Desde que María Eugenia Vidal anunció que avanzaría en una reforma profunda de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el clima se enrareció, aunque la orden de la gobernadora es no dar ni un paso atrás. Por estas horas, Ritondo y Julio Conte Grand, secretario Legal y Técnico provincial, ultiman la implementación de la norma por la cual todos los comisarios y subcomisarios de la Policía bonaerense deberán desnudar su patrimonio, una medida que pone a prueba la autoridad de Pablo Bressi, jefe de la fuerza. «Habrá que ver si se banca la presión de los jefes de abajo», deslizan en su entorno.

Hasta ahora, tanto Vidal como su ministro de Seguridad están conformes con la labor de Bressi y del subjefe policial, Fabián Perroni, este último a cargo del reciente Operativo Sol y de la seguridad de los espectáculos deportivos durante el verano en la Costa Atlántica.

Si bien pasó semanas de zozobra, Vidal hizo un curso acelerado durante la fuga de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci en el que se sumergió en el sistema podrido que nuclea a la Policía provincial y al Sistema Penitenciario Bonaerense en connivencia con algunos sectores de la política. El ministro de Justicia, Carlos Mahiques, también trabaja en una reforma integral del servicio penitenciario. Si bien cuenta con menos empleados que la Bonaerense –casi 100.000 policías en total contra unos 20.000 penitenciarios-, la purga penitenciaria conlleva más tiempo de estudio por su complejidad. «La fuga (de General Alvear) me sirvió para entender el sistema; un sistema perverso, grotesco y muy complejo», suele repetir la gobernadora entre sus íntimos. En estos días, la ex vicejefa porteña suscribirá el convenio con la Fuerza Aérea que le permitirá mudarse hacia mitad de año en el perímetro de la Base Aérea de Morón, en El Palomar. Ya empezó con las refacciones del chalet que ocupará junto a su familia en el barrio aeronáutico.

La Policía provincial, cuentan desde el la gobernación, está desbordada. No hay chalecos y las armas son viejas, y miles de efectivos ni siquiera tienen la placa policial que los identifica. Desde la fuga de los tres condenados a reclusión perpetua por el Triple Crimen de la efedrina, la administración bonaerense la emprendió con una purga de comisarios generales en varios distritos del Conurbano bonaerense que aún no terminó: varios de esos jefes fueron ascendidos por el ex ministro Alejandro Granados y el ex jefe policial Hugo Matzkin, en la mira de la actual gestión.

Vidal no solo quiere investigar el patrimonio de los policías –una medida osada e inédita-, sino que además los quiere exponer. La mujer festejó en privado la difusión de la escucha entre un jefe distrital de la fuerza y Marcelo Alejandro «El Faraón» Melnyk, uno de los sospechados por la fuga de los hermanos Lanatta y de Schillaci.

La revisión de la Policía provincial forma parte de una investigación integral de la gestión anterior por parte de Vidal: desde que asumió, sus funcionarios están abocados en buena medida a desmenuzar la herencia sciolista, mucho más compleja de lo que el macrismo en su versión bonaerense había previsto. «La gestión provincial nunca fue un objetivo para ellos. Solo querían llegar a la Presidencia de la Nación», explica uno de los funcionarios más cercanos a Vidal y uno de los encargados de hurgar en la gestión de Daniel Scioli. Un ejemplo: el nuevo gobierno concluyó en que el ex gobernador gastó muchísima más plata en la publicidad que en la inversión y puesta en marcha de las Unidades de Pronta Atención (UPA), uno de los pilares del ex motonauta durante la campaña presidencial. «Es un Estado de mediados del siglo XX: es todo viejo, nada funciona«, agrega el mismo funcionario bonaerense.

A la desastrosa situación del estado de la flota aeronáutica y del parque automotor bonaerense, retratada por Infobae a fines de enero-, y de la situación terminal de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) –también adelantada por este portal hace una semana-, se suman falencias graves en el sistema de salud y en el de educación. Según la auditoría que lleva adelante la gobernadora, de los 77 hospitales bonaerenses hay 53 que necesitan inversiones millonarias, de los cuales cuatro corren serio riesgo de derrumbe. El relevamiento en marcha de las 12 mil escuelas distribuidas en la Provincia también arrojaría resultados catastróficos. Hasta los teléfonos fijos de algunos de los principales despachos de la gobernación son casi inservibles y varios de los baños de la planta baja del edificio están en un estado calamitoso. La gobernadora ni siquiera sabe con cuántos empleados cuenta: tiene 25 sistemas diferentes de liquidación de haberes y el Banco Provincia, la Contaduría y la Tesorería General difieren en los registros en torno a la cantidad de sueldos que se pagan.

Tampoco hay coincidencia en la cantidad de horas de vuelo de los registros oficiales en relación al uso que tanto Scioli como Karina Rabolini hacían del helicóptero oficial. El ex gobernador podría tener problemas: la nueva gestión ya presentó algunas denuncias penales en la Justicia provincial relacionadas con supuestas irregularidades de la anterior administración, una de ellas de enorme gravedad, según aseguraron desde el Gobierno bonaerense. Sería solo el comienzo.

El caso de ABSA, cuya falta de inversiones podría dejar sin agua a cientos de miles de bonaerenses, es uno de esos ejemplos. La carencia de obras se suma a la falta de control: Javier Coronel, ex titular del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA), debía controlar a su hermano, Carlos Coronel, ex vicepresidente de la empresa encabezada hasta hace unos meses por Guillermo Scarcella, uno de los operadores judiciales de Scioli en la Justicia federal.

El plan de Vidal es dinamitar la gestión de su antecesor y no dejar rastros. En unas semanas presentará la nueva campaña comunicacional de su gobierno, ideada por los publicistas Joaquín Molla –que trabaja para la Casa Rosada- y Juan «Papón» Ricciarelli, creador de la agencia DON y ligado al macrismo, y comandados por Federico Suárez, secretario de Comunicación bonaerense. Desaparecen por complejo el naranja, color insignia de la gestión sciolista, y «BA», las siglas que identificaron aquella administración.