Con el apoyo del massismo Vidal consiguió la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnologica

En una caldeada sesión realizada en la tarde de este jueves, la Gobernadora María Eugenia Vidal logró que la Cámara de Diputados de la Provincia sancionara la Ley que declara en la Provincia la Emergencia Administrativa y Tecnológica.
“Se trata de una Ley clave”, sostienen desde el Ejecutivo Provincial.
La idea subyacente que empujó el proyecto de Emergencia Administrativa y Tecnológica; elaborado en el ministerio de Coordinación y Gestión que conduce Roberto Gigante, con la colaboración del secretario Legal y Técnico Julio Conte Grand; pretende instaurar procedimientos céleres y ágiles, con “el foco puesto en la provisión de bienes y servicios necesarios para poner en marcha la provincia”, según dijeron.
Los principales aspectos de la normativa incluyen el planteo la emergencia con una duración de 1 año, y por cuerdas separadas propone algunos cambios normativos que son el puntapié inicial del plan integral de reforma de la gestión pública.
El objetivo de la declaración es establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas.
La selección del procedimiento de emergencia debe estar fundando. Todo proceso se debe publicar en el Boletín Oficial y en la página web del ministerio,
además, se debe notificar a las cámaras empresariales que se hayan adherido. Asimismo, previo a la adjudicación intervendrán los organismos de control según el caso.
Si la contratación no supera el monto de unidades de contratación que determine la reglamentación, el órgano contratante podrá disponer la adjudicación, previa intervención de la Fiscalía de Estado, que deberá expedirse con un plazo máximo de cuatro días.
En el caso que se superase la cantidad de unidades de contratación que se determine, se dará intervención con carácter previo a la adjudicación, a la Asesoría General de Gobierno, Contaduría General y Fiscalía de estado, para que actúen en forma simultánea y emitan su opinión en un plazo máximo y común de cinco días hábiles.
De esta forma en el Poder Ejecutivo pronostican reducir a la mitad los tiempos que insumen los trámites de licitaciones, que en promedio hoy son inviables: 6 meses para bienes y servicios -que es competencia de este nuevo proyecto- y entre 9 y 11 meses para obra pública –que compete el proyecto de Ley de Emergencia en Infraestructura.
Según se pudo saber, el punto técnico de mayor discusión que contiene el proyecto de marras, independientemente de las cuestiones políticas, fue el tercer Título de la iniciativa, que comprende del artículo 22 al 28.
Allí se habla sobre la Regulación del contrato de servicio y régimen salarial del personal de gabinete, donde, básicamente, se establecen las condiciones de los contratos de servicios que se podrán celebrar durante la emergencia, y de esta forma se apartan de las previsiones contenidas en la ley 10430.
No obstante, se aclara que los contratos que estuvieren cumpliendo a la fecha de entrada en vigencia de la normativa continuaran bajo dicho régimen. Además, se expresa que los contratados bajo esta modalidad de la emergencia no podrán intervenir en actuaciones administrativas ni serle asignadas tareas propias del personal permanente con estabilidad y cesará en forma automática al término de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desempeñe. Dos artículos son los que quedaron en el centro de las negociaciones, el 25 y el 26.
Los legisladores se aseguraron, entre los muchos cambios que se introdujeron al proyecto original remitido por el PE, la creación de una Comisión Bicameral con carácter consultivo, de seguimiento y control de los alcances del instrumento legal con que contaría la provincia, de ser finalmente sancionada por los diputados. Será integrada por tres diputados e idéntico número de senadores, garantizándose la participación de las minorías.
Por último, cabe consignar que esta iniciativa está directamente relaciona con el otro proyecto de ley que remitió el Ejecutivo que plantea una Modernización Administrativa de fondo para la gestión provincial. Proyecto que tendrá un trámite un poco más prolongado en las Cámaras legislativas provinciales.
La sanción de la norma se produjo esta misma tarde, mientras los gremios estatales enrolados en las dos CTA y parte de la CGT realizaban una impactante muestra de fuerza en las puertas del palacio.
Los hechos que se produjeron en el acceso de calle 7, luego de que gremios que protestaban en las puertas forzaran la reja de ingreso para impedir la votación, y propiciaran el tránsito irregular que tuvo la sesión, que devino en tensionada y con un final imprevisto.
En ese marco, los diputados de Cambiemos con el acompañamiento de la bancada del FR, el Gen y aliados menores se impusieron en una votación resistida por los bloques opositores del FpV, FpV-PJ, Peronismo para la Victoria-FpV y el FIT, que se mostraron sorprendidos por una moción de orden que cerró el debate y puso en votación el proyecto de ley.
La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Senadores con un amplio apoyo proporcionado por las bancadas de Cambiemos, el FR y el PJ, aunque esta última bancada votó en particular en contra de algunos artículos.
En la Cámara de Diputados el proyecto ingresó formalmente la semana pasada y, tal como estaba programado este jueves, fue puesto a consideración del plenario del cuerpo incluido en el Orden del Día, como moción de preferencia para ser tratado con o sin despacho.
Luego de largas negociaciones que encararon los miembros del oficialista Cambiemos, que incluyó la determinante visita del ministro de Trabajo Marcelo Villegas, y un compromiso específico con el bloque del Frente Renovador para avanzar en las limitaciones de las reelecciones de Intendentes, diputados y concejales, el proyecto de ley se encaminó para el recinto, sin modificaciones a considerar.
Pero en la sesión de este jueves los diputados de los distintos bloques que antes conformaban un único bloque del FpV buscaron diferentes atajos a la hora de expresarse sobre la iniciativa puesta a consideración. Primero solicitaron una cuestión de privilegio que la presidencia del cuerpo desestimó; luego pidieron que trabajadores que se manifestaban en las adyacencias ingresaran a las gradas del recinto, y en esas circunstancias el presidente del bloque de Cambiemos estimó que no había voluntad de debatir el proyecto de ley y planteó la moción de orden: cerrar el debate y pasar a votación.
Luego de la votación se dio por terminada la sesión en medio de un griterío de reproches por parte de los miembros de los bloques que se opusieron, que reclamaban el “debate democrático”. E incluso hubo algunos forcejeos entre diputados y colaboradores que estaban en el piso.