“En Salud Mental muchas veces se ha internado por las dudas o porque un familiar molestaba”

Un ex funcionario de Mauricio Macri y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría habló sobre los cambios que Javier Milei quiere introducir en la Ley Nacional de Salud Mental.


Luciano Grasso es de Tandil y fue funcionario de Mauricio Macri en el área de Salud Mental. Además el profesional es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN y es una de las voces más respetadas en materia de salud mental.

Grasso habló con el diario El Eco de Tandil e hizo referencia a los cambios que promueve Javier Milei en la Ley Nacional de Salud Mental.

Grasso expresó sobre las posibles modificaciones, “es un retroceso claro en materia de salud mental” y manifestó que existen “intereses creados” detrás de la modificación de alguno de los articulos de la Ley.

Grasso manifestó que algunos de los cambios permiten a los jueces dictaminar la internación de una persona por cuestiones de salud mental y habilita la creación de los manicomios, una medida que va en contra de las recomendaciones y estándares sanitarios internacionales.

“La Ley actual, que todavía no se modificó, dice que siempre la decisión de una internación tiene que estar a cargo de los profesionales de salud especialistas; no puede un juez, que es abogado, decir ‘esta persona tiene criterio de internación’”, comenzó diciendo Grasso.

Al mismo tiempo, Luciano Grasso agregó: “lo que introduce la Ley es que un juez o el abogado defensor
de una persona con problemas de salud mental, sin la mirada de un profesional de salud, pueda ordenar una internación o pueda, por ejemplo si la persona está internada y el equipo considera que está en condiciones de alta, frenar” ese proceso.

En este sentido, Grasso se mostró en contra de otorgarle estos atributos a jueces y abogados y remarcó que, de aprobarse una norma de estas características “se termina vulnerando un derecho, porque puede ser que una persona sea internada sin necesidad o sea retenida dentro de una internación sin criterio”.

“Esto es algo que en otros problemas de salud nunca pasó porque sería ilógico pensar que porque alguien tiene diabetes, hipertensión o problemas del corazón lo van a internar innecesariamente”, consideró.

“En materia de salud mental sí, muchas veces se ha internado por las dudas o porque un familiar molestaba un poco”, destacó

Grasso se refirió por otro lado al artículo que quita la obligatoriedad de que las internaciones de salud mental se realicen únicamente en los hospitales generales, con lo cual quedan habilitadas las internaciones en hospitales neuropsiquiátricos.

“Está demostrado que los hospitales psiquiátricos, llamados manicomios, son lugares que terminan favoreciendo las internaciones prolongadas”, dijo al respecto el especialista entrevistado, y contó que “no podemos desconocer que hoy en nuestro país hay 42 hospitales neuropsiquiátricos públicos,
donde hay miles de personas que están viviendo desde hace muchos años”.

“La Ley dice que hay que ir externándolas, que hay que ir generando los dispositivos para que esas personas puedan vivir en comunidad”, señaló

Grasso sobre la norma vigente y aseguró que el proyecto de Milei “va en contra de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los compromisos que fijó el Estado argentino; va a contramano de todo”.

“Por sobre todo, va a permitir que siga habiendo este tipo de instituciones de encierro”, se quejó el especialista.

La Ley 26.657, sancionada en 2010 por el Congreso nacional, plantea un cambio de paradigma en materia de atención a la salud mental y más allá de haber sido el resultado de reclamos e intensos debates, no ha permanecido ajena a las críticas.

“Todos los problemas que plantean los que son críticos de la Ley son problemas que existen”, reconoció Grasso, pero reiteró que “también hubo y sigue habiendo actores que por intereses creados querían retocar algunos artículos de la Ley, que son los que evidentemente ahora se han colado”.

Finalmente, refirió que “el riesgo de que sea aprobada está, porque hay que ver cómo se dan las negociaciones y los debates”.

“Seguramente hay otros temas en los que se va a poner el foco más que en estos, entonces ahí hay que ver hasta dónde los legisladores hilarán fino como para poder decir que estamos de acuerdo, o que esto no pasa”, señaló Grasso.

Ante la preocupación que comparten representantes de distintos espacios y organizaciones del campo de la salud mental, la semana próxima se esperan diversos encuentros con diputados y senadores nacionales para dialogar al respecto.

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