Cuatro personas fueron procesadas por comercializar estupefacientes en Olavarría y Azul
Escribe: Fabián Sotes / Diario El Tiempo
Un mecánico de 33 años de edad considerado el líder de una organización delictiva que se dedicaba a comercializar estupefacientes en Olavarría y Azul permanece privado de la libertad en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.
Identificado como Cristian Oscar Juez, había logrado mantenerse prófugo de la justicia por más de tres años, hasta que en mayo pasado logró ser capturado en una localidad del conurbano bonaerense.
En esta causa penal relacionada con una infracción a la Ley 23.737 por la que Juez está preso, su esposa -de 26 años y llamada María Agustina Moriones- también figura imputada. Y lo mismo sucede con dos hombres que tienen respectivos domicilios en Azul.
Actualmente uno de ellos, del mismo modo que ocurre con la mujer del presunto cabecilla de esta banda, cumple arresto domiciliario.
A fines de diciembre pasado los procesamientos para dos de los investigados y las ampliaciones de esas medidas para los otros imputados habían sido ordenados por Gabriel Di Giulio, el juez Federal azuleño que entiende en esta causa. En todos los casos, con los dictados de las respectivas prisiones preventivas para los acusados.
Lo dispuesto fue el corolario de una extensa investigación que desde la justicia había comenzado tiempo atrás, a través de la cual fue posible ir uniendo diferentes evidencias que terminaron ubicando a la totalidad de los ahora procesados como integrantes de esta organización dedicada a la venta de estupefacientes.
«Desde el mes de enero de 2020 y hasta el mes de mayo de 2021, en forma organizada, Cristian Oscar Juez y María Agustina Moriones, con la complicidad de otras personas, se dedicaron en forma regular y habitual al comercio ilegal de estupefacientes, proveyendo marihuana y/o clorhidrato de cocaína a, por los menos, dos organizaciones destinadas al comercio de estupefacientes en las localidades de Azul y de Olavarría», puede leerse en estas actuaciones penales sobre la características de los hechos investigados.
En esa misma resolución que data de hace tres meses, el Juez Federal azuleño también sostuvo: «La organización destinada al comercio de drogas en la localidad de Azul estaba integrada por Carlos Dusserrat, Guillermo Recofky -tal las identidades de los demás imputados- y otros cómplices».
Más de dieciséis kilos de marihuana
Carlos Dusserrat es un empleado municipal domiciliado en Azul que tiene 33 años de edad. Tal lo que en su momento EL TIEMPO informara, en horas de la noche del 25 de marzo del año pasado había sido arrestado durante un procedimiento llevado a cabo sobre la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Tapalqué.
En aquel entonces, con el automóvil Volkswagen que guiaba, había intentado eludir un control policial montado en el acceso a Olavarría. Esa actitud sospechosa por parte del conductor del rodado llamó la atención de los efectivos de seguridad que estaban en el mencionado retén, lo que hizo que salieran a buscar el vehículo.
El auto en que el empleado municipal circulaba en sentido hacia Buenos Aires aquella noche en que resultó arrestado fue hallado instantes más tarde por el personal policial, cuando se encontraba parado sobre una de las banquinas de la ruta. Y al requisarlo, en su interior se encontraron varios panes de marihuana que Dusserrat transportaba.
Según pudo determinarse posteriormente, fueron «dieciocho ladrillos y quince trozos de ladrillos de marihuana» -que en total pesaron más de dieciséis kilos- los que el azuleño llevaba en el baúl del Volkswagen aquella noche en que resultó aprehendido.
Ese procedimiento, además, incluyó que policías incautaran en poder de unos de los acusados que tiene esta causa penal un billete de cien dólares, más de 480.000 pesos y su teléfono celular.
En un principio, el sumario penal que se inició quedó radicado en la justicia ordinaria. Pero tiempo después, dadas las características del procedimiento, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal que en Azul conduce Gabriel Di Giulio.
Una vez aceptada la competencia en esa investigación penal, por aquel hecho que derivara en su arresto a Dusserrat le fue dictado el procesamiento con prisión preventiva. Y la medida, a fines de diciembre pasado, terminó ampliándose para él; dadas las pruebas que demuestran que formaría parte de esa organización a través del denominado «Grupo Azul», que tenía como finalidad distribuir la droga en Azul para su posterior venta al menudeo.
Después de que Dusserrat fuera arrestado en la ruta el año pasado, lograron colectarse evidencias que lo vinculaban con Juez. Esas pruebas surgían -entre otros elementos- de escuchas telefónicas.
En ese contexto, cuando todavía la causa penal que se había iniciado tras su arresto estaba radicada en la justicia ordinaria, se pudo determinar que esa noche en que fue aprehendido sobre la Ruta Provincial 51 Dusserrat viajaba a encontrarse con Juez. También, que era su intención devolverle a su proveedor esos varios panes de marihuana que transportaba en el auto debido a que, en su intención de comercializarlos en Azul, varios de sus habituales clientes y consumidores le habían manifestado que era mala la calidad de aquella sustancia vegetal que les estaba vendiendo.
Otro azuleño que fue detenido
Esa noche del 25 de marzo pasado en que se llevara a cabo este procedimiento, en un principio se había podido establecer también que por delante del auto que guiaba el empleado municipal que transportaba los panes de marihuana circulaba otro vehículo: un Volkswagen Bora.
Al observar el control policial montado sobre la Ruta 51 en uno de los accesos a Tapalqué, el conductor de ese segundo rodado optó por darse a la fuga, no sin antes hacerle señas de luces al vehículo que manejaba el trabajador municipal para que hiciera lo mismo; aunque -tras doblar en «U» sobre la cinta asfáltica y retomar en dirección a Azul- Dusserrat luego resultó aprehendido.
Existen elementos en esta investigación que señalan que el hombre que guiaba ese otro auto es un comerciante llamado Guillermo Oscar «Machi» Recofky.
De 33 años de edad y con domicilio también en Azul, es conocido de Cristian Juez desde hace varios años y otro de los que en diciembre pasado fue procesado con prisión preventiva en esta causa penal.
Actualmente, al igual que sucede con el presunto cabecilla de esta organización criminal, está preso en una cárcel del SPF.
Su detención había sido ordenada por el juez Federal Di Giulio el pasado 13 de diciembre. Y aquella medida cautelar, durante un allanamiento en un inmueble en Azul, la hicieron efectiva agentes de la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina.
Ese día, en el marco de esta misma investigación penal, el magistrado dictó las detenciones para los demás acusados, dos de quienes para ese entonces -pero a través de otras causas penales relacionadas también con infracciones a la Ley 23.737- ya se encontraban privados de la libertad: Juez y Dusserrat.
Cuando el 29 de diciembre pasado el magistrado Di Giulio resolvió procesar a los cuatro imputados como los probables miembros de esta organización delictiva; en los casos de Juez y de Dusserrat se resolvió -teniendo en cuenta que ya estaban imputados en otras causas- ampliar aquellas medidas.
Para esa fecha el empleado municipal azuleño ya venía cumpliendo arresto domiciliario, morigeración de prisión que actualmente se mantiene para él.
Para María Agustina Moriones, en tanto, la decisión de otorgarle arresto domiciliario, a través del procesamiento con prisión preventiva ordenado para ella hace tres meses luego de que resultara también detenida, obedeció a que tiene bajo su cuidado a tres chicos, hijos del matrimonio conformado con el supuesto cabecilla de esta banda dedicada a comercializar estupefacientes en Azul y Olavarría.
Según lo investigado, la pareja -que estaba residiendo en Glew, localidad perteneciente al Partido de Almirante Brown, cuando durante un allanamiento realizado en mayo pasado la Policía halló y secuestró casi diez kilos de marihuana y detuvo a Juez- era la encargada de «proveer sustancias estupefacientes» a quienes en Azul, los ya mencionados Dusserrat y Recofky, después se encargaban de distribuirla entre otras personas cuya misión era vender esas drogas al menudeo.
«Se encuentra acreditado en ese sentido -en principio- la habitualidad de las conductas endilgadas, el ánimo de lucro, el dolo especifico de tráfico de estupefacientes» y «la coordinación de las organizaciones conforme las intervenciones telef6nicas obrantes en la causa», puede leerse en la resolución.
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