Arroyo defendió el proyecto para otorgar créditos a productores de la agricultora familiar

Mediante videoconferencia, un plenario de las Comisiones de Legislación General y Agricultura y Ganadería realizó una reunión informativa sobre una iniciativa que crea el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF).

La diputada Cecilia Moreau, titular de Legislación General, y autora de la iniciativa, destacó el “impacto positivo” de la norma y “la importancia para las familias productoras de tener un terreno propio en el que trabajar la tierra”. “Aproximadamente el 75% de quienes producen no son dueños de la tierra, se trata de cambiar esta antinomia”, explicó.

Por su parte, el diputado José Ruiz Aragón, presidente de Agricultura y Ganadería, se refirió a la “la escasez de tierras para poder producir” como un reclamo de las organizaciones del campo. “Desde el Estado se han impulsado parques industriales o diferentes cadenas productivas, pero no se ha impulsado el acceso con créditos blandos para los pequeños y medianos productores”, reclamó.

Invitado al plenario para exponer su opinión sobre la iniciativa, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, consideró que el acceso a la tierra para la agricultura familiar se trata de “algo verdaderamente sustantivo”.
“No es solo desarrollo local, encadenamiento productivo y dotar de crédito a los productores, sino que es mejorar la calidad nutricional. La mala calidad nutricional es uno de los problemas sociales más graves en la Argentina”, detalló el titular de Desarrollo Social.

“La ley nos va a permitir avanzar diez pasos, en un contexto donde el precio de los alimentos es el problema central y el mayor generador de pobreza”, agregó.

Del mismo modo, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, remarcó la “integralidad” del proyecto de ley y destacó que “viene a apuntalar un modelo de producción que va ampliar la oferta de alimentos”.

En ese sentido, Tolosa Paz explicó que la iniciativa va a “utilizar parte de la estructura de la tierra ociosa en manos del Estado, como por ejemplo la Agencia de Bienes del Estado, al servicio de priorizar esa tierra a un modelo productivo”.