Irá a juicio un militar acusado de abusar a tres soldadas voluntarias en Azul

La causa penal que tiene a un militar procesado por hechos de abuso sexual en perjuicio de tres soldadas voluntarias que estaban a su cargo en el Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” se elevó a juicio.

La medida fue ordenada por Gabriel Di Giulio, el titular del Juzgado Federal 1 que tiene su sede en Azul.

A través de lo resuelto, ese magistrado no hizo lugar a un pedido de sobreseimiento que en favor del investigado presentara su defensor Particular, el abogado Germán Senn.

El militar acusado se llama Héctor Lorenzo Andersen y tiene 45 años. Oriundo de Esquel, la ciudad ubicada en la provincia de Chubut, figura con actual domicilio en Azul.

A través de lo resuelto el lunes, el juez Federal Di Giulio continúa considerando a Andersen el probable autor de los siguientes delitos: “Abuso Sexual Simple reiterado (3 hechos) en concurso real con Coacción (2 hechos)”.

En el marco de lo que fuera la instrucción -ahora ya concluida- de esta causa, el magistrado azuleño había mantenido esas mismas calificaciones penales para Andersen cuando se pronunciara a favor de su procesamiento en mayo del año anterior.

En aquel entonces, además, el Juez Federal ordenó esa medida para el militar sin dictarle la prisión preventiva, por lo que Andersen continúa en libertad. Y a través de su procesamiento, Di Giulio había trabado embargo sobre los bienes del presunto abusador “hasta cubrir la suma de 3.000.000 de pesos”.

A principios de septiembre de 2023 los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Mar del Plata habían confirmado parcialmente el procesamiento para el investigado. Y por medio de lo que se resolviera en esa segunda instancia, la imputación para Andersen quedó limitada a los hechos de abuso sexual que, de acuerdo con lo investigado, tuvieron como víctimas a tres soldados voluntarias durante el tiempo que eran sus subordinadas en el cuartel militar con asiento en esta ciudad, el ya referido RC Tan 10 “Húsares de Pueyrredón”.

Más allá de lo resuelto desde la Cámara Federal hace cinco meses, en el escrito que se tradujo anteayer en la elevación a juicio de este expediente el titular del Juzgado Federal 1 volvió a imputarle también a Andersen esos dos hechos definidos por el delito de “coacción”.

“No se me escapa que en la resolución de la Excelentísima Cámara Federal de Mar del Plata que confirmó el procesamiento del imputado se excluyó la figura de la Coacción, por cuanto la conducta se encontraba implícita en los abusos”, refirió el Juez Federal azuleño en el pronunciamiento más reciente vinculado con esta causa. Y agregó: “Sin perjuicio del alto criterio del órgano de Alzada…, habré de sostener el referido encuadre, por cuanto la Coacción imputada y así calificada se cimenta en una conducta independiente del abuso, circunstancialmente diferenciada”.

Valorando los hechos materia de esta investigación penal, Di Giulio concluyó que “el imputado habría abusado; pero luego habría hecho uso de amenazas con el propósito de que la víctima no denuncie o informe los abusos”.

“Esas conductas, en mi sincera opinión, son el basamento de un reproche autónomo que concurre materialmente con el delito contra la integridad sexual”, puede leerse en lo dispuesto anteayer al ser elevado a juicio este sumario que lo tiene como acusado al Sargento Primero del Ejército.

Denunciado

Los antecedentes de este caso se remontan a una denuncia que hiciera la primera de las jóvenes que figura como víctima de los abusos que le atribuyen a Andersen.

Esa presentación contra el militar investigado data del 1 de diciembre de 2022 y fue formulada ante la Comisaría de la Mujer y la Familia perteneciente a la Policía bonaerense que tiene su sede en Azul.

En un principio, el sumario penal que se inició quedó radicado en el ámbito de la justicia ordinaria. Pero en febrero del año anterior, teniendo en cuenta el lugar donde supuestamente ocurrieron los abusos, desde la Justicia Federal se aceptó la competencia en esa causa que ahora ha sido elevada a juicio en una primera instancia.

De acuerdo con lo que esa joven refiriera, mientras desempeñaba tareas en el Ejército como voluntaria y Héctor Lorenzo Andersen era su superior, ese hombre comenzó a hostigarla, proponiéndole “que se traten con confianza, que lo abrace” y “que lo bese en la mejilla, cerca de la boca”.

Además, la voluntaria refirió que el Sargento Primero solía abrazarla y que cuando lo hacía llevaba sus manos hasta cerca de los glúteos de ella, evidenciando en ese accionar una clara connotación sexual. La misma que manifestaba también cuando “le tocaba la zona del ombligo” y, mientras le enseñaba a manejar, “la pierna”.

A través del testimonio de esa joven se supo que, cada vez que se acercaba a ella, Andersen le hacía masajes en los hombros; mientras le expresaba textualmente: “Relajate boluda, estas re tensa”. Y que era habitual que le hiciera comentarios de índole sexual, colocándola en una situación de vulnerabilidad y valiéndose de una relación de poder donde mediaba también la violencia de género, por tener una superioridad jerárquica sobre ella.

Con el avance de esta investigación penal -llevada adelante desde la Fiscalía Federal que en Azul actualmente conduce María José Buglione, la funcionaria judicial que en diciembre pasado solicitara la elevación a debate de la causa que fuera ordenara anteayer- dos voluntarias más del Ejército que estaban a cargo de Andersen instaron la acción penal contra ese militar, que tiempo después sería procesado.

A través de sus versiones, ambas dieron cuenta también de situaciones de abuso por parte del imputado, las cuales tenían similares características a las que sufriera la joven que en un principio denunció al Sargento Primero.

“La supremacía de mando de Andersen, en cuanto a la posición privilegiada de poder, y la vulnerabilidad de las soldadas en el contexto descripto, fue aprovechado para desplegar su accionar”, concluyó el Juez Federal para disponer la elevación a juicio de esta causa, relacionada con hechos sucedidos en el Cuartel de Azul durante el transcurso del año 2022.

En ese entonces dos de las víctimas tenían 21 años de edad y la otra, 19. Las tres habían ingresado recientemente al Ejército y dos de ellas, al no ser oriundas de esta ciudad, no contaban “con el apoyo o contención familiar cercana” -se menciona en lo resuelto- cuando sufrían aquellos hechos por parte de Andersen.

En ese contexto de violencia de género que las tuvo como víctimas, las jóvenes tuvieron que “soportar los comentarios y las proposiciones de índole sexual”, al igual que “tocamientos, abrazos y besos que debían darle a un hombre de más de 40 años de edad, ante la amenaza grave y permanente que, aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se hallaban las víctimas, sustituye el consentimiento por el empleo coactivo de la relación de dependencia de autoridad” para la comisión de un delito “doloso”; accionar que por parte del militar se extendió “durante un tiempo prolongado y en varias oportunidades”, escribió el juez Federal Di Giulio.

Si bien las conductas de Andersen no implicaron que accediera carnalmente a las jóvenes ni que tocara sus partes “púdicas”; el magistrado que elevó a juicio esta causa afirmó que para las tres implicó “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”, teniendo en cuenta que incluían por parte su acosador “frases de contenido sexual explícito”.

Al respecto, en uno de los casos se menciona que el Sargento Primero le dijo textualmente a una de las víctimas: “Che, Negra, cuándo vamos a coger”.

El dato

El tipo de abuso sexual que le siguen imputando al Sargento Primero del Ejército contempla, ante una eventual condena, penas de “reclusión o prisión” que van desde los seis meses a los cuatro años.

Había declarado

El sargento Primero Héctor Lorenzo Andersen había declarado en el marco del sumario penal que lo continúa teniendo como imputado. Y a través de su testimonio negó haber desarrollado las conductas que le siguen endilgando.

Según sostuvo, las soldados voluntarias que lo denunciaron “confabularon en su contra”.

Germán Senn, el abogado defensor del militar, se había opuesto a la elevación a juicio de la causa, solicitando en consecuencia el sobreseimiento de su cliente, un pedido que terminó siendo rechazado en esta primera instancia.

Según sostenía Senn, los dichos de las tres denunciantes -a los que el juez Di Giulio les ha otorgado plena credibilidad- no tienen “sustento probatorio” en versiones de testigos incorporadas también a esta investigación penal.