Marcelo Fuche: “No fueron imputados, sino que se presentaron espontáneamente”

Las declaraciones fueron realizadas por el abogado que defiende a Ramiro Borzi, Silvina Rosende y Mario Díaz.


El abogado Marcelo Fuche asumió la defensa de Ramiro Borzi, Silvina Rosende y Mario Díaz en la causa en donde se investiga la pérdida de 400 vacunas Sputnik V que estaban almacenadas en el Hospital Provincial de Oncología.

“Como defensor le recomendé presentarse espontáneamente dado que en la causa podría haber una tendencia a que ellos sean imputados”, dijo el doctor Marcelo Fuche a En Línea Noticias luego de conocerse los dichos de voceros judiciales que afirmaban que Ramiro Borzi, Silvina Rosende y Mario Diaz habían sido imputados en la causa.

Fuche aclaró que fue él quien solicitó a la Justicia Federal que analice la competencia en la causa dado que se “hallaba en riesgo nada menos que la salud pública, lo que torna la cuestión de neta competencia federal”.

El abogado explicó que el Juez Federal de Azul Dr. Gabriel Di Giulio aceptó la competencia aunque ahora la resolución podría ser apelada por la Fiscal Viviana María Beytía quien fue la que originariamente tenía la causa en su poder.

De pasar esto el conflicto debería ser dirimido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre la decisión de sus representados de presentarse de manera espontanea Fuche señaló: “cuando un cliente se siente investigado prefiere presentarse antes del Art.60 que es el que se lo notifica de la imputación”.

En consonancia con lo dicho por el doctor Marcelo Fuche, una altísima fuente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia le dijo a En Línea Noticias: “no hay imputados hasta tanto se tengan todas las pericias informadas” y de inmediato se aclaró “esos informes son indispensables para determinar responsabilidades”.

Con la Resolución del Juez Di Giulio se interpreta acabadamente los motivos de porque se acepta la competencia. En la Resolución donde asume competencia, el Juez Federal manifiesta que la pérdida de las 400 vacunas no solo tiene consecuencias sanitarias sino que “impacta económicamente” en las arcas del Estado Nacional.

El Juez Federal aclara este punto de la siguiente manera “la pérdida de 400 vacunas destinadas a una localidad de nuestro país, frente a un bien actualmente escaso, tiene un impacto directo en el erario federal, ya que los limitados recursos obligan a la redistribución de vacunas y a su posterior readquisición por el estado nacional”.

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