumera nueve medidas de coerción (desde la promesa del imputado de no obstaculizar la investigación hasta el arresto domiciliario y la vigilancia con dispositivos electrónicos) anteriores a que se pueda dictar la prisión preventiva.

El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado por el Congreso a fines de 2018 y su aplicación, prevista en etapas, comenzó a regir en junio.

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