Salud Mental: En Provincia de Buenos Aires más de 12 mil personas están privadas de su libertad
Lo sostiene un apartado del Informe de la Comisión Provincial por la Memoria refiere a la situación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657.
La Comisión por la Memoria elabora año a año un extenso informe sobre distintos aspectos que hacen a la situación de las personas en contexto de encierro. En el último de los informes existe un apartado denominado “Salud mental y encierro”
En el mismo se indica que “ley 26657 de salud mental, fue un gran avance en el reconocimiento de derechos de las personas con padecimiento mental y un notable cambio de paradigma.” Aunque de inmediato se hacen observaciones respecto a la situación de la Provincia de Buenos Aires. “No es mucho lo que puede consignarse como avance. Hay más de 12.700 personas adultas privadas de libertad por razones de salud mental que se encuentran bajo proceso o seguimiento judicial.”
Aclaran que “la mitad está alojada en instituciones públicas.”
En las distintas inspecciones realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria “se ha podido constatar la sistemática vulneración de derechos elementales de los usuarios del sistema privados de libertad. Sigue prevaleciendo el modelo médico hegemónico que la ley modificó: el loco como sujeto despojado de derechos que debe mantenerse al margen de la sociedad.”
El informe denuncia “torturas y maltrato, alimentación escasa, carencia de espacios y actividades recreativas, deficiente atención sanitaria, aislamiento extremo, y permanente control a través de la prescripción y administración de psicofármacos como única estrategia tratamental.”
Sostienen además que “aún hoy el sistema de salud no cuenta con recursos necesarios por fuera del manicomio: las externaciones son altamente improbables o se realizan sin ninguna garantía de éxito.”
Rematan finalmente que “sigue sin plantearse un abordaje de las adicciones tal como lo regula el nuevo marco legal, como una problemática de salud mental, y se lo encuadra en la persecución del delito. Por lo tanto, prevalece como paradigma imperante la criminalización del adicto y es una causa más para el reclutamiento de personas
para el sistema penal por parte de las agencias policiales, con la consiguiente negación del acceso a derechos.”
Parrafo aparte sostienen que “la desfederalización de la ley de estupefacientes profundizó la criminalización de los consumidores o los dedicados al narcomenudeo que poblaron crecientemente las cárceles provinciales, e implicó menos esfuerzo en la persecución de las redes del narcotráfico.”
