Ramallo: la Justicia falló a favor del intendente y el Gobierno nacional debe reparar un tramo de la Ruta 9
La Justicia federal convalidó el reclamo del intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y el Gobierno nacional deberá hacerse cargo del arreglo de un puente sobre la Ruta Nacional 9. La medida marca un precedente importante para los reclamos que vienen impulsando las provincias.
Así, el fallo del Juzgado Federal 1 de San Nicolás le ordena a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a Corredores Viales S.A. que en forma coordinada ejecuten las tareas de reparación integral del cruce de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 51, que comprende el ingreso a la ciudad de Ramallo.
El pasado 23 de mayo, según informa Ramallo Ciudad, Poletti se presentó en la Justicia Federal e interpuso una acción de amparo contra la DNV y Corredores Viales para la reparación del mencionado tramo de la RN 9.
En el texto se advertía que el peaje en el corredor aumentó un 400% en el último año, pero esto no se había visto reflejado en mejoras en la traza.
El intendente remarcó en el escrito la “reiterada omisión” por parte de la DNV en el cumplimiento de “deberes de mantenimiento, conservación y reparación de la Ruta Nacional 9”, lo que llevó a que hoy “se haya vuelto imposible transitar” por el puente del ingreso a la ciudad, “sin poner en peligro la vida o la salud de quienes lleven a cabo ese recorrido”.
“La siniestralidad aumento muchísimo, los accidentes son noticias cuando hay fallecidos, para hay muchos accidentes que terminan con personas heridas de gravedad y que quedan con alguna discapacidad”, aseguró Poletti.
En los últimos días, luego de intimados los organismos del Estado nacional para que se presente en juicio a ejercer su derecho de Defensa y analizadas las presentaciones de cada parte, el juez federal de San Nicolás resolvió en primera instancia fallar la cuestión en favor del intendente municipal de Ramallo e hizo lugar a la medida solicitada.
De esta manera, “se ordena a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. para que en forma coordinada y conjunta ejecuten las tareas de reparación en el tramo indicado debiendo iniciar las tareas en el término de diez días, acreditar en el Juzgado la iniciación de las mismas y contando con un plazo de tres meses para concluir la obra encomendada con la obligación de presentar un informe mensual del avance de obra”.
La resolución de la Justicia pide “señalización del estado del acceso, incluyendo la colocación de carteles de advertencia sobre el estado de la calzada, limitaciones de velocidad y señalética”.
Además, exige que se realicen “desvíos en caso de corresponder para evitar accidentes y/o roturas de vehículos que transiten por esa vía, implementando medidas de seguridad vial que resulten pertinentes”.
La Justicia también determinó que las obras deben iniciarse en un plazo de diez días y concluirse dentro de los próximos tres meses.
Denuncia en febrero
En febrero pasado Poletti formó parte de un grupo de 20 intendentes que firmó, junto al ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, una presentación judicial contra el Gobierno nacional, al que acusaban de desviar fondos multimillonarios asignados por ley al mantenimiento y ampliación de la red de nueve rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
Se trató, de una “acción preventiva” en la que se advertía sobre “la falta de transferencia de fondos provenientes de la recaudación de impuestos que debieron depositarse en un fideicomiso creado hace años para financiar la ejecución de infraestructura vial, pero que no fueron depositados”.
En concreto, la Provincia advirtió que a raíz de esa maniobra, la inversión de Vialidad Nacional en los tramos bonaerenses de las rutas nacionales cayó un 85,9% durante 2024.
En la presentación se señaló que producto de la paralización de los trabajos en que derivó esa falta de financiamiento, “se encuentran en juego los derechos a la seguridad de los usuarios” de las rutas y que existe un “riesgo de vida derivado del incumplimiento de las obras y mantenimiento en la red vial”, a lo largo de unos 4 mil kilómetros de un trazado (rutas 3, 5, 7, 8, 9, 33, 188, 205 y 226) que atraviesa 57 municipios.
En la demanda se pedía a la Justicia que le ordene al Gobierno nacional que reinicie las obras pero además se requería información sobre el destino final de los fondos ($ 200.000 millones recaudados con el Impuesto a los Combustibles y $ 1 billón surgido del Impuesto PAIS) que debían depositarse en el fideicomiso pero nunca llegaron a ese destino.
La presentación fue respaldada por los intendentes de Escobar, Lujan, Exaltación de la Cruz, Ramallo, San Andrés de Giles, Mercedes, Carmen de Areco, Cañuelas, Alberti, Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, Las Flores, Mar Chiquita, Benito Juárez, Saavedra, Tornquist, Azul, Bolívar y General Villegas. (DIB) MM
