Servicio Penitenciario: Duro diagnostico de la Defensoría del Pueblo
“El sistema penitenciario es una fuente de inseguridad ciudadana”, afirmó el Defensor Adjunto en DDHH y Salud, Marcelo Honores, y consideró que “la población, lejos de verse protegida, se ve amenazada por la incapacidad del Estado de ejercer esta función”.
“Es necesario abordar la cuestión carcelaria con seriedad, mostrar que lo hecho hasta aquí no hace más que menoscabar a toda la población, ya no sólo a los internos, a sus familiares y al personal penitenciario, sino a la sociedad en su conjunto que se ve perjudicada por las condiciones de egreso”, amplió.
Honores expuso su punto de vista en la reunión plenaria de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, que deliberó en las últimas horas en Sierra de los Padres, en el marco de la mesa “El colapso del sistema carcelario bonaerense: diagnóstico y posibles líneas de acción”, que compartió con Ricardo Maidana (Juez del tribunal de Casación Penal) y el periodista especializado en temas judiciales, Sergio Farella (agencia Noticias Argentina y TN).
“Si el egreso es un problema, entonces el ingreso no puede ser una solución. Queda claro que la población en su conjunto, lejos de verse protegida, se ve amenazada por la incapacidad que el Estado ha demostrado a lo largo de estos años de ejercer esta función pública, una de las pocas que no ha delegado, y que llega al extremo de ser garante del derecho en la teoría, pero en la práctica, es el principal obstáculo para su disfrute”, explicó Honores.
En esa línea, subrayó que “así como se llegó a este esquema, de la mano de discursos vacíos relativos a la búsqueda de seguridad, debemos salir de él abordando esa misma seguridad, pero esta vez de manera seria”. “No alcanza con demostrar el grado de deshumanización que actualmente enfrenta el sistema, es necesario que enfoquemos que este mecanismo es una fuente constante de inseguridad ciudadana”, sentenció.
Consideró que “solo cuando Argentina y la provincia de Buenos Aires den señales reales de dispensar un mejor trato a las personas privadas de la libertad, se estará en condiciones de señalar que la democracia ha mejorado y que el estado de derecho ha dado el paso que vergonzosamente aún encuentra pendiente”.
Sobre ese punto, Honores reclamó que “esta no puede ser sólo una preocupación de la Defensoría del Pueblo, debe ser de todas las personas, y principalmente de aquéllas que se encuentran comprometidas con la justicia”.
Y concluyó que “debemos al menos sentir incomodidad. Es eso lo menos que nos corresponde. Porque somos todos nosotros una parte esencial de una cadena de responsabilidades y si esa incomodidad nos ha llegado, entonces estaremos más cerca del cambio que decimos perseguir”.
