Los estacioneros piden una ley para reducir aranceles de las tarjetas
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Los estacioneros mantienen un conflicto de larga data con las entidades emisoras de tarjetas de crédito, y desde la Confederación de Entidades Comercializadoras de Hidrocarburos (Cecha) anunciaron que comenzaron una nueva ronda de diálogo en la Cámara de Diputados con el objetivo de avanzar con el tratamiento del proyecto de ley sobre la operatoria con estos plásticos en estaciones de servicio.
El presidente de Cecha, Vicente Impieri, explicó en un comunicado que el diálogo con los legisladores busca advertir sobre “los reclamos realizados por el cobro de aranceles abusivos impuestos en la operatoria con tarjetas de crédito, que en promedio van del 1,30 a 1,50% sobre el total facturado”.
Las entidades que nuclean a los propietarios de estaciones de servicio también alerta sobre “los excesivos días que tardan en acreditar los importes por ventas con los plásticos”, situaciones que este verano los llevó a analizar la posibilidad de suspender los cobros con tarjetas.
El objetivo de los estacioneros es lograr la modificación de la ley 25.065, que permita establecer definitivamente como tope ese 0,5% del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzca a 48/72 horas.
“Sin respuestas favorables”
Impieri comentó que estas inquietudes fueron transmitidas en distintas instancias a las empresas emisoras, pero “lamentablemente no hubo respuestas favorables a pesar del perjuicio que ocasiona operar de esta manera”.
El reclamo tiene como antecedente una presentación judicial de la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior (FAENI) quel obtuvo un fallo en primera instancia del Juzgado Nacional en lo Comercial porteño, que hizo lugar a su reclamo de abuso de posición dominante.
Con este fallo, en Santa Fe, la comisión por la venta de combustibles con tarjetas de crédito no debe ser mayor al 0,5% y la acreditación de los pagos tiene que efectivizarse en un plazo máximo de tres días. (DIB)
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