Uber, PedidosYa y otras: La Libertad Avanza impulsa en Olavarría la adhesión a la ley nacional que regula las plataformas digitales
El bloque de La Libertad Avanza presentó este martes en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría un proyecto de ordenanza para que el Partido adhiera a la Ley Nacional N° 27.802 de Modernización Laboral.
La iniciativa busca reconocer y acompañar las nuevas modalidades de trabajo a través de plataformas digitales como Uber y PedidosYa, y fue enviada con el pedido de que ingrese al orden del día de la próxima sesión ordinaria.
¿De qué se trata la ley?
La Ley 27.802 regula las relaciones laborales entre las plataformas digitales y quienes prestan servicios a través de ellas. En su Título XII establece un marco específico para estos trabajadores, reconociendo una modalidad de empleo que creció de manera exponencial en los últimos años y que, hasta ahora, operaba en un vacío normativo a nivel municipal.
El proyecto en el HCD
El texto parte de un diagnóstico: «las plataformas digitales de servicios, tales como Uber, PedidosYa y otras, constituyen una herramienta que favorece la generación de empleo y autoempleo en contextos económicos complejos» y que «estas nuevas modalidades laborales permiten a los vecinos acceder a fuentes de ingreso con mayor flexibilidad, autonomía y libertad de organización.»
Sin trabas para los trabajadores
Uno de los puntos más destacados del texto es el límite que le impone al propio Estado municipal. El proyecto faculta al Departamento Ejecutivo a reglamentar la ordenanza, pero con una restricción explícita. Los fundamentos son contundentes: «el Estado no debe obstaculizar el desarrollo de nuevas actividades económicas, sino acompañarlas con marcos normativos claros, previsibles y no restrictivos» y que «la libre competencia resulta un principio fundamental para mejorar la calidad de los servicios, promover la innovación y beneficiar a los usuarios.»
El bloque considera «oportuno que el Municipio de Olavarría adhiera a la normativa nacional vigente, evitando superposiciones regulatorias y promoviendo condiciones equitativas», dejando en manos del Ejecutivo «establecer, en caso de considerarlo necesario, los aspectos operativos para la implementación» de la norma.
