Hinojo/ Prisión preventiva para un empleado del SPB acusado de vender drogas

Desde la justicia federal un juez ordenó las prisiones preventivas para un hombre considerado proveedor de estupefacientes y para otro que, según la imputación, se encargaba de vender esa droga. Semanas atrás, uno de ellos había sido detenido en Munro y el otro, tras incautarse en su poder más de dos kilos de cocaína, en Hinojo.

Las detenciones de los dos investigados fueron convertidas en prisiones preventivas a través de una resolución que data del pasado lunes y lleva la firma de Gabriel Di Giulio, el titular del Juzgado Federal 1 con asiento en Azul.

Lo resuelto para los dos procesados por esta infracción a la Ley 23.737 incluyó que el mencionado magistrado trabara embargos de tipo «preventivo» sobre sus respectivos «bienes y/o dinero» por una cifra que en cada caso es de ocho millones de pesos, según se indica en lo decidido.

Juan Luis Alaniz -oriundo de la provincia de San Luis, domiciliado en CABA y de ocupación comerciante- se llama uno de los imputados, que tiene 49 años de edad.

Según informaron voceros allegados a lo que continúa siendo la instrucción de esta causa penal, el otro investigado fue identificado como Martín Ariel López, un empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense que figura con domicilio en la localidad olavarriense de Hinojo y tiene 42 años.

A través de lo resuelto, el primero de esos hombres continúa siendo señalado como el probable autor del delito de «tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio o distribución». Y para el efectivo del SPB su procesamiento fue ordenando por ser considerado autor del delito de «tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización».

Desde hace más de un año ambos venían siendo investigados desde la Justicia Federal con asiento en Azul por esta infracción a la Ley 23.737, la causa penal por la que la semana pasada fueron ordenados sus respectivos procesamientos.

En ese contexto, agentes de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría -seccional perteneciente a la Policía provincial- habían hecho efectivas las detenciones de Alaniz y López durante procedimientos desarrollados el mes anterior.

Además de esas medidas cautelares para los dos hombres, solicitadas por el fiscal Federal Santiago Eyherabide y ordenadas por el magistrado Gabriel Di Giulio, se habían realizado allanamientos en diferentes objetivos vinculados con ambos.

Esas diligencias derivaron en los hallazgos y posteriores secuestros de importantes cantidades de droga. En su gran mayoría, ladrillos de cocaína. López estaba con «carpeta médica» en el Servicio Penitenciario Bonaerense cuando su arresto se hizo efectivo en Hinojo el pasado 21 de marzo.

Alaniz, en tanto, había resultado detenido durante un procedimiento llevado a cabo al día siguiente en Munro, la localidad perteneciente al Partido de Vicente López donde posee un local comercial que también fue allanado. Y vinculados con ese presunto proveedor de drogas, más diligencias se hicieron en el inmueble donde reside en CABA -situado en el barrio de Mataderos- y en otro que está en la localidad de Villa Centenario, Partido de Lomas de Zamora.

Intervenciones telefónicas a celulares de los sospechados, análisis de movimientos de dinero en sus cuentas bancarias, registros fílmicos y tareas de campo realizadas por el personal policial le dan forma hasta el momento a un sólido plexo probatorio que continúa ubicando a ambos como los probables autores de esta infracción a la Ley 23.737.

A través de los respectivos delitos que les atribuyen, en un futuro juicio podrían ser condenados a penas que van desde los cuatro a los quince años de prisión.

Los orígenes de esta investigación por drogas

Varios meses atrás, el primero en comenzar a ser investigado como un probable proveedor de estupefacientes había sido Alaniz.

En un principio, esa pesquisa se llevó adelante desde la justicia ordinaria, hasta que posteriormente se declinó la competencia en las actuaciones que se habían iniciado y fueron remitidas a la justicia federal con asiento en Azul.

En aquella primigenia Investigación Penal Preparatoria -desarrollada desde la UFI 19 que en Olavarría está a cargo del fiscal Lucas Moyano- se había analizado un teléfono celular hallado en poder de un hombre que fue arrestado por venta de drogas en nuestra ciudad.

Las comunicaciones halladas en ese móvil ya lo ubicaban a Alaniz proveyendo cocaína a diferentes punteros en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, en Olavarría y localidades de la zona.

Tiempo después pudo determinarse que el comerciante oriundo de la provincia de San Luis había realizado varios viajes a Olavarría trayendo la droga. Y que los últimos y más recientes ya tenían como destinatario de las entregas de sustancias estupefacientes al agente del Servicio Penitenciario Bonaerense que, al igual que Alaniz, sigue preso.

A través de esos viajes se supo que, cada vez que venía a Olavarría, el comerciante detenido en Munro el pasado 22 de marzo lo hacía en su vehículo particular. Y que en aquellas ocasiones un sujeto le hacía de apoyo circulando por la ruta en otro rodado, con el fin de detectar posibles controles policiales para evitar que Alaniz -que traía la droga- fuera interceptado.

En la causa penal se menciona que el año pasado ese procesado hizo desde CABA seis viajes, durante los meses de septiembre y octubre, que tuvieron como destino las ciudades de Azul y Olavarría.

Al mismo tiempo, más viajes de ese hombre pudieron comprobarse que realizó en el transcurso de este año. Específicamente, para proveer de estupefacientes al agente del SPB que se domicilia en Hinojo.

Según lo investigado, el penitenciario que ahora está preso conocía a ese otro sujeto al que en un principio Alaniz también le proveía drogas en Olavarría.

Cuando Martín Ariel López resultó detenido semanas atrás en Hinojo, durante un allanamiento en su domicilio los policías incautaron tres panes de cocaína -que pesaron en total algo más de dos kilos- y unos 72 gramos de flores de marihuana, las cuales fueron encontradas dentro de un táper que estaba debajo de un colchón, en uno de los dormitorios de la vivienda escenario de aquella diligencia.

En tanto, al resultar arrestado Alaniz en Munro los policías recogieron en su poder un teléfono celular. Y al ser requisado el vehículo en que se trasladaba se secuestró cerca de un millón de pesos.

A su vez, en los allanamientos en los inmuebles vinculados con este probable proveedor de drogas, uno de ellos un local comercial, se incautaron una máquina contadora de billetes, una balanza digital de precisión que contenía vestigios de cocaína, la llave de una camioneta RAM y una tablet.

Ninguno de los dos imputados había declarado cuando fueron traídos al Juzgado Federal 1 de Azul para cumplir con dichas indagatorias.

En el caso de López, esa audiencia se desarrolló el 22 de marzo. Y Alaniz había sido indagado el día 24 del mes anterior.

Un proveedor y un vendedor de cocaína

«Las comunicaciones (telefónicas) revelaron que Alaniz viajaba regularmente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Olavarría para mantener encuentros con López», se concluyó en lo decidido el pasado lunes por el juez Federal Di Giulio.

Ese magistrado afirmó también, contando con las evidencias aportadas por el fiscal Eyherabide, que «del análisis de las cuentas bancarias de Alaniz se constataron varias transferencias de dinero efectuadas por López durante los meses de mayo, junio y julio de 2024».

«Todo lo expuesto permite inferir, con la verosimilitud que esta etapa exige, la existencia de un vínculo comercial ilícito entre Martín Ariel López y Juan Luis Alaniz, enmarcado en una estructura de tráfico de estupefacientes».

Aquel 21 de marzo pasado en que el agente del SPB fue detenido en Hinojo pudo comprobarse que horas antes Alaniz -que se trasladaba en una camioneta RAM- y otro sujeto, al mando de otro vehículo, habían viajado hacia esa localidad olavarriense para llevarle parte de la cocaína que después sería hallada en su poder.

Juan Luis Alaniz registra un antecedente condenatorio: una pena de seis años y diez meses de prisión por el delito de «robo calificado por su comisión en despoblado y en banda» que le fuera dictada tiempo atrás.

A través de la resolución donde fueron ordenados su procesamiento y el del agente penitenciario, el juez Federal Di Giulio dispuso también que se consigan cupos para que ambos, desde los lugares donde en un principio han estado privados de sus libertades tras resultar detenidos, sean llevados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.