Veto de Galli a la eximición de Seguridad e Higiene: “Ojalá que se pueda revertir el veto o entender porque se tomó está decisión”

Comunicado completo de la Unión Industrial de Olavarría

El 26 de agosto pasado, el Concejo Deliberante aprobó dos ordenanzas, una que auxiliaba a los comercios y Pymes castigados durante la pandemia y, la otra que favorecía la transparencia en el proceso de licitaciones municipales. Pero, en contradicción con los intereses de los ciudadanos de Olavarría, el ejecutivo vetó, sorprendentemente, ambas disposiciones.

Una de ellas proponía la exención del 50% en la Tasa de Inspección y Seguridad e Higienepara contribuyentes cuya facturación fuera menor a 36 millones de pesos anuales. Sector duramente castigado el último año y medio y, para el cual, este beneficio no sólo significaba un alivio económico, sino también una muestra de apoyo del estado municipal.

Frente a esta decisión el intendente argumentó que la promulgación del reglamento representaría «forzosamente una modificación de los ingresos calculados en el presupuesto vigente». Al mismo tiempo, manifestó que dicha legislación «conlleva a la vulneración del principio de estabilidad presupuestaria».

De acuerdo a la información analizada por la UIO (Unión Industrial de Olavarría) las cifras muestran que la recaudación de la Tasa de Inspección y Seguridad e Higiene correspondiente al período enero/agosto 2020 fue de $203.164.000 y la que pertenece a la misma etapa del 2021, asciende a $342.898.000, marcando un incremento del 68.78% en los ingresos municipales, siendo la inflación real de dicho momento del 51.4%. Por lo tanto, el excedente de la recaudación, en los primeros 8 meses del año, es de $59.595.700.

De este modo, los números nos demuestran que el estado municipal -durante el último periodo- no ha tenido problemas en sus ingresos y –al mismo tiempo-  denotan la falta de respaldo a las pequeñas y medianas empresas que generan trabajo y dan impulso a nuestra ciudad, y nos es difícil entender el porqué de este veto a una acción que demostraría el apoyo al sector que sostiene el presupuesto municipal olavarriense.

Por otra parte, la segunda normativa promulgaba la creación de un organismo de control de las concesiones y licitaciones municipales, reglamento que lo hubiera beneficiado aportando transparencia a la gestión, pero también fue frenada.

Desde la UIO sostenemos que es necesario analizar los contratos y las licitaciones en el Consejo Deliberante, en el cual los diferentes bloques puedan evaluar y debatir cada una de las propuestas. De esta forma se aseguraría que las premisas por las que viene trabajando el sector industrial estén protegidas, tales como la generación de mano de obra olavarriense, la compra de productos y la contratación de servicios locales.