Tras la suspensión de ordenanzas por agroquímicos, vuelve a crecer el reclamo por una ley provincial
Con información de diario El Eco – Tandil.
La suspensión preventiva de ordenanzas municipales que regulan el uso de agroquímicos en distintos distritos bonaerenses volvió a poner en el centro del debate la necesidad de una normativa provincial unificada. En las últimas semanas, decisiones judiciales dejaron sin efecto regulaciones locales en municipios como Tandil y Rauch, en el marco de presentaciones que cuestionan la constitucionalidad de esas normas y advierten sobre posibles impactos ambientales.
Las medidas cautelares fueron dispuestas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que resolvió frenar la aplicación de ordenanzas hasta tanto se analice el fondo de los planteos. Entre los argumentos centrales aparece la falta de criterios homogéneos, la superposición de competencias y la necesidad de evaluar los alcances ambientales y productivos de las restricciones impuestas a nivel local.
En este escenario, volvió a tomar fuerza el reclamo para que la Legislatura bonaerense avance con una ley provincial que regule de manera integral el uso de productos fitosanitarios. La diputada provincial Silvina Vaccarezza insistió en que la discusión no puede quedar sujeta únicamente a fallos judiciales y sostuvo que es necesario brindar previsibilidad jurídica tanto a los municipios como a los productores y a la comunidad en general.
La legisladora recordó que en 2024 presentó un proyecto de ley que propone establecer un marco normativo común para los 135 municipios de la provincia, con el objetivo de evitar que cada distrito dicte su propia ordenanza, muchas veces con criterios dispares. Según explicó, esa fragmentación normativa es uno de los factores que derivó en la judicialización de las regulaciones locales.
Desde ese espacio señalaron además que la iniciativa fue trabajada con aportes de distintos sectores vinculados al ámbito agropecuario y técnico, con la intención de contemplar buenas prácticas agrícolas y criterios ambientales basados en evidencia científica, sin desconocer las particularidades productivas de cada región.
El debate se da en un contexto más amplio, marcado por una sucesión de presentaciones judiciales que impugnan ordenanzas municipales vigentes y por la falta de una regulación provincial plenamente operativa. Desde 2018, la normativa bonaerense sobre agroquímicos ha sido objeto de sucesivas prórrogas y suspensiones, lo que profundizó el vacío legal y dejó a los municipios expuestos a conflictos judiciales.
Así, la combinación de ordenanzas frenadas por la Justicia, reclamos ambientales, demandas del sector productivo y proyectos legislativos sin tratamiento efectivo vuelve a instalar la discusión sobre la necesidad de una ley provincial que ordene el uso de agroquímicos y reduzca la creciente judicialización de las políticas públicas locales.
