Señales de advertencia

Argentina avanza hacia el etiquetado de alimentos con valores nutricionales críticos.


Leer las etiquetas de los paquetes de alimentos puede ser algo engorroso. Quien desconoce que los ingredientes aparecen en orden decreciente de composición (es decir, si la lista abre con la palabra harina, estará presente en mayor cantidad) o no sabe muy bien que el aditivo E904 para otorgar brillo o color a determinados alimentos proviene de deposiciones de insectos, debe confiar en que lo que toma de la góndola y está regulado por el Código Alimentario Argentino, no afectará su salud.


Pero la cada vez mayor industrialización alimentaria, la necesidad (y el negocio) de conservar productos por mayor cantidad de tiempo sin sufrir alteraciones en sus propiedades, ha provocado un nivel de procesado altísimo. Para contrarrestar el efecto negativo a largo plazo que los aditivos tienen sobre la salud, se presentó la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos que tuvo media sanción en el Senado, y que busca promover una alimentación saludable a través de campañas, y de la estampa de sellos negros que advierten sobre la presencia de altas cantidades de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.


Son diversas las estrategias que cada país adopta para abordar el tema desde una óptica de salud pública. Ecuador, por ejemplo, implementó una especie de semáforo nutricional que marca en rojo los excesos y en amarillo las cantidades moderadas. El modelo que se propuso en Argentina es similar al que rige en México y Chile, y para el docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, Doctor en Ciencia de los Alimentos, Guillermo Manrique, es “un sistema muy básico”.

Al respecto, recordó que en 2006 se estableció la obligatoriedad del rotulado nutricional de alimentos envasados, para ampliar la posibilidad de exportación a países con esa norma ya instalada, pero también para informar a las y los consumidores sobre aspectos relacionados con la composición del alimento y niveles de ingesta por porción de cada uno de los principales nutrientes. Expresar los niveles de carbohidratos asimilables, grasas totales, grasas saturadas, proteínas, fibra alimentaria, sodio y valor calórico ya es obligatorio. “La nueva ley propone discriminar además la cantidad de azúcares (parte de los carbohidratos asimilables), dejando en segundo plano a los contenidos de almidón, los que son muy altos en productos elaborados con harinas refinadas, y cuyo consumo en exceso puede también acarrear algunas de las patologías cuya incidencia se pretende disminuir con este tipo de etiquetado. Entonces ¿no habrá que reforzar además otros aspectos, como la concientización sobre los efectos en la salud de los diferentes componentes de un alimento, inclusive de los omitidos aditivos, de los que poco se habla?”, se pregunta el investigador.

Argumentos livianos

Manrique repasó alguno de los argumentos que se han esgrimido para impulsar la Ley de Etiquetado Frontal, como por ejemplo el que sostiene que con el sello se orientará a consumidores en la compra de opciones de alimentos más saludables. “Esto no es necesariamente así. Si solo se destacan los aspectos negativos del alimento, podemos estar castigando en el mismo grado a dos alimentos que por diferencias composicionales, puedan ejercer un efecto diferente”, y ejemplificó con un escenario donde galletitas de paquete y un envase de jugo natural 100% exprimido y sin conservantes, podrán ser rotulados como altos en azúcares. “El jugo natural aporta cantidades significativas superiores de fibras solubles y vitaminas respecto del otro”, sostuvo. En este sentido, destacó el sistema “Nutri Score” adoptado por países de la Comunidad Económica Europea como el más adecuado ya “que permite una evaluación notoriamente integral de la calidad nutricional de un alimento y cuya eficacia ha sido ampliamente documentada en estudios epidemiológicos”.

Otra de las manifestaciones a favor de las estampas negras, sostiene que permite modificar las decisiones de compra independientemente del nivel socioeconómico y educativo. Pero “normalmente los alimentos con mayor cantidad de azúcar agregado, harinas refinadas y grasas industrializadas son más económicos”, entonces allí el factor económico inclina la balanza.

Ante el argumento de que este sistema requeriría de un menor esfuerzo cognitivo y menos tiempo para tomar decisiones de compra, el docente de la FIO destacó algunas líneas de discusión. La más interesante es la de no subestimar el poder de consumidores interesados en lo que consumen, que “frente a un nuevo producto, ni le falta ni escatimaría esfuerzo cognitivo ni tiempo para decidir su compra”.

Pero para que la información juegue un rol, primero hay que tenerla. “La concientización contribuiría sin lugar a dudas a tomar mejores decisiones en la alimentación. Eso es algo que se logra con difusión, y debe comenzarse a trabajar desde una edad temprana, desde la familia, los establecimientos educativos y mediante campañas organizadas sistemáticamente por organismos con injerencia en salud pública”, opinó.


La publicidad también colaboraría en una mayor conciencia de los alimentos que se consumen. Guillermo Manrique consideró que esta acción podría generar más impacto a mediano plazo que los octógonos negros, y recordó el caso de la prohibición de la publicidad de cigarrillos, que vendían un estilo de vida asociado al consumo de este producto nocivo: “Tuvo repercusiones sobre todo en las nuevas generaciones”, dijo, y opinó que “trabajar para atrás cuesta mucho, pero trabajar con los que vienen va a ser más productivo a futuro. El artículo 7 que actúa en este sentido, es uno de los más interesantes porque limita el estímulo de alimentos con niveles controversiales”.

Por último, propuso que las voluntades políticas se vuelquen hacia la incorporación de profesionales en alimentos particularmente formados para debatir y confeccionar las normas en este campo, inclusive las controversiales relacionadas con el uso de aditivos. En nuestro país, en los últimos años ha crecido enormemente el plantel de profesionales especializados en alimentos, por lo que existe una alta capacidad técnica y científica que debería contribuir al debate de  temas que relacionen alimentación y salud pública, destacó el docente de la Licenciatura en Alimentos. Por último, se expresó a favor de generar mercados y espacios donde los productores de la zona coincidan bajo una estructura comprometida y sólida hacia una salud integral, que aborde la sustentabilidad y la biodiversidad. Sin dudas, los debates que abre la iniciativa son múltiples y son para seguir enriqueciéndolos, luego de aprobada la ley.

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