Polémica entre Magistrados y Abogados: ¿Cómo se está administrando Justicia en la provincia?
Cruce de comunicados entre el Colegio de Abogados de la Provincia y el Colegio de Magistrados y Funcionarios en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
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Este viernes la polémica llegó desde el lugar menos pensado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se está administrando Justicia?
Todo se inició hace algunos días con un pedido formal del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, al que adhirieron profesionales del Departamento Judicial de Azul, allí se planteó que “la protección del Estado de Derecho supone el funcionamiento pleno de los tres poderes.”
Fue así que la entidad que nuclea a los 20 Colegios de Abogados Departamentales de la Provincia –unos 65.000 trabajadores y trabajadoras del Derecho- elevó un pedido al gobernador Kicillof, exigiendo el restablecimiento total del funcionamiento del sistema, a través de herramientas tecnológicas que garanticen el pleno y real acceso a la justicia. “Somos absolutamente conscientes de que la pandemia requiere medidas preventivas, como el aislamiento dispuesto, pero no podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto que supone la paralización de la justicia en el ámbito de nuestra Provincia”, subrayaba el comunicado.
Como réplica, este viernes, se conoció un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Jueces y funcionarios indicaron que “en virtud de las normas nacionales y provinciales relativas al aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la pandemia funcionarios funcionarias, magistrados y magistradas, prestamos el Servicio de Justicia desde nuestros despachos oficiales y desde nuestros hogares mediante la modalidad teletrabajo, aún en los supuestos de quienes integran los grupos de riesgo.”
Sostienen los Magistrados y Funcionarios que eso lo realizan “sin horarios y con enorme compromiso para prevenir las restricciones y problemas derivados del aislamiento y la amenaza de contagios. Cambiamos la manera de comunicarnos con las y los ciudadanos y con las/os operadores del sistema. Se atienden los asuntos de urgente despacho en los distintos fueros (civil y comercial, familia, contencioso administrativo, laboral, penal juvenil); el fuero penal está trabajando contrarreloj analizando minuciosamente cada situación vinculada con la libertad de las personas (detenciones y excarcelaciones); el fuero de Paz, se ha constituido como multifuero para resolver lo que se les solicita.”
Es así que señalan que la “lista es interminable, pero la conclusión es una sola: los/las magistrados/as y funcionarios/as seguimos garantizando el servicio, procurando asegurar la garantía constitucional de tutela judicial continua y efectiva.”
El comunicado no tardó en ser desmentido y la replica llegó del Colegio de Abogados de la Provincia.
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires sostiene que “se ve en la penosa obligación de salir a desmentir, por única vez, los ya varios comunicados, declaraciones y notas periodísticas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y de la Asociación Judicial Bonaerense, que apuntan contra los 65.000 abogados y abogadas de esta Provincia y contra la abogacía organizada.”
Y realizan el siguiente racconto de lo solicitado:
1. Nunca se le pidió a la SCBA -ni a ningún poder del estado-, la “reapertura total” de los Tribunales;
2. Nunca pusimos “intereses sectoriales” por sobre los valores de salud pública y derecho a la vida. Como abogados, nunca lo haríamos.
3. Nunca pedimos que agentes, funcionarios o magistrados pusieran en peligro su salud, la de sus familiares ni justiciables. Reiteramos, nunca lo hicimos y nunca lo haríamos.
4. Nunca amenazamos -ni informamos- con iniciar acciones administrativas, penales ni disciplinarias contra ningún agente, funcionario o magistrado, como sí lo hizo la AJB.
5. Nunca comunicamos nada que no hubiera sido consensuado con los distintos actores del sistema judicial. Cada vez que participamos de una mesa, lo hicimos con predisposición de diálogo y honestidad intelectual. E idénticamente, informamos.
6. No representamos “grandes intereses económicos”. Pero sí representamos a 65.000 colegas afectados en su ejercicio profesional y velamos por la defensa de los derechos del pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
7. Nada empaña el trabajo denodado y la vocación de servicio de muchos integrantes del poder judicial, hecho que valoramos y rescatamos, como siempre lo hicimos, pero aún más ahora. Sólo se sale de las crisis con inteligencia, coraje y compromiso cívico.
8. Lo que nos indigna, como abogados y abogadas y representantes de nuestros colegas, es que se MIENTA. El único pedido de esta institución es que magistrados, funcionarios y empleados TRABAJEN DESDE SUS CASAS PORQUE PUEDEN HACERLO. PORQUE MUCHOS DE SUS COLEGAS Y COMPAÑEROS, LO HACEN.
Cierran diciendo “son miles los magistrados, funcionarios y empleados que pudiendo trabajar desde sus casas no lo hacen. La propia Corte se los dijo. Y si no están dispuestos a hacerlo por los 17.000.000 de bonaerenses o por los 4.000.000 de procesos judiciales, háganlo por lo menos por sus compañeros, que necesitan de su ayuda. El sistema electrónico que la SCBA ha implementado desde el año 2012 lo permite. La hora es crítica y la sociedad y la historia judicial argentina no lo van a olvidar. “
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