Para el Defensor General de Azul en las cárceles hay «una crisis humanitaria»

El doctor Diego Fernández habló con el Diario El Tiempo de la ciudad de Azul.

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Foto: Nacho Correa / Diario El Tiempo

Diego Fernández fue uno de los Defensores Generales firmantes de la carta enviada al gobernador Axel Kicillof para que, en el marco de la actual pandemia de coronavirus, haya conmutaciones de penas para personas privadas de la libertad.

Además del Defensor General del Departamento Judicial Azul, los de La Plata, Mar del Plata, Necochea, Zárate-Campana, San Martín, San Nicolás, La Matanza, Moreno-General Rodríguez, Dolores, Quilmes y Trenque Lauquen firmaron esa carta enviada al actual titular del Ejecutivo bonaerense.

Concretamente, según se expresa en la nota, de la mano de la actual emergencia sanitaria y teniendo en cuenta la superpoblación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se pide conmutación de penas para «las personas privadas de libertad condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso». También, para las «condenadas por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional».

«Ese pedido al Gobernador -dijo el funcionario judicial en una entrevista que publica el Diario El Tiempo y que fue realizada por el periodista Fabián Sotes – surgió de una discusión entre los Defensores Generales de la provincia de Buenos Aires. Hemos sido muchos los que lo firmamos».

En el marco de la actual pandemia por coronavirus y poniendo la mirada en lo que sucede en los penales bonaerenses, Fernández explicó que en esa nota «se pone un poco a consideración una herramienta más que también nosotros estamos requiriendo con un uso razonable».

«No estamos pidiendo cualquier cosa», aclaró y pidió también que esa solicitud «pueda ser explicada a la ciudadanía de manera razonable».

Sobre todo, para evitar malos entendidos con relación a la actual realidad de las cárceles, que desde tiempo antes a que se declarara la pandemia por coronavirus ya se sabía que estaban superpobladas e inmersas en una crisis humanitaria de la que los Defensores Generales volvieron a dar cuenta en esa nota remitida a Axel Kicillof.

«Todavía estamos esperando una respuesta, pero sabemos que se recibió. Otras instituciones se han expresado sobre la necesidad de que se evalúe esta opción. Posiblemente esto que proponemos puede ser una opción que se pueda usar de manera razonable», afirmó sobre esa nota.

«Nadie estaba preparado para esto», reconoció el Defensor General del Departamento Judicial Azul.

Lo dijo al considerar lo que está pasando en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Una situación que, de la mano de la superpoblación, ya era extremadamente crítica desde tiempo antes y ahora parece convertirse en un cóctel aún más tóxico teniendo en cuenta el coronavirus.

«Cuando se mandó esta carta nuestra idea no era generar alarma social. Todo lo contrario. Va de la mano un poco de la resolución de Casación», dijo en alusión a la que el pasado 8 de abril firmara el juez Víctor Violini, cuando en ese entonces ordenara a los jueces que de manera «inmediata» otorgaran arresto domiciliario a los reclusos considerados en grupo de riesgo por el coronavirus y que hayan cometido delitos leves.

Aquella mesa de diálogo que a fines del año pasado se conformó con diferentes actores para abordar la problemática carcelaria había sido el punto de partida de lo que con relación a esta situación se venía ya trabajando.

Según Fernández, es «una crisis humanitaria» la que ahora se está atravesando en los penales de la provincia por el coronavirus. Y todo eso sucede en medio de «un sistema carcelario que está totalmente colapsado» y donde «el hacinamiento determina un montón de otras situaciones de riesgo para la vida y la salud» de quienes forman parte del mismo.

El Defensor General de Azul sostuvo que «el Estado tiene que garantizar condiciones dignas de encarcelamiento, lo dice la Constitución Nacional».

De eso se hablaba en esa mesa de diálogo, donde se evaluaban «alternativas» en la previa a que el coronavirus llegara para agravar aún más esa crisis que ya existía.

En ese contexto hay que encajar a la nota remitida al gobernador Kicillof días pasados. «Un tema -a decir de Fernández- que algunos medios trataron con algún sensacionalismo, ya que hablaban de la liberación de los detenidos cuando, en realidad, la idea es también pensar esto en términos de salud pública».

Superpoblación y, ahora, pandemia

«Lo de descomprimir esas situaciones de hacinamiento en las cárceles se planteó, en primer lugar, para las personas que integran grupos de riesgo. El fallo de Casación dice que en casos de delitos no graves hay que tener en cuenta que se puede evaluar el arresto en domicilios o que se deben dar garantías para que dentro del alojamiento en las prisiones esas personas puedan ser resguardadas en su salud. Hay personas de más de sesenta años, mujeres embarazadas con chicos, otras que han tenido afecciones respiratorias graves, que han sido trasplantadas, están bajo diálisis o con cáncer. El fallo le pide a la magistratura que evalúe si concede el arresto o, de lo contrario, que garantice medidas de protección. Es un fallo importante porque establece parámetros y ordena pautas. Establece un universo de casos y pide que esos casos se vean. Pero, por supuesto, nunca ese fallo de Casación va a reemplazar al juez del proceso», indicó el Defensor General de Azul.

Fernández señaló que pidió a las autoridades de los complejos penitenciarios situados en el ámbito del Departamento Judicial Azul «que requieran la colaboración del Ministerio de Salud y del Instituto Zonal de Epidemiología para ver cuáles son las medidas que se deben tomar con aquellas personas que quedan en prisión pero que están dentro de ese grupo de riesgo. De qué manera se garantiza la salud, si se los aloja de manera diferencial o se busca un pabellón separado para ellos. Concretamente, pedimos que sean quienes saben los que puedan informar y, al mismo tiempo, asesorar a las autoridades del Servicio Penitenciario para ver cómo proceder».

Al menos oficialmente, en las cárceles que forman parte del Departamento Judicial Azul no se ha reportado hasta el momento ningún caso de coronavirus. Ni entre los presos ni entre quienes integran los diferentes estamentos del SPB que trabajan en esas unidades.

Pero el Defensor General es consciente de que, de registrarse un caso, la situación podría agravarse aún más de lo que ya venía siendo.

«No sé, en definitiva, cómo va a ser la posibilidad de respuesta del sistema penitenciario. Pero va a ser una situación difícil. Por eso me parece importante, primero, que se tenga buena información epidemiológica y se trabaje adecuadamente en ese sentido. Por eso hemos pedido que el Servicio Penitenciario tiene que tener el asesoramiento de expertos en epidemiología. Ante una situación así, hay que tratar de tomar las mejores medidas preventivas y de profilaxis», dijo.

A diferencia de lo que en varios fallos vienen sosteniendo jueces que han denegado morigeraciones de prisión de varios imputados o penados, el Defensor General cree que esas decisiones hay que tomarlas ahora y no esperar a que se detecte algún caso de coronavirus en el ámbito penitenciario del Departamento Judicial Azul.

«Por eso, los pedidos que se han formulado son para que esta situación se evalúe ahora, para que se trabaje preventivamente para poder decir qué se hace con estas personas en grupos de riesgo ¿Se las tiene con otras, separadas, se las aísla?… No sé cuál es la mejor medida. Y las respuestas hay que pedírselas a los que saben», declaró.

Más no que sí

Si bien no pudo proporcionar una cifra exacta -aunque se cuenta con estadísticas desde la Defensoría General-, en medio de la catarata de pedidos que por estos días invaden los juzgados Fernández afirmó que son más los que se deniegan a aquellos que prosperan para que a los presos les otorguen arrestos domiciliarios u otras medidas alternativas al encarcelamiento.

Según explicó, «los pedidos tienen una naturaleza preventiva por dos motivos. En primer lugar, los casos de situaciones de personas que están en grupos de riesgo. El grupo de riesgo lo que habilita es a una medida de protección especial. Si llega a tener contacto con el virus, si se llega a contagiar, puede ser una persona más vulnerable frente a la enfermedad, por lo que se busca una protección del grupo de riesgo. Después, también es importante pensar que lo que se tiene que buscar es descomprimir la situación de hacinamiento porque en las cárceles es imposible practicar el distanciamiento social en el que estamos todos inmersos. Entonces, también me parece que es importante que se pueda pensar en la posibilidad de que, por lo menos, pueda haber un camino para descomprimir esos cupos carcelarios. Nosotros hablamos de un cupo judicial en ese sentido, pero ninguna de las cárceles lo ha respetado. Todas tienen números muy por encima de ese cupo judicial. Y esto significa que también tenemos que tratar de ir viendo y acomodando esos cupos de manera razonable para tratar de que si ingresa el virus en la cárcel realmente pueda impactar de manera baja. No sólo en la cárcel, también en la comunidad toda».

Los mayores problemas de hacinamiento están centrados en los dos penales de la región con mayor capacidad para albergar internos: la Unidad 2 de Sierra Chica y la Unidad 30 de General Alvear.

Pero el problema de la superpoblación carcelaria existe en otros penales de la zona. Entre ellos, el Defensor General habló de la cárcel de varones y de la de mujeres con asiento en Azul, que en menor medida a las unidades 2 y 30 también evidencian esta problemática.

«La capacidad no es una cama, tiene que ver con todas las posibilidades de poder llevar adelante una vida en un contexto de encierro», aclaró el funcionario judicial.

Desde su punto de vista, la actual pandemia de coronavirus genera intramuros «un riesgo epidemiológico elevado que trasciende la propia cárcel, algo que a veces uno también debe pensar para no ir a posiciones extremas».

«Se tienen que tomar medidas razonables para manejar la situación. A la ciudadanía no debe transmitírsele que esto es una especie de liberación masiva de presos, porque tampoco lo está siendo. Eso es falso», señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre si lo sucedido en el penal de Devoto puede provocar un efecto dominó en cárceles de la provincia, el Defensor General sostuvo: «Esperemos que todo se pueda trabajar con diálogo y de manera razonable. Ha habido algunas personas en huelga de hambre pacífica, que es un derecho que pueden ejercer. Nosotros hemos pedido que ese derecho de huelga se resguarde y que en casos así se hagan controles médicos. También, que no sufran represalias. Eso es algo que se tiene que garantizar».